A Sudeseg, en la persona de la Superintendente Ana Teresa Ferrini, se le imputa el cargo de violar el artículo 51 de la Constitución Nacional, el cual obliga a los funcionarios públicos a responder a las solicitudes de información hechas por los ciudadanos, so pena de destitución. Los documentos exigidos en defensa de los derechos humanos son: los cuadros de pólizas que consideren a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como motivo para excluirlos de la cobertura y los cuadros de pólizas que nieguen o suspendan de la cobertura a las personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana.
La acusación viene como consecuencia de dos peticiones hechas y no respondidas; a saber el 2 de agosto y 12 de septiembre de 2007. El accionante, Mauricio Gutiérrez, de Acción Solidaria, fue asistido por la abogada, Marianna Belalba, de Espacio Público, y Antonio Puppio, de Provea.
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