Elecciones y libertad de expresión: 20 años de restricciones

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Por Eduardo Lovera[1]. En 20 años hemos registrado el cierre de más de 400 medios de comunicación entre impresos, radios, canales de televisión y plataformas digitales. Esta práctica constituye una política restrictiva que limita de forma directa la posibilidad de que las personas tengan acceso a la información oportuna.

Además se mantienen los impedimentos a la labor de la prensa, situación presente no solo en instituciones públicas, sino también en estaciones de servicio, lugares turísticos o durante la cobertura de protestas ciudadanas u otros hechos noticiosos, especialmente cuando estos demandan la presencia de cuerpos de seguridad del Estado.

A medida que se masificó el uso de las redes sociales en el país, las represalias por la emisión de opiniones o informaciones en línea también incrementaron. En ese sentido, se registraron detenciones y hostigamientos judiciales a trabajadores públicos, personal médico y ciudadanos/as como forma de castigo ejemplarizante por la difusión de críticas a la gestión pública. Los medios digitales no son ajenos a esta realidad, entre los años 2010 y 2022 registramos al menos 190 bloqueos ejecutados por organismos estatales que limitaron el acceso y difusión de contenidos e información en línea.

La Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que el bloqueo de páginas web, direcciones IP, puertos o protocolos de red aplicado por el Estado con la finalidad de contrarrestar la desinformación constituyen una medida extrema y desproporcionada, por lo que se admite solo cuando se estipule por ley y sea necesaria para garantizar o proteger un derecho humano[2].

Otro elemento a destacar es la desinformación, la cual consiste en la difusión deliberada y masiva de información falsa, con el propósito de engañar y generar confusión. Este fenómeno puede alterar la legitimidad de un proceso electoral y, por ende, debilitar el sistema democrático. Con el surgimiento del internet, la desinformación se convirtió en un fenómeno más complejo gracias a su fácil acceso y a la posibilidad que tienen las personas de expresarse en la esfera pública.

Internet potencia el ejercicio de la libertad de expresión, porque facilita que las personas sean participantes activos del debate público. Si bien esto constituye un elemento positivo, puede agudizar el fenómeno de la desinformación, en vista de la velocidad con la que actualmente se producen y difunden contenidos.

Este contexto restrictivo incrementa la desinformación en la población y agudiza la crisis en materia de derechos humanos que atraviesa Venezuela. El derecho a la libertad de expresión es un requisito necesario e indispensable para la existencia de una sociedad democrática. Si bien la democracia no solamente consiste en votar, la libertad de expresión cobra especial relevancia en época electoral. En el caso venezolano estas restricciones acompañaron los distintos procesos de este tipo que se realizaron en el país durante los últimos 20 años.

Noviembre: entre elecciones y censura

Pluralidad en contextos electorales

La pluralidad informativa constituye una herramienta efectiva para hacer frente a la desinformación, contempla la capacidad que tiene la ciudadanía de acceder a fuentes de información de distinta línea editorial, con diferentes enfoques en la cobertura, lo cual permite contrastar y complementar el contenido que se recibe. Esto constituye un elemento sustancial de la libertad de expresión y un aspecto fundamental para la conformación de un entorno mediático variado e independiente.

Según el mapeo que hicimos en 2023, en Venezuela existen al menos 879 medios[3] e iniciativas comunicacionales operativas, de las cuales 56 % (492) son de formato tradicional: es decir, radio, impreso y televisión. Con respecto a la línea editorial de los medios tradicionales, un 21 % señaló tener una línea progobierno, mientras que un 8 % se autodenominó pro-oposición.

En un contexto electoral, la pluralidad informativa cobra relevancia, más aún en el caso de los medios tradicionales, los cuales cuentan con mayor penetración a escala nacional[4]. La independencia de los medios de comunicación fortalece la democracia y permite mantener informada a la ciudadanía sobre asuntos de interés público, enriquecer su criterio y fundamentar las decisiones que tome la colectividad.

El caso venezolano no resulta el mejor ejemplo de pluralidad informativa, ya que el ecosistema de medios está debilitado tras el cierre progresivo de estos como medida de retaliación; la falta de independencia editorial y la censura establecida desde las instituciones del Estado.

Adicionalmente, en el sistema de medios públicos no existen espacios diseñados para exponer las distintas corrientes ideológicas que hacen vida en el país; por el contrario, la programación difundida desde los medios estatales tiene una línea editorial que se identifica directamente con el partido de gobierno.

