Mabel Sarmiento e Ivahnova González.
En un contexto de violación sistemática de los derechos humanos[1], y una crisis humanitaria sin precedentes[2], el ejercicio del periodismo, la publicación y difusión de información, representa un riesgo para los periodistas que denuncian las condiciones de deterioro generalizado y la pérdida de libertades democráticas en Venezuela.
Luego del proceso electoral del 28 de julio del 2024, y en medio de unos resultados cuestionados, la cobertura mediática se vio afectada. Hasta el 29 de agosto registramos 130 casos de violaciones a la libertad de expresión, que incluyeron censura, intimidación, hostigamiento, anulación de pasaportes así como la detención y deportación de corresponsales internacionales[3].
Para los días y semanas siguientes, la situación de los medios de comunicación y los periodistas, siguió deteriorándose en medio de un clima lleno de fuerte tensión política, debido a la falta de transparencia en los resultados y la exigencia ciudadana de ver las actas electorales.
El endurecimiento de la represión obligó a los periodistas a cambiar sus rutinas, suspender parcialmente labores, o incluso renunciar a sus trabajos y cambiar de oficio[4]. El aparato estatal condicionó la cobertura libre, haciéndola aún más riesgosa y calificando el trabajo informativo como “incitación al odio”.
Recabamos testimonios de reporteros/as, periodistas y trabajadores de la prensa que realizaron la cobertura sobre las protestas postelectorales, el apagón vivido en Nueva Esparta en el mes de noviembre, así como la desaparición y muerte del activista y locutor Edwin Santos.
Tras las elecciones, se fortalecieron prácticas restrictivas en contra del ejercicio periodístico, así como un patrón preexistente de abusos cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado y grupos de civiles armados, lo que afectó el derecho al acceso a la información, la libertad e integridad personal, el debido proceso y la libertad de movimiento.
Coberturas de alto riesgo
Protestas postelectorales
Las dificultades para acceder a la información oficial, la opacidad, la criminalización del ejercicio periodístico desde sectores oficialistas, la limitación del flujo de contenidos en distintos medios de comunicación y redes sociales, la censura de contenidos de alto interés público, marcos regulatorios ampliamente punitivos, no son las únicas formas que atentan contra la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada.
La violencia física también representa un factor de alto riesgo. Luego del 28 de julio, las condiciones para el ejercicio periodístico se transformaron ante el avance de prácticas más violentas, como la masificación de las amenazas y el incremento de detenciones arbitrarias con encarcelaciones de mayor tiempo[5].
El 29 de julio inició una ola de protestas masivas en contra de los resultados electorales oficialistas. Miembros y efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, actuando en coordinación con los civiles armados partidarios al gobierno, reprimieron a la ciudadanía[6] y a periodistas que documentaban los hechos.
Registramos un total de 49 detenciones, entre el 28 de julio y el 31 de agosto, en represalia al derecho a expresarse y mantenerse informado, 42,8 % fueron periodistas o trabajadores de la prensa, fotógrafos, camarógrafos y comunicadores de medios nacionales y corresponsales internacionales.
Tal es el caso de Paúl León, originario del estado Trujillo, de 28 años. León, vinculado principalmente a la fuente deportiva, salió el 30 de julio a la calle para cubrir una protesta[7]. Ese día, el comunicador que realizaba labores de cobertura para el canal VPITv, en la avenida Bolívar de Valera, observó cómo dos de sus compañeros periodistas que estaban cerca, decidieron irse al ver que un comando de 10 motorizados de la Policía Nacional Bolivariana se acercaba.
León permaneció en el lugar cumpliendo con sus funciones de cobertura. Sin embargo, fue detenido por los funcionarios de manera arbitrariaque lo montaron en una moto y lo trasladaron a un centro de detención en la ciudad de Valera, estado Trujillo, donde permaneció incomunicado y se le negó el derecho legítimo a la defensa privada.
