La muerte de Durán, al servicio del Ministerio de Interior y Justicia, se produjo en cumplimiento de una asignación en el estado Zulia, urgido por su superior, Mayor Jorge Galindo, director de Información del Ministerio del Interior y Justicia, quien ordenó a todo un equipo reporteril de este despacho trasladarse desde Caracas a una zona inhóspita muy cerca de la frontera colombiana, sin el acondicionamiento mínimo y apremiados por la caída de la noche.
Durán, de 55 años de edad, se encontraba contratado en el MIJ desde enero del año en curso y, según relato de sus compañeros, mostró resistencia a cumplir el traslado, como otros del equipo, en razón de que ni siquiera vestían el calzado apropiado para transitar una zona pantanosa y boscosa, como a la que se dirigían para cubrir el desmantelamiento de unos campamentos en los que presuntamente se procesaba cocaína. Sin embargo, el grupo acató la salida presurosa, que incluyó el envío de Durán en una motocicleta, sin el casco reglamentario, a Maiquetía para tomar un vuelo a La Fría.
Tras dos horas y media de vuelo en avioneta y helicóptero, debió realizar una ardua caminata de más de media hora entre lodazales y selva hasta llegar al sector La Estrella, municipio Catatumbo del estado Zulia, a unos 200 kilómetros de la raya fronteriza, donde el general Miguel Vivas Landino, jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, ofreció la rueda de prensa. Algunas damas del equipo debieron descalzarse sus zapatos de tacón para poder avanzar y ninguno recibió, pese a las elevadas temperaturas de la zona, agua para beber e hidratarse.
Según el testimonio de los periodistas asistentes, al momento de la declaración de Vivas Landino, eran perceptibles las emanaciones de gases procedentes de los químicos acumulados en el campamento, en el que, según la GN, no se produjo ninguna detención.
Un informe dirigido a Fabricio Pérez, director general de Despacho del Ministerio de Interior y Justicia, firmado por la periodista Jéssica Rojas y el camarógrafo Pedro Amoruso, da cuenta de que en el lugar de la rueda de prensa habían baldes de acetona que les ocasionaron mareos, desmayos y vómitos, entre otras reacciones adversas.
A los periodistas enviados por el MIJ se había sumado otro grupo de comunicadores locales, de medios oficiales y privados, funcionarios del Ministerio Público y de la Oficina Nacional Antidrogas. Todos fueron urgidos por los militares pues la caída inminente de la noche amenazaba el despegue de los helicópteros. Para alcanzar de nuevo las aeronaves, el grupo debió emprender el retorno a toda marcha, de nuevo por la zona insegura y ahora peor iluminada.
En la prisa, Durán y el fotógrafo de la agencia Reuters, Julio Urribarri, se rezagaron, mientras que algunos de los que iban adelante debieron ser auxiliados por miembros de la GN, pues estaban a punto de desfallecer. Según el relato de los comunicadores, los militares presionaban por el despegue y, pese a que se les informó que no habían llegado todos a la aeronave, aún así elevaron vuelo. Los compañeros de Durán creyeron que el otro helicóptero, donde viajaba Vivas Landino, traería a los rezagados. No fue así. El grupo recibió instrucciones de pernoctar en La Fría sin tener noticias del resto.
El relato se completa con el testimonio de Urribarri, quien dijo que él llegó por su propia cuenta a una carretera y pidió ayuda para llegar a La Fría. Sobre Durán, señaló que la última vez que le vio venía avanzando con lentitud, auxiliado por efectivos militares y con el rostro desencajado. No fue hasta las 8 de la noche, cuando la periodista Jéssica Rojas, compañera de Durán, recibió una llamada de su superior, mayor Jorge Galindo, informando el fallecimiento del reportero gráfico. La viuda, Lisbeth Torres, quien labora en el Ministerio de Educación, no fue informada del deceso hasta las 7 de la mañana del día siguiente.
Para el CNP, el SNTP y el CRGV, resulta inexplicable la improvisación con la que se ordenó el operativo. De allí que estimamos imperativo que las autoridades sean receptivas, cumplan con su deber y den respuesta a la demanda de la familia Durán-Torres. Al respaldo en el reclamo se une asimismo la organización Espacio Público, especializada en el seguimiento de los casos sobre violación de los Derechos Humanos en Venezuela.
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