A Emilio Medina 1, defensor de derechos humanos, se lo llevaron detenido el 2 de agosto de 2024. Desde ese día vivió una serie de vulneraciones a sus derechos humanos, entre esas, que estuvo varios días incomunicado y que nunca tuvo acceso a una defensa privada como lo consagra la ley.
Emilio, de 54 años de edad, se ha formado en la defensa de los DDHH y se ha dedicado con convicción a la exigibilidad de las garantías básicas y fundamentales para la ciudadanía. Conocer y manejar esas herramientas le sirvió para ayudarse y para hacer acompañamiento a varios detenidos en la celda.
Vive en una populosa parroquia de la ciudad de Caracas (norte) y siente que el encarcelamiento arbitrario marcó un antes y un después en su vida.
Sonríe fácil, sonrisa que acompaña el relato que hace con fluidez y exactitud. Recuerda todo lo que vivió y, a su vez, deja ver que son hechos que todo el mundo debe conocer para que no se repitan con ninguna otra persona.
Transcurría el viernes 2 de agosto, cuando funcionarios de seguridad llegaron pasado el mediodía a la vivienda de Emilio. Para la fecha, Venezuela apenas intentaba procesar el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los resultados de la elección presidencial, que dieron como ganador reelecto a Nicolás Maduro la noche del 28 de julio, sin auditorías y sin pruebas de las votaciones.
El lunes 29 el país se pronunció. Diversas manifestaciones se registraron en varios estados en rechazo a lo que informó el ente electoral. La mayoría de los votantes defendía otros resultados, respaldados por las actas de votación que emitían las máquinas y daban a Edmundo González como electo para el cargo de Presidente. Las protestas de calle derivaron en un aumento de la ola represiva por parte del gobierno venezolano, con cientos de detenciones arbitrarias. Además de amenazas y persecuciones hacia quienes exigían el respeto a las actas.
Funcionarios sin identificación en la puerta de su casa
Emilio fue detenido de forma arbitraria. Estaba preparando el almuerzo ese día. En su casa estaban él, una tía de 75 años de edad y una amiga quien tenía un bebé de apenas tres meses de edad. Cuando llegaron los uniformados, Emilio tenía cargado el niño. Esto no importó a los efectivos, todos vestidos con camuflaje y sin identificación. Calcula que eran cerca de doce distribuidos entre la puerta y las escaleras de su conjunto residencial.
Le pedían que saliera. Emilio les exigía que les mostraran una orden judicial, tal como lo establecen la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal, texto que reseñan la inviolabilidad del recinto doméstico. Ya en ese momento, sospechaba que se lo llevarían detenido. Ante los atropellos de los funcionarios, entregó el bebé a su madre y buscó su teléfono para hacer una transmisión en vivo sobre lo que ocurría. Los policías se abalanzaron contra él para tumbarle el celular, lo sacaron de su vivienda y los vecinos comenzaron a gritar.
El primer lugar de detención (pasó por seis) fue un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en la misma parroquia donde vive. Allí supo que su detención era una orden presidencial e intentaron obligarlo a grabar un video para que pidiera perdón al presidente y que dijera que él recibió 60 dólares por parte de María Corina Machado y Edmundo González para que “incendiara las calles” de su comunidad. Le prometieron que si lo grababa, lo dejarían en libertad.
Emilio se negó. Le insistieron. Dijo que si grababa era para decir que él es defensor de derechos humanos y que no acusaría falsamente a alguien ni levantaría un falso testimonio.
Los ánimos se caldearon. Le entregan su teléfono para que lo desbloqueara, pero Emilio les exigió una orden firmada por un tribunal para ello (como exige la ley) porque de lo contrario es una violación a sus derechos humanos.“Eso les molestó y comenzó el tono más fuerte, con mayor violencia psicológica para que desbloqueara mi teléfono”, narra.
Temía por su vida
El activista temía por su integridad física. Los funcionarios terminaron revisando su teléfono, pero no hallaron nada para incriminarlo.
Lo regresaron a la celda donde estaba otro joven, quien sí grabó el video a cambio de su libertad, pero seguía tras las rejas. Exigía que lo dejaran comunicarse con su familia para que supieran donde estaba. No se lo permitieron.
No pasaron ni 48 horas cuando desde ese comando se lo llevaron al Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Comenta que trabajó en este centro de detención hace varios años, por ende, sabe de primera mano lo que pasa allí dentro.
“He conocido a sobrevivientes de torturas, y lo único que pensé es que hasta aquí estoy vivo. No sentí miedo por mi integridad física, sino por mi vida. Si no me da un infarto por las torturas, igual me van a matar. Mi corazón no iba a aguantar tanto”, confiesa.
Emilio comentá que tanto a él como a otras personas los metieron a una celda y luego los llamaron para la respectiva reseña, pero cuando lo ponen en el lugar para la foto, los funcionarios pusieron en una mesa su teléfono y una cédula que no era la de él. Cuestionó el procedimiento, pero le dijeron que lo único que importaba era que apareciera un documento de identidad en la foto.