Días más tarde, el 5 de agosto, León fue presentado en un tribunal con competencia en materia de terrorismo, y fue imputado por los cargos de terrorismo e incitación al odio y trasladado al penal de Tocuyito, en Valencia.
Poco tiempo después, la familia de Paúl, se enteró que fue trasladado a otro centro de detención en Valera[8]. Casi cinco meses después León fue excarcelado. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el 24 de diciembre[9].
Otro ejemplo del incremento en los riesgos del ejercicio del periodismo en Venezuela luego del 28 de julio, fue ladetención arbitrariade la reportera gráfica Deysi Peña, quien hizo cobertura en el municipio Carrizal del estado Miranda. Peña fue detenida el 3 de agosto por efectivos de la Policía de Miranda, pertenecientes a la Dirección del Servicio de Investigación Penal. Los funcionarios de seguridad revisaron su teléfono y encontraron material fotográfico referente a las protestas poselectorales.
Sus familiares se enteraron de su detención seis horas después de su arresto. La reportera gráfica, estuvo detenida en la División de Inteligencia Penal (DIP) en el sector de Quebrada Honda. Horas más tarde, el domingo 4 de agosto, fue trasladada a la Fiscalía para ser presentada. Sin embargo, su expediente fue diferido al tribunal 204-24 con competencia en la ciudad de Caracas[10]. A Peña se le realizó una audiencia preliminar el 22 de octubre, en la que el Ministerio Público le imputó los cargos de terrorismo, incitación al odio y obstrucción de la vía pública.
El Tribunal 2 de Control con competencia enTerrorismo ordenó el pase a juicio de la reportera gráfica quien se encontraba detenida en una cárcel en Ocumare del Tuy, en el estado Miranda. Peña tuvo complicaciones de salud debido a padecimientos preexistentes que empeoraron por las precarias condiciones sanitarias y estructurales del sitio donde fue recluida. En consecuencia, tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro de salud.
La reportera nunca pudo ver a sus familiares estando en prisión, lo que incluyó a sus hijos infantes. Su hija mayor, de 17 años de edad, relató que le dijo a sus hermanitos que “mamá se fue de viaje, que su teléfono cayó en un tobo de agua y se dañó, que llamaría en cualquier momento”[11]. La reportera fue excarcelada la noche del 11 de diciembre de 2024.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, condenó la represión en Venezuela e hizo un llamado a la comunidad internacional a repudiar este tipo de acciones que criminalizan el ejercicio de la libertad de expresión. La organización señaló que evidenció un “patrón de graves violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales”, al observar a personas detenidas que estuvieron sin comunicación con sus familiares y abogados, tuvieron prohibición de visitas, y negación de defensa privada[12].
Los tratos crueles e inhumanos son consideradas violaciones graves a los derechos fundamentales de las personas. Luego de las detenciones arbitrarias en el contexto post electoral, los testimonios revelaron prácticas de malos tratos y torturas blandas, como incomunicación, negación de la defensa privada, privación de comida y bebida, hacinamiento, o falta de aseo y agua potable.
Los testimonios evidencian que los malos tratos son parte de una política sistemática dentro de los centros de detención. Prácticas ilegales, cuya prohibición se encuentra tipificada en el artículo 46 de la Constitución:
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, en consecuencia:
- Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
- Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley.
Los Estados deben adoptar medidas eficaces para impedir los tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia las personas privadas de libertad, el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe períodos prolongados de detención sin comunicación o sin medios y recursos legales para hacer valer los derechos de la persona detenida[13].
La represión hacia las/os trabajadores de los medios constituye una violación de la libertad de informar, de acuerdo a los estándares establecidos por los marcos regulatorios, lo cual se agrava en momentos de alta conflictividad, cuando se deben priorizar especialmente las garantías a las libertades básicas por aumentar los riesgos a la integridad y dignidad personal.
Nueva Esparta apagada
“El gobierno, aprovechándose de la explosión del Centro de Procesamiento de GAS de Monagas, realizó una serie de pruebas para conocer sobre el comportamiento de los medios de comunicación independientes del oriente del país y sus capacidades para solventar coyunturas específicas: falta de energía, caída de los sistemas comunicacionales, fibra óptica, Internet, proveedores, etc. De esta forma podían medir la posibilidad de hacer un blackout informativo total”.