Entre el 2003 y el 2022 se hicieron en Venezuela al menos 15 eventos electorales[5]. Estos procesos estuvieron marcados, en mayor o menor medida, por los impedimentos a la cobertura periodística y la censura en medios tradicionales. En tal sentido,se registraron al menos 273 denuncias de violaciones al derecho en el contexto de estos procesos.

2003 – 2010: agresiones a la prensa


            En este periodo se hicieron seis eventos electorales: regionales y municipales (2004); parlamentarios (2005); presidenciales (2006); regionales y municipales (2008); parlamentarios (2010) y regionales y municipales (2010). En este contexto, se registraron al menos 12 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión. Las principales víctimas fueron periodistas y reporteros. Mientras que los victimarios más frecuentes resultaron ser los cuerpos de seguridad del Estado y grupos afectos al oficialismo.

Durante las elecciones parlamentarias de septiembre de 2010, las periodistas Sara Vargas, del canal Órbita TV, y Susana Quijada de TV Sur, sufrieron agresiones por simpatizantes del oficialismo, quienes les arrebataron sus equipos y, posteriormente, golpearon a Vargas. La agresión se registró durante la votación del exalcalde de Anaco, Ernesto Paraqueima, quien también resultó agredido.

En esa misma ocasión, el entonces presidente, Hugo Chávez, cuestionó el desempeño de la periodista Andreína Flores, corresponsal de Radio Francia Internacional (RFI) y RCN noticias de Colombia, quien preguntó sobre la diferencia de votos y escaños obtenidos por la oposición en las elecciones parlamentarias durante una rueda de prensa con medios de comunicación internacionales[6].

Flores le preguntó al mandatario: “¿Cómo se explica que con una diferencia de unos 100.000 votos, la oposición haya logrado 37 diputados menos que el oficialismo?”. Al respecto, Chávez dijo: “Haces una pregunta configurada ahí, de manera extraña”, y le preguntó a la periodista si conocía la Constitución venezolana. “Esa pregunta está hecha como gelatinosa, no tiene fundamentación lógica o sea, pareciera que tú ignoras totalmente lo que pasó como si vivieras en la luna”, agregó.

2011 – 2017: institucionalización de la violencia

Entre los años 2011 y 2017 se hicieron seis eventos electorales en el país: presidenciales (2012); regionales (2012); presidenciales (2013); parlamentarias (2015); Asamblea Nacional Constituyente (ANC, 2017) y regionales (2017). En este período, registramos 167 denuncias de violaciones al derecho en el contexto de los procesos electorales.

Destaca el alto número de violaciones a la libertad de expresión registrados durante las elecciones presidenciales de 2012 y 2013, con 34 y 46 denuncias de violaciones, respectivamente. En ambos procesos hubo elevados niveles de participación, con su correspondiente cobertura.

En el marco del proceso electoral del 14 de abril de 2013, a una corresponsal del Correo del Caroní la sacaron de un centro de votación en el estado Bolívar cuando se disponía a dar cobertura a denuncias por irregularidades en el centro. Esta medida la tomó el coordinador del centro de votación.

Igualmente, un reportero gráfico del Diario El Tiempo fue golpeado por un miembro del Plan República[7] en el Colegio Andrés Eloy Blanco, en  Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Al momento del hecho, el trabajador de la prensa fotografiaba a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes intentaban detener a un ciudadano que denunció irregularidades en el centro electoral[8].

El 30 de julio de 2017[9], en la elección de la            ANC, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no otorgó credenciales a varios medios de comunicación para la cobertura del proceso. En tal sentido, algunos de los medios de comunicación afectados fueron: Correo del Caroní, El Pitazo, Analítica, CNN en español, Vivo Play, Notimundo y La Patilla.

En otros casos, funcionarios del Plan República impidieron la labor de la prensa en los centros de votación a pesar de que estos contaban con acreditación por parte del CNE. Tal como sucedió con los equipos de la prensa que intentaron ingresar al Poliedro de Caracas (recinto que habilitaron en ese entonces como centro de votación), para dar cobertura a la jornada. Este proceso se dio en medio de una ola de protestas y descontento social[10] en razón de la falta de legitimidad de la elección[11].

2018 – 2022: menos garantías para la libertad de expresión

Los datos registrados evidencian que las restricciones a la libertad de expresión en contextos electorales incrementaron con el pasar del tiempo, lo que suma a naturalizar los impedimentos a la labor de la prensa en centros electorales cuando los funcionarios del Plan República y otros miembros voluntarios extralimitan sus funciones en los centros de votación.