Lo regresaron a la celda. Le llevaron agua que también compartió con otros presos. En el Helicoide estuvo varias horas, llegó aproximadamente a las 2:30 p.m. y a las 8:00 p.m. se lo llevaron al DIEP de Maripérez.
“En esas circunstancias se te va el hambre y las ganas de ir al baño. Se te va todo”, dice.
En Maripérez le dijeron que podían recibir comida por parte de los familiares, pero sus allegados no sabían dónde estaba. Emilio seguía en situación de desaparición forzada.
En ese lugar fue increpado por otro uniformado quien le insistió que buscara un chat con un exalcalde. “Me dijeron que si quería salir, tenía que hablar cosas sobre Carlos Ocariz, María Corina Machado y Edmundo González”.
“En vista de que no pueden hacer que yo hable mal de él (Ocariz), me señalan una computadora que le dicen ‘la chupacabra’ y que se encarga de extraer toda la información que hay en mi teléfono. Todo lo que tengas ahí lo vamos a saber”.
No pasó mucho tiempo en ese sitio. Luego lo interrogaron sobre el dinero que recibía y dijo que su dinero era producto de su trabajo. Lo regresaron a la celda donde solo había una letrina, no tenía agua ni iluminación.
Al amanecer, pidió de nuevo que lo dejaran comunicarse con su familia. Una vez más ignoraron su petición. Luego lo llevaron a medicina forense para los exámenes médicos de rigor para, posteriormente, presentarlo ante tribunales de manera telemática. Sin acceso a una defensa de su confianza, a su expediente ni a comunicarse con sus familiares, en violación del derecho al debido proceso.
— ¿En qué pensabas?
— En mi familia. Que me llevarían a un centro de tortura clandestino. La mente se puso a maquinar.
— ¿Hubo un momento para la fe?
— No.
Emilio, un hombre expresivo, hizo un largo silencio.
En cambio pensó mucho en su papá, quien para ese entonces tenía 87 años, padecía artrosis y artritis. El señor falleció este año. Además, durante la conversación recordó a su madre, quien murió hace tres años, pérdida que aún no ha superado.
— ¿Tomaste medicinas ese tiempo?
— No teníamos acceso a nada. Me desprendí totalmente de mi salud porque sentí que mi vida estaba en manos de los funcionarios. Mi familia no sabía nada de mí. No tenía agua, alimentos, medicación. Nada.
En Maripérez, de nuevo, intentan obligarlo a firmar un documento, pero se negó porque no sabía de qué cargos lo acusaban ni le dejaron tener abogado privado para su defensa.
Al poco tiempo lo sacan –junto a otros detenidos– y lo llevaron para la sede de la PNB en la Zona 7, ubicada en Boleíta.
En este centro de detención, Emilio reafirmó de qué está hecho como persona: fortaleza y contención.
Conoció “el inframundo”
En Zona 7 estuvo en un espacio que llaman “el inframundo” que queda en el sótano, no tiene ventilación y por donde pasan las aguas servidas. “Ahí uno pierde el sentido del día y de la noche”.
La primera noche que estuvo en ese lugar recibió el apoyo de los compañeros de celda, quienes hicieron un espacio para que él se pudiera acostar en un banco de concreto, en vista de que no podía acostarse en el piso por el reumatismo que sufre y le afecta las coyunturas.
“Esa primera noche conté 32 personas en ese espacio. Ahí empezó lo que uno como defensor llama ‘la prisionalidad’ que significa la personalidad que uno debe adoptar dentro de la prisión”.
A Emilio se le quiebra la voz.
Ya era domingo 4 de agosto. Un funcionario le indicó que había celdas con comodidad en “el inframundo”. Eso le causó curiosidad y supo que una celda con opción a cama, baño, visitas, tenía un costo entre 100 y 500 dólares a la semana, pero si era una celda con mayores opciones (incluyendo celular) tenía un costo de 3.000 dólares mensuales.
“En ‘el inframundo’ no sabes a qué hueles hasta que sales de ahí. Los olores no son corporales, pero no se pueden describir. No es olor a muerto, no es a aguas negras, es una mezcla de todo. ¡Terrible!”, expresa.
Poco después un funcionario lo llevó a otro lugar dentro de Zona 7 y ahí pudo ver a su hermana, quien estuvo afuera desde la mañana porque ya sabía que él estaba ahí. “Me trajo comida, ropa, le pedí que luego me trajera sábanas. Pude comer y beber, aunque esas ganas se te pueden ir. Ahí te pisotean la dignidad por completo”.
Fue el día lunes 5 de agosto cuando pudo tomar una ducha. Les ponían el agua cada cuatro o cinco días.
De Zona 7 a Tocuyito
El martes 6 de agosto sacan a los detenidos para trasladarlos a otro lugar. Dos unidades de transporte los esperaban. Había familiares afuera, a quienes obligaron retirarse a unas dos cuadras. Cuando se los llevaron, Emilio pasó otra vez a una situación de desaparición forzada.
