El Coordinador Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y presidente de Corporación de los Andes (Corpoandes), Freddy Bernal, amenazó a la periodista Sebastiana Barráez con ejercer las acciones penales por la denuncia que publicó en la web Punto de Corte, sobre el uso que hacen sus escoltas de los carros retenidos en varios concesionarios en el estado Táchira.
“En lo particular, contra esa periodista voy a ejercer acciones de carácter penal para que ella responda ante los tribunales por los señalamientos irresponsables hechos a través de una página web”, alertó durante una rueda de prensa.
En el video difundido a través de las redes sociales Bernal asegura que la periodista intenta “opacar un procedimiento totalmente transparente” y que por eso ejercerá acciones legales para que responda ante los señalamientos que considera son “irresponsables”. Aprovechó para informar que una parte de esos vehículos fueron entregados a los dueños por decisión de tribunales y otros 421 están siendo objeto de diferentes experticias.
La declaración de principios sobre la Libertad de Expresión señala que las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público, el trabajo realizado por la periodista informa que una de las camionetas confiscadas estuvo involucrada en un choque en el que murieron cinco personas mientras era conducido por Néstor, alias “Totuma”, escolta de Freddy Bernal1.
Ante tales señalamientos Bernal está en la obligación de explicar si en efecto su escolta está involucrado en el hecho y bajo que circunstancia ocurrió el accidente y para eso la ley lo faculta con un derecho a réplica que puede solicitar en el mismo medio en el que fue difundida la información.
En caso de que el Presidente de CorpoAndes sienta que su dignidad o su reputación está siendo atacada, la declaración establece que sólo puede optar por sanciones civiles, sin embargo, en su acusación debe probarse que en la difusión de las noticias la periodista tuvo intención de infligir daño o que tenía pleno conocimiento de que se estaba difundiendo una noticia falsa con el fin de perjudicarlo.
Exigimos el cese de estas prácticas intimidatorias contra quienes en su afán por informar, realizan su labor contralora investigando hechos de carácter público e instamos a que todo aquel que ejerza en la función pública tenga claro que “los funcionarios están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”2.
Referencias