Esa es una de las reflexiones que hace uno de los periodistas residenciado en Margarita, a más de dos meses del incendio del Complejo Operativo Muscar, ocurrido el 11 de noviembre en el estado Monagas, noreste de Venezuela, que cortó el suministro de gas a las dos plantas termoeléctricas que suministran electricidad a la Isla de Margarita, región insular del país.
Tras el incendio, ocurrieron prolongados cortes eléctricos que impidieron el ejercicio de múltiples derechos humanos, en especial el de comunicarse de manera óptima, o buscar y recibir información oportuna en medio de la coyuntura.
Periodistas de la región, bajo anonimato por temor a represalias, afirmaron que los primeros cortes eléctricos comenzaron el martes 12 de noviembre, un día después de la explosión[14]. Además de la alteración en la rutina diaria, los residentes sufrieron también la falta de información oficial precisa. No se difundió información sobre los cortes, sobre el cronograma de administración de carga (como se denomina ahora el racionamiento eléctrico), o noticias sobre el avance de los trabajos para restablecer el suministro.
Entre 2021 y 2023, Nueva Esparta pasó de tener 30 a 21 medios de comunicación, 12 de ellos emisoras radiales, 8 plataformas digitales y una televisora por cable[15]. La mayoría de los medios que dejaron de funcionar eran emisoras radiales.
Hay una opacidad total de la información, no hubo ninguna voceríay no teníamos cómo informar. Traté de hacer un contacto telefónico con un canal regional y me dijeron que si no tengo una fuente oficial o cómo ‘sustentar’ lo que estábamos viviendo, no podía salir nada, dijo otro periodista bajo anonimato[16].
El sábado 16, cinco días después del inicio de la emergencia eléctrica, periodistas y medios de comunicación fueron convocados a unarueda de prensacon el ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, quien hasta hace pocos meses fue responsable de cientos de cierres arbitrarios de medios de comunicación bajo su dirección general en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
Según informó una fuente, que solicitó mantener su identidad bajo reserva, el ministro llegó después del proceso de registro y toma de fotografías a los/as periodistas convocados.
La fuente afirma que, una vez inició la rueda de prensa, el ministro fue insistente en que los medios debían decir en sus notas que la falla eléctrica era culpa de la opositora María Corina Machado “y sus comanditos”.
“Empezó con una pregunta: ¿y aquí cuándo se va la luz? Una periodista le dijo en caso de una eventualidad, pero él respondió: aquí no suceden eventualidades, aquí no se va la luz. Todos quedamos estupefactos, en silencio, no se volvió a preguntar. En la rueda de prensa estaban los cuerpos de seguridad. El Presidente de Fedecámaras, fue el único que se atrevió a mencionar el tema porque hace aproximadamente 13 años sucedió un evento similar y no se hizo absolutamente nada”, contó otro comunicador.
Para el 26 de noviembre, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Nueva Esparta, difundió un comunicado sobre el impacto que la contingencia eléctrica tuvo en la labor informativa. En el escrito, el cuerpo colegiado mostró preocupación por el alance del plan de administración de carga y alertó que la producción periodística mermó y con ello la posibilidad de la población de estar oportunamente informada[17].
Las emisoras radiales registraron prolongados cortes de electricidad. Los horarios de programas periodísticos coincidieron con cortes en las emisoras. “De las televisoras locales, una debió mantener una parrilla con material pregrabado, y la otra se mantuvo fuera del aire”, detalló el Colegio.
Respecto a la vocería oficial, el gremio confirmó que estuvo limitada, y las informaciones aportadas por autoridades regionales no permitieron dar exactitud informativa a la población. También denunciaron acusaciones infundadas en contra de comunicadores por el supuesto interés de no querer informar.