En este último periodo se llevaron a cabo tres procesos electorales: presidenciales (2018), parlamentarias (2020) y regionales y municipales (2021). En total, registramos 94 denuncias de violaciones en el marco de estas jornadas.

En las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, equipos periodísticos de El Pitazo, Crónica.Uno, Todos Ahora, El Universal, Cima 360 y Noticias de Aquí[12] denunciaron que fueron excluidos del cronograma de distribución de combustible de la zona norte de Anzoátegui, lo que les impidió realizar recorridos programados para hacer la cobertura del evento electoral. Esta modalidad, aunque poco común por responder a un contexto muy específico, constituye otra forma de limitar el trabajo de los medios de comunicación.


            El 21 de noviembre de 2021, funcionarios del Plan República le exigieron a la periodista del portal Mango Noticias, Pilar Guerra, que borrara dos videos que grabó cerca del centro electoral liceo Creación San Carlos, en el estado Cojedes. Mientras que en el estado Mérida, funcionarios militares impidieron que el periodista Jesús Quintero tomara fotos mientras votaban los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el liceo Rómulo Betancourt, parroquia J.J. Osuna Rodríguez[13].

Obligaciones legales

A escala regional,el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. Lo cual contempla “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”[14].

El fondo y estructura de este artículo coincide con lo expuesto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 57 y 58, respectivamente. Por lo que el Estado está en la obligación de garantizar el derecho que tienen las personas a expresar sus opiniones de forma libre, así como a recibir informaciones de forma imparcial y sin censura.

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura.

Artículo 58.La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes.

Asimismo, establecen su dimensión colectiva, lo cual incluye el derecho de la ciudadanía a recibir informaciones y el derecho de quien se expresa a través un medio de comunicación a difundir con el mayor nivel de diversidad posible. Esto implica que las restricciones impuestas a la libertad de expresión no solamente afectan de forma directa a las personas agredidas en el ejercicio del derecho, sino que también pueden afectar a toda la sociedad en tanto que se limite el libre flujo de ideas y opiniones.

Consideraciones finales

Un contexto restrictivo a la libertad de expresión e información afecta especialmente durante los periodos electorales ya que resta condiciones de legitimidad para la integridad de los procesos de votación; las personas requieren libertades básicas para decidir de manera voluntaria e informada, y para que su elección sea debidamente respetada.

Las elecciones auténticas exigen una serie de condiciones antes, durante y después del proceso electoral. En el caso venezolano urge al menos estabilidad jurídica y administrativa para que los medios de comunicación funcionen bajo garantías legales, lo que demanda una gestión técnica y transparente por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones; revertir los bloqueos arbitrarios de medios de comunicación digitales que impiden el libre acceso a contenidos e información en línea; garantía y respeto a la cobertura periodística, otorgar las acreditaciones correspondientes o transparentar el proceso; facilitar la libre movilidad para la cobertura en los espacios e instituciones públicas, así como en los centros de votación; y practicar activamente el pluralismo en los medios públicos, que están obligados a garantizar espacios en igualdad de condiciones a todos/as los/as candidatos/as.

Tal como lo establece el marco legal y la normativa internacional, el Estado debe garantizar el mayor nivel de circulación de ideas sobre las candidaturas, sus partidos y propuestas durante las campañas y procesos electorales, ya que de esto depende que la ciudadanía se informe de manera adecuada y, en consecuencia, tome decisiones conscientes. Esto pasa por la más amplia existencia de medios, independientes, exentos de censura, libres y plurales; lo cual permite que todos los actores políticos intervengan y se expresen, sin discriminación.

La libertad de expresión ejerce un rol fundamental en una sociedad democrática. Sin este derecho no es posible que la población se informe, exija rendición de cuentas a las autoridades o denuncie situaciones que vulneran su dignidad. Venezuela necesita políticas que fomenten la pluralidad en los medios de comunicación y que permitan la inclusión de las distintas visiones que existen en el país.

Recomendaciones

Las acciones de las autoridades para hacer frente a un fenómeno tan complejo como lo es la desinformación no deben ser principalmente regulatorias, por el contrario, pasan por potenciar las capacidades de los individuos para que sean capaces de distinguir la información falsa, mediante la generación de un espíritu crítico.

