El mes pasado la violencia no se limitó a cierres o ataques a plantas físicas de medios, sino que se convirtió en detenciones, golpes y amenazas contra la integridad de quienes buscan acceder a la información.
Abril inició con una medida censora que se convirtió en un patrón ejercido por las empresas públicas. Los bomberos del municipio Iribarren, estado Lara, recibieron un memorando en el que se les prohíbe emitir cualquier tipo de declaración o divulgar información a través de medios de comunicación o redes sociales. 
En el comunicado firmado por el director del Cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren, Víctor Javier Montero, se les exige que no emitan declaraciones ni compartan información a los medios de comunicación social y especifica que la medida de censura se extiende a redes sociales.
Esta acción busca silenciar el debate sobre el incidente que afectó a cuatro bomberos quienes presuntamente fueron arrollados por el presentador del programa transmitido por Venezolana de Televisión Zurda Konducta, Oswaldo Rivero, mejor conocido como Cabeza ‘e Mango. Montero busca censurar a los trabajadores violando los estándares internacionales que aseguran que las restricciones a la libertad de expresión deben ser excepcionales, estar establecidas por ley, perseguir finalidades legítimas a la luz del derecho internacional, y ser necesarias y proporcionales al objetivo que se persigue.
Simulan elecciones y castigan la abstención
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, presentó el jueves 12 de abril “las normas de publicidad y campaña electoral” que rigen la ilegítima elección presidencial convocada para el 20 de mayo.
En declaraciones públicas, Lucena señaló que “el desestímulo para el ejercicio del voto será sancionado según está previsto en la Ley Orgánica de