Luego del 11 de noviembre, el observatorio de internet VE sin Filtro, informó sobre cuatro grandes caídas de conectividad en Nueva Esparta. Las fallas comenzaron desde el 12 de noviembre. Los usuarios reportaron que pasaron hasta más de 20 horas sin electricidad. Desde el inicio de la primera caída, la conectividad estuvo por debajo del 80 % de sus valores normales por más de 155 horas en total, explicó el observatorio en su cuenta de X[18].
·A los periodistas y trabajadores de los medios les pedían que se ubicaran en sitios con energía eléctrica. Algunos servidores están fuera del país y eso facilitó la operatividad de las páginas informativas digitales. También trabajaron en sitios como clínicas y hospitales que tenían energía”.
Hacer periodismo con estas limitantes, a las que se suman la censura, el hostigamiento, las amenazas por parte de las autoridades locales y la violencia en línea, es particularmente difícil y supone desafíos, que pasan no solo por garantizar la integridad física y mental de quien informa, sino además la lucha constante para preservar la información, las noticias, la documentación de estos hechos y la seguridad de las fuentes.
“Los periodistas que trabajamos en la calle salíamos en grupos para hacer los recorridos. Evitamos estar solos y que nos tomaran de sorpresa. Aún se redactan o editan las notas evitando palabras claves, de forma tal que puedan sobrevivir a la censura. No cerraron medios en la región, pero todos estamos vigilados y hay una especie de espada de Damocles que pende sobre los que hemos logrado sortear a través de la resilienciay la empatía con los agentes oficiales que permiten trabajar hasta una línea que no se puede pisar, de allí las fórmulas de redacción para evitarlo”, comentó un periodista en febrero de 2025.
En Nueva Esparta, desde noviembre se notó una merma en la cobertura periodística, según relatan comunicadores en ejercicio. El evento electoral del 28 de julio de 2024, significó un punto de inflexión en cuanto a la ocurrencia de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Desde el 28 de julio al 31 de agosto registramos 128 casos, que constituyeron 215 denuncias de violaciones a la libre expresión.
Durante este lapso se evidenció un incremento de la aplicación de la inconstitucional ley contra el odio[19] o delitos asociados, que se usaron para criminalizar el derecho a la protesta pacífica, la actividad político partidista y la labor de los trabajadores de los medios de comunicación. Esto ha dejado claro un mensaje intimidatorio, que fomenta la censura y autocensura también entre la población, quienes reciben, buscan y comparten contenidos de interés público.
Desaparición y muerte de Edwin Santos
“Es un hecho conocido y público que a Edwin se lo llevaron vivo y estaba incomunicado”. Así lo informó su familia, que había denunciado su desaparición el día 23 de octubre de 2024.
El viernes 25 de octubre apareció el cuerpo de Edwin en el puente El Nulita, que comunica a los estados Táchira y Apure. Según testimonios de lugareños, es el mismo paso sobre el que Santos denunció, en varias oportunidades, las malas condiciones de la infraestructura y cómo esto afectaba la movilidad de la comunidad.
El párroco Rosales, en su momento, expresó que Santos era un hombre activo en la comunidad eclesial y participaba de manera regular en las actividades de la iglesia local. “Es un hombre de bien, un hombre de paz, un ciudadano ejemplar”, dijo el párroco tras confirmarse el fallecimiento. De igual forma, recordó que cada año organizaba los festejos de Navidad y participaba activamente en las celebraciones de fin de año[20].
Testigos relataron al párroco de la iglesia San Camilo de Apure, Gerardo Rosales, que funcionarios de seguridad lo detuvieron. El sacerdote pidió en un video divulgado que se respetaran los derechos humanos y la vida de quien hacía vida activa en la iglesia[21].
Ese mismo día, el partido opositor Voluntad Popular (VP) calificó como asesinato la situación de su cofundador y dirigente en Apure, Edwin Santos. En un comunicado[22], la organización señaló que el activista fue “asesinado luego dehaber sido secuestradopor miembros de los organismos de seguridad del Estado”, un “hecho confirmado por testigos de la zona” donde se encontraba.