Adicionalmente, existen algunas acciones planteadas por organismos internacionales[15] en materia de libertad de expresión y procesos electorales que el Estado debe poner en práctica, tales como:

  • Estimular la creación y desarrollo de un ambiente donde se garantice la pluralidad de los medios de comunicación.
  • Dinamizar y transparentar el proceso de actualización de concesiones del espacio radioeléctrico para que los medios puedan acceder a las mismas de forma oportuna y en igualdad de condiciones.
  • Eliminar todas las leyes que limiten la libertad de expresión, así como las normas que imputen algún tipo de responsabilidad a medios de comunicación por difundir declaraciones de candidatos/as.
  • Generar protocolos de prevención ante posibles amenazas o agresiones contra los medios de comunicación y sus periodistas.
  • Garantizar la justicia y no permitir impunidad en casos donde funcionarios del Estado hayan participado en la violación de los derechos humanos de los periodistas durante cobertura.
  • Promover el acceso efectivo a internet[16] y a otras tecnologías digitales para todos los sectores de la población, a fin de garantizar que se respete el principio de neutralidad en la red.


[1] Este trabajo fue publicado originalmente en nuestra página web en octubre de 2023. La investigación y redacción estuvo a cargo de Eduardo Lovera, oficial del programa de Observatorio Social de Espacio Público.

[2] OEA. Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales. Recuperado en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/Guia_Desinformacion_VF.pdf

[3] Espacio Público, 25 de marzo de 2023. Mapeo descriptivo de medios en Venezuela. Recuperado en https://espaciopublico.ong/mapeo-descriptivo-de-medios-en-venezuela/

[4] Espacio Público,29 de abril de 2020. Libertad de expresión y elecciones: Venezuela necesita condiciones
Recuperado en https://espaciopublico.ong/libertad-de-expresion-y-elecciones-venezuela-necesita-condiciones/#_ftn27

[5] No se incluyen los procesos de referéndum realizados en los años 2004, 2007 y 2009, ni las consultas populares organizadas por sectores de la sociedad civil venezolana en los años 2017 y 2020.

[6] Espacio Público, 28 de septiembre de 2010. Chávez cuestiona ética profesional de la periodista de Radio Francia Internacional. Recuperado en https://espaciopublico.ong/chavez-cuestiona-etica-profesional-de-la-periodista-de-radio-francia-internacional/

[7] El Plan República es un despliegue militar especial realizado en el marco de los procesos electorales y cuyo propósito principal es el resguardo del orden y de la seguridad durante las elecciones en Venezuela.

[8] Espacio Público, 30 de abril de 2013. Ataques a la Libertad de Expresión entre el 14 y el 26 de abril. Presidenciales 2013. Recuperado en https://espaciopublico.ong/ataques-a-la-libertad-de-expresion-entre-el-14-y-el-26-de-abril-presidenciales-2013/

[9] Espacio Público, 30 de julio de 2023. ANC entre proyectiles, amenazas y restricciones a la prensa. Recuperado en https://espaciopublico.ong/anc-proyectiles-amenazas-restricciones-la-prensa/

[10] Manifestar, Manifestaciones públicas 2017. Recuperado en https://manifestar.org/balance-sobre-la-situacion-del-derecho-a-la-reunion-y-manifestacion-en-venezuela-en-2017/

[11] Foro por la Vida, 28 de julio de 2017. Foro por la Vida exige retirar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Recuperado en: https://espaciopublico.ong/foro-la-vida-exige-retirar-la-convocatoria-la-asamblea-nacional-constituyente/

[12] Espacio Público, 6 de diciembre de 2020. Coyuntura 6D: restricciones a la prensa, desinformación para la gente. Recuperado en https://espaciopublico.ong/coyuntura-6d-restricciones-a-la-prensa-desinformacion-para-la-gente/

[13] Espacio Público, 21 de noviembre de 2021. 21N: Plan República niega el acceso a los medios. Recuperado en https://espaciopublico.ong/21n-plan-republica-niega-el-acceso-a-los-medios/

[14] Recuperado en https://www.corteidh.or.cr/tablas/17229a.pdf

[15] Espacio Público, 29 de abril de 2023. Libertad de expresión y elecciones: Venezuela necesita condiciones. Recuperado en https://espaciopublico.ong/libertad-de-expresion-y-elecciones-venezuela-necesita-condiciones/

[16] OEA, Declaración conjunta sobre Libertad de Expresión y elecciones en la era digital. Recuperado en https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1174&lID=2

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