Luego del proceso electoral presidencial del 28 de julio de 2024, y del conflicto que se generó por la falta de transparencia oficial, trabajadores de los medios de comunicación en varios estados del país son víctimas de detenciones arbitrarias, hostigamiento, persecución y de amenazas directas de gobernadores, alcaldes y de personas ligadas al partido de gobierno.
Tras conocerse los resultados electorales se desarrollaron protestas orgánicas de ciudadanos exigiendo transparencia, y se desataron hechos represivos que obedecen a una política estatal emanada del Poder Ejecutivo en funciones. Son expresión de una nueva ola represiva contra quienes son considerados “opositores políticos”, lo que incluye a periodistas y medios de comunicación que no responden a la línea editorial gubernamental.
Desde el 28 de julio, las y los periodistas en Venezuela vieron empeoradas sus condiciones para ejercer el oficio, al aumentar la hostilidad, en un clima de persecución e intimidación, marcado por detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones físicas, censura y restricciones al acceso a la información de interés público.
Hasta el 29 de agosto, registramos 130 casos vinculados con violaciones a la libertad de expresión desde el 28 de julio, día de la elección presidencial, entre ellos detenciones arbitrarias, ataques, hostigamientos físicos y verbales, bloqueos digitales y criminalizaciones de opiniones.
Hemos contabilizado 13 detenciones arbitrarias, la mayoría de estas se dieron en el marco de las protestas ocurridas luego del 28 de julio. Otros arrestos ocurrieron bajo presuntas órdenes de allanamiento, lo que da cuenta de un patrón de acoso hacia la labor periodística, propio de contextos represivos y como respuesta a la conflictividad social y política.
La represión del Estado ha obligado a los y las periodistas a abandonar sus trabajos y, en algunos casos, incluso el país. La situación continúa deteriorándose, con crecientes restricciones a la libertad de prensa y la intimidación constante a quienes se atreven a denunciar abusos de poder.
Medios bajo asedio
La persecución y la criminalización a periodistas empeora aún más el crítico panorama del ecosistema de medios en el ámbito nacional. Entre enero y abril de 2024 registramos el cierre de 13 emisoras radiales en estados del occidente y sur del país (Apure, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Portuguesa, Trujillo y Zulia) por órdenes de la Conatel.
Documentamos al menos 18 detenciones relacionadas al ejercicio de la libertad de expresión e información. Nueve se hicieron por supuestos delitos de odio. Los más afectados fueron la infociudadanía, personas usuarias de redes sociales y opinadoras expertas. De enero a julio de 2024 este año, hemos registrado llevamos un registro de 386 denuncias de violaciones a la libertad de expresión.
Lo observado luego de las elecciones del 28 de julio es un recrudecimiento de la criminalización al ejercicio del derecho de la libertad de expresión. Esta escalada de persecución trajo como resultado la autocensura en medios de comunicación y de las propias personas comunicadoras ante la ilegal revisión de equipos personales por funcionarios de seguridad pública sin órdenes judiciales, así como la detención arbitraria de personas por contenidos e información personal en sus equipos.
Esto implica violaciones de los artículos 44, 48, 57, 58 y 60 de la Constitución Nacional, que protegen la inviolabilidad de las comunicaciones y la privacidad, así como la libertad personal, de contenidos e información.
El silencio también se evidencia en medidas como sacar del aire programas radiales de trayectoria, como el del periodista Isnardo Bravo, quien informó el 27 de agosto en sus redes sociales que su espacio Isnardo Ni Tan Bravo salió del aire tras cinco años de transmisión en la Gran Caracas, a través de La Romántica 88.9 FM.
Estos casos documentados, demuestran que el ejercicio del periodismo y del derecho a la libre expresión, es vulnerado por el Estado de forma recurrente y forma parte de una política en la que confluyen cuerpos de seguridad, instituciones gubernamentales y en otros casos, atacantes informáticos, que utilizan la descalificación y la violencia de género para agredir a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