VP aseguró que, hasta la tarde del jueves, Santos estaba en “la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Guasdualito”[23], una localidad cercana a la frontera con Colombia.
En respuesta, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Venezuela, Douglas Rico, aseguró que Edwin Santos falleció en un accidente de tránsito, por lo que descartó que haya sido asesinado como denunció el partido.
A través de una publicación en Instagram[24], Rico indicó que el cuerpo de Santos fue hallado en una carretera principal, junto a una motocicleta, “sin signos vitales producto de un accidente de tránsito tras impactar la moto que conducía contra un árbol”.
Dijo que luego de localizar el cuerpo de Santos, funcionarios del Cicpc mantuvieron una entrevista con los familiares, “quienes lo identifican y manifiestan que él mismo laboraba en la localidad de El Nula (Apure) y residía en la población de El Piñal (Táchira), haciendo mención que desconocían su paradero desde el día miércoles, 23 de octubre”.
Santos, de acuerdo a quienes lo conocieron, dedicó su vida a la política entre El Nula y El Piñal, en Táchira. También fue locutor, en su programa y sus redes sociales denunciaba las situaciones con servicios públicos en su comunidad. De hecho, el 10 de octubre de 2024 publicó un video[25] en TikTok en el que denuncia las condiciones del puente Nulita, que estaba cerrado tras colapsar por lluvias meses atrás.
Igualmente, Santos se desempeñó como coordinador parroquial del Comando con Venezuela y fue una de las personas que se encargó de resguardar las actas electorales del 28 de julio, tras los comicios presidenciales.
La CIDH condenó el presunto asesinato de Santos en el estado Táchira. Recordó que el activista estuvo desaparecido desde el 23 de octubre, “en el contexto de represiónen contra de las voces disidentes en ese país”.
El organismo pidió que la investigación debía hacerse con diligencia, considerando la labor política de Edwin Santos “como posible móvil del crimen, así como juzgar y sancionar a las personas responsables”.
Sin embargo, el Gobierno amenazó con investigar a quienes denunciaran esta desaparición y muerte. El 30 de octubre de 2024, el Ministro de Relaciones Interiores en el programa televisivo Con el mazo dando dijo:
“Van a ser citados al CICPC los que dijeron que hay testigos (del asesinato), van a tener que llevar a los testigos para que no se cree que aquí perseguimos, yo sé de varias organizaciones y ONG, los vamos a llamar a todos y tienen que presentar sus testigos, unos dicen que fue el Sebin, la Dgcim, la Policía Nacional, pónganse de acuerdo (…) si Provea dijo que tiene testigos, Provea tiene que buscar los testigos, no se tiene que esconder que son una ONG, ustedes cruzaron la raya, el 28 de julio pasaron la raya, aquí se acabó la mamadera de gallo”[26].
El hostigamiento y la amenaza estatal crea un ambiente de miedo y autocensura, donde las personas evitan expresar sus opiniones o denunciar irregularidades por temor a represalias. Esto limita el debate público, la diversidad de voces y la capacidad de la sociedad para informarse y tomar decisiones informadas.
El acceso a la información es fundamental para el ejercicio de otros derechos, como la libertad de expresión, el acceso a la justicia efectiva y la debida reparación en casos de graves violaciones. La familia de Edwin Santos tiene derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias en las que falleció; las autoridades deben llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial, garantizando que los autores materiales e intelectuales de este presunto crimen sean llevados ante la justicia.
Consideraciones finales
En 2024, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documentó restricciones severas al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. En particular, registró hechos de hostigamiento judicial, detenciones arbitrarias, restricciones de acceso a la información, cierre de medios de comunicación y señalamientos estigmatizantes por parte de altos funcionarios del gobierno contra aquellos que investigan y participan activamente en asuntos de interés público y político[27].
