A dos años de su excarcelación, aún no se celebra su audiencia preliminar, manteniendo a Ana Belén Tovar, gerente de Venmedios, a la espera por su declaración de inocencia mientras se mantiene bajo medidas cautelares sustitutivas a la libertad de prohibición de salida del país, y bajo régimen de presentación cada 30 días, acusada penalmente por crímenes que no están relacionados con su trabajo.
La acusación contra Tovar está relacionada con la presunta publicación y eliminación de contenidos; sin embargo, esas no eran funciones que ejercía en 2019 para Venmedios ni para Entorno Inteligente, medio de comunicación relacionado. De igual manera, la republicación y reporte fiel de otras noticias es un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, protegido por la Constitución Nacional y por estándares internacionales que el Estado Venezolano está obligado a respetar.
El 29 de noviembre de 2019 la Fiscalía solicitó la reserva del expediente, que se prolongó hasta el 16 de junio de 2022, razón por la cual los abogados no pudieron acceder al expediente. Ante estas arbitrariedades, el equipo de defensa de Espacio Público interpuso una denuncia el 14 de febrero de 2020 ante la Fiscalía de derechos fundamentales, la cual no fue atendida.
El argumento de la Fiscalía consistió en que “la publicidad de la misma puede entorpecer la investigación, así como las experticias solicitadas no han sido remitidas a este despacho fiscal, y verse afectada la integridad de la víctima y denunciantes”.
En este caso, un funcionario público funge como presunta víctima por la difusión de contenidos en línea: el Ministro Vladimir Padrino López. La persecución penal surge por motivos políticos. Recordamos que los juicios penales por expresión son excesivos y contrarios al derecho internacional de los derechos humanos, vulneran el derecho a la libertad de expresión e imponen medidas que no reparan el presunto daño.
Ana Belén Tovar fue víctima de un allanamiento ilegal, detención arbitraria, estuvo incomunicada durante parte de su reclusión y fue forzada a aceptar defensa pública aún cuando contaba con un equipo privado de abogados. Además, las pruebas contra ella que reposan en el expediente, son ilegales, tomadas a partir de comunicaciones privadas y no constituyen delito alguno.
Audiencias diferidas, justicia negada
El Tribunal Sexto en funciones de Control fijó audiencia para el 4 de febrero de 2020, pretendiendo que los abogados defendieran a Belén sin poder tener acceso al expediente. No obstante, esta audiencia se difirió porque los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) no trasladaron a Belén.
Para el 7 de abril de 2020 fue fijada la segunda audiencia preliminar, la cual fue diferida y suspendida por la declaración de pandemia en Venezuela. De acuerdo a una resolución del 16 de marzo de 2020, Nº 001-2020 del Tribunal Supremo de Justicia, se ordenó que ningún tribunal despacharía desde el 16 de marzo y que todas las causas se suspendieran.
Esta situación se prolongó hasta el 1 de octubre de 2020, donde algunas causas “urgentes” comenzaron a celebrarse audiencias. Por tercera vez, el Tribunal Sexto en funciones de Control fijó la audiencia preliminar para el 7 de marzo de 2023. Tras dos horas de espera, les indicaron a la defensa que la audiencia se tendría que diferir nuevamente debido a la falta de comparecencia de la víctima: Vladimir Padrino López.
De esta forma, la audiencia quedó fijada para el 10 de abril de 2023, en24 días hábiles pese a que el artículo 309 del COPP establece que el lapso para fijar una nueva audiencia es dentro de los 5 días hábiles. En palabras de la secretaria del tribunal, el fundamento para extender la audiencia consiste en que la Fiscalía pretende que la víctima asista para garantizar el derecho de su alegato. De esta manera, según el Tribunal se evita citar nuevamente a Ana Belén, de manera indefinida.
Durante todo este proceso, Ana Belén Tovar fue criminalizada por el ejercicio de la libertad de expresión, en el cual se le sigue transgrediendo sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad personal y libertad de expresión.
Actualmente, las y los funcionarios del Estado venezolano tienen una política de estigmatización y persecución contra quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión de forma crítica al gobierno, con el objetivo de censurar y generar un entorno de inhibición y autocensura; en especial si las publicaciones son incómodas para altos funcionarios del Estado.