“Comienza otra vez el suplicio”, expresa. Supo que los trasladarían a Tocuyito cuando pasaron por el estado Aragua. El bus donde él iba llegó de noche, el otro, lo enrumbaron hacia Tocorón.
— ¿Qué pensaste en el trayecto?
— En por qué nos trasladaban si en el juicio de presentación el tribunal dictó que mi privativa de libertad sería en la PNB de Boleíta. Durante la presentación escuché que uno de los cargos era por ‘terrorismo’, pero no logré escuchar los demás.
Narra que la llegada a Tocuyito fue impactante por el despliegue policial que había en el lugar, incluso, con drones de alta tecnología.
“Nos hicieron ingresar a la parte que llaman ‘Hombre nuevo’ y nos llevaron a un patio para darnos unas charlas sobre cómo era el proceso allí. Nos dieron una arepa con queso y luego nos hicieron pasar a raparnos el cabello”.
Luego lo llevaron a una celda en la que estuvo encerrado durante dos semanas. Solo les permitieron salir para el servicio médico. En esa celda había baño con poceta, lavamanos y contaban con agua desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., pero el agua era turbia.
Al pasar una semana fue cuando les permitieron recibir la paquetería. Entre todos unían los insumos de higiene y los ponían en el baño. Se turnaban para lavar la ropa. Mientras que la comida la arrinconaban en un lugar de la celda. “Cada quien tenía su bolsa”, agrega y dice que apoyaban a los otros compañeros de celda con los alimentos si estos no tenían la visita familiar.
En Tocuyito, se le descontroló la tensión arterial, lo evaluaron cuatro médicos en distintas ocasiones, quienes determinaron que debía tener control de la tensión por lo menos dos veces al día.
Desde su traslado hasta el el 19 de septiembre fue que pudo ver a su hermana. La visita era cada dos semanas y, finalmente, también pudo hacer la llamada que tanto exigió luego de cumplir 608 horas de detención arbitraria.
La excarcelación
El primer lote de excarcelaciones ocurrió el 16 de noviembre de 2024. Ya finalizando el mes le pidieron a servicio médico una lista de las personas detenidas que presentaban patologías, los más graves, eran la prioridad.
“Me dijeron que me metieron en la lista porque era una bomba de tiempo y que si me daba un infarto no tenían los insumos para revivirme”, dice Emilio.
Llegó el 23 de diciembre. Un funcionario lo buscó para llevarlo a servicio médico. Ese día hubo un evento religioso con cantos, meriendas. En la mañana excarcelaron a varios y en la tarde llegaron unas setenta boletas con otro lote de excarcelaciones. Ahí estaba la de Emilio, pues un funcionario así se lo hizo saber.
Se acercaba la noche y seguía en Tocuyito. Daba por hecho que pasaría las Navidades en ese centro de detención. Sin embargo, empezaron a llamar a varios y lo nombraron. Pero salir del lugar no iba a ser tan fácil porque debía firmar una hoja que indicaba que siempre les respetaron sus derechos humanos, que no hubo malos tratos y que siempre tuvieron acceso a todos los servicios.
Se negó porque todo lo que decía ese documento no era cierto e iba en contra de sus principios como defensor de derechos humanos. No obstante, un funcionario lo convenció de que lo hiciera, porque de lo contrario el resto del grupo no sería excarcelado.
Posteriormente, a Emilio junto al grupo los montaron en una vans de color blanco y los dejaron a su suerte en las adyacencias del terminal de pasajeros Big Low Center, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Ya eran más de las 10:00 p.m. Algunos de los excarcelados no sabían en dónde estaban porque no conocían la zona. Él sí.
En el lugar había familiares de presos que estaban en ese lote. Una de esas personas conocía a la hermana de Emilio y la llamó para darle la buena nueva. Habló con su hermana y ella consiguió que un taxi regresara a su hermano a casa. Ya era 24 de diciembre cuando cruzó la puerta de su hogar.
Y sus vecinos también estuvieron para recibirlo. Amanecieron en su casa. En la noche hubo cena como se acostumbra en Venezuela con hallacas, pernil, ensalada, bebidas. Sus vecinos se encargaron de todo.
“El año anterior no celebramos la navidad por la ausencia de mi madre y le dije a mi familia que esta vez sí teníamos que celebrarla pero con mi papá y como le gustaba a mi mamá. La navidad era una época especial para mi mamá. Muy especial”.
Emilio cumplió un año desde que vivió el inicio de una injusta encarcelación que se extendió hasta final de 2024. Es un hombre que hasta el mismo día de su excarcelación ayudó al que lo necesitó en medio de una noche oscura decembrina. Un hombre que sigue defendiendo los derechos humanos y está convencido de que lo que él vivió, además de injusto, no se debe repetir ni con él ni con otra persona que no haya cometido delito alguno.
Su detención arbitraria y desaparición forzada, ocurrió en el marco de una agudización del hostigamiento y persecución del Estado venezolano hacia todos los actores que representan la defensa de las libertades civiles y políticas del país.
- Nombre cambiado por motivos de seguridad [↩]