Ya en 2023, expertos de Naciones Unidas hacían referencia a los medios de comunicación y periodistas como blancos en este esquema de represión, con la imposición de sanciones y clausuras impuestas a medios de comunicación. “2022 marcó un récord de cierre de emisoras de radio en todo el país”, indicó Patricia Tappatá, experta de la Misión Internacional Independientes de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. “Los medios no pueden llevar a cabo su labor informativa en libertad cuando existe una amenaza constante de represalias”, dijo la representante.
El ejercicio del periodismo libre y sin restricciones, es un espacio cada vez más estrecho y vulnerado, alimentado por lacensura, el miedo y la opacidad, consecuencia de una política de Estado, abiertamente destinada a reducir la libre circulación de contenidos. Las constantes restricciones, limitaciones y agresiones en contra de los trabajadores de los medios de comunicación, no solo contribuyen a una pérdida de libertades y derechos de la ciudadanía, sino que fortalece la construcción de sociedades más injustas y corruptas.
El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos a través de su Comisión constató tras el 28 de julio, que en Venezuela se práctica el terrorismo de Estado como política gubernamental. Un patrón de detenciones arbitrarias y persecución por razones políticas que no es nuevo, sino que forma parte de una estrategia que castiga la oposición, la disidencia y la defensa de los derechos humanos[28]. En ese contexto, ejercer el periodismo es un riesgo mucho mayor, así como la demanda y la resistencia a diferentes niveles entre ciudadanos, activistas y comunidades organizadas que a pesar de todo, mantienen la voluntad de enfrentar los desafíos y sus consecuencias.
[1] Oficina del Alto Comisionado, 18 de marzo de 2025. La Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela dice que continúan la dura represión y los crímenes de lesa humanidad. Recuperado en: https://www.ohchr.org/es/press-releases/2025/03/venezuela-harsh-repression-and-crimes-against-humanity-ongoing-fact-finding
[2] En Venezuela, la inseguridad alimentaria está fuertemente correlacionada con la crisis de los medios de sustento. La hiperinflación, con una tasa anual cercana al 190% en 2023, y la dolarización informal de la economía venezolana debilitan aún más el poder adquisitivo de los hogares. Casi el 82% de los venezolanos vive en la pobreza en términos de nivel de ingresos, y el 53% está expuesto a la pobreza extrema, con ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos. La situación también se ve agravada por el precio del combustible y la falta de electricidad y agua potable. Declaración final de la misión Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación por Michael Fakhri. Visita a Venezuela, 1-14 de febrero de 2024. Recuperado en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/food/statements/20240214-eom-statement-venezuela-sr-food-sp.pdf
[3] Espacio Público, octubre de 2024. Persecución y censura: periodistas en las regiones. Recuperado en: https://espaciopublico.ong/persecucion-y-censura-periodistas-en-las-regiones/
[4] Espacio Público, noviembre de 2024. Represión y censura postelectoral en Venezuela. Recuperado en: https://espaciopublico.ong/represion-y-censura-postelectoral-en-venezuela/
[5] Ibidem
[6] Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, 29 de agosto de 2024. Informe Crisis poselectoral y de DDHH 2024 en Venezuela. Recuperado en: https://provea.org/wp-content/uploads/2024/09/Libro-Negro-Informe-DDHH-Vzla.pdf
[7] Espacio Público, octubre de 2024. Persecución y censura: periodistas en las regiones. Recuperado en: https://espaciopublico.ong/persecucion-y-censura-periodistas-en-las-regiones/
[8] El Estímulo, 4 de agosto de 2024. ¿Quién es Paul? La historia del periodista deportivo encarcelado por trabajar. Recuperado en: https://elestimulo.com/elecciones-2024/2024-08-04/quien-es-paul-periodista-deportivo-encarcelado/
[9] NTN24, 24 de diciembre de 2024. Excarcelado camarógrafo venezolano Paúl León, detenido cuando cubría las protestas poselectorales. Recuperado en: https://www.ntn24.com/noticias-judicial/excarcelado-camarografo-venezolano-paul-leon-detenido-cuando-cubria-las-protestas-poselectorales-530421
[10] Caracas Chronicles, 3 de septiembre de 2024. Hija de Deysi Peña: “Le dije a mis hermanitos que mi mamá está de viaje”. Recuperado en: https://www.caracaschronicles.com/2024/09/03/deysi-pena-didnt-go-on-a-business-trip/?lang=es
[11] Ibidem
[12] CIDH, 26 de diciembre de 2024. RELE condena la represión en Venezuela y llama a la comunidad internacional a rechazar las violaciones a la libertad de expresión. Recuperado en: https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/expresion/prensa/comunicados/2024/328.asp
[13] CEJIL, 2008. La tortura en el derecho internacional. Guía de jurisprudencia. Recuperado en: https://www.apt.ch/sites/default/files/publications/JurisprudenceGuideSpanish_0.pdf
[14] Espacio Público, 20 de noviembre de 2024. Más de una semana con cortes eléctricos mantienen incomunicado al estado Nueva Esparta. Recuperado en https://espaciopublico.ong/cortes-electricos-mantienen-incomunicado-a-estado-nueva-esparta/
[15] Espacio Público, Mapa de medios. Recuperado en: https://espaciopublico.ong/medios/
[16] Espacio Público, 20 de noviembre de 2024. Más de una semana con cortes eléctricos mantienen incomunicado al estado Nueva Esparta. Recuperado en https://espaciopublico.ong/cortes-electricos-mantienen-incomunicado-a-estado-nueva-esparta/
[17] Colegio Nacional de Periodistas. Seccional Nueva Esparta, 26 de noviembre de 2024. Comunicado. Recuperado en https://www.instagram.com/p/DC1t1udR8L5/?igsh=bndxdmV4NThrMTN
[18] Ve Sin Filtro, 20 de noviembre de 2024. https://x.com/vesinfiltro/status/1877529312485847393
[19] Espacio Público, mayo de 2021. A tres años de la “ley contra el odio”. Recuperado en: https://espaciopublico.ong/a-tres-anos-de-la-ley-contra-el-odio/
[20] Crónica.Uno, 25 de octubre de 2024. Edwin Santos: un apureño fiel a su comunidad y a la Iglesia Católica. Recuperado en: https://cronica.uno/hallan-cadaver-de-dirigente-edwin-santos-en-puente-de-apure/
[21] Provea en X, 24 de octubre de 2024. Recuperado en: https://x.com/_Provea/status/1849624764693741978?t=Ou-IjqXAcMutUNwyBI_uKg&s=08
[22] Voluntad Popular en X, 25 de octubre de 2024. Recuperado en: https://x.com/VoluntadPopular/status/1849876557801689591
[23] Ibidem.
[24] Douglas Rico en Instagram, 25 de octubre de 2024. Recuperado en: https://www.instagram.com/p/DBkQP6bt3oz/?utm_source=ig_embed&ig_rid=340b1443-3ea4-45f1-add2-b47ce8339cce
[25] Edwin Santos en TikTok (edwin.santos604). Recuperado en: https://www.tiktok.com/@edwin.santos604/video/7424140562304896261
Sergio Vergara en X, 25 de octubre de 2024. Recuperado en: https://x.com/SergioVergaraG/status/1849867574739337634
[26] Con El Mazo Dando – Programa 501 en YouTube, 30 de octubre de 2024. Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=E4kmje8OOT8&list=PLx6acQOKnQZiwMtdQ7Alg_MXxvd3kTcaN&index=28 Desde el 1:46:00. Extracto en: https://www.youtube.com/watch?v=lvCCP4ZbgBo
[27] CIDH, 16 de mayo de 2024. La RELE expresa preocupación por represión contra periodistas y deterioro del espacio cívico en Venezuela. Recuperado en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/expresion/prensa/comunicados/2024/106.asp
[28] CIDH, 15 de agosto de 2024. CIDH y RELE condenan prácticas de terrorismo de estado en Venezuela. Recuperado en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/184.asp&utm_content=country-ven&utm_term=class-mon
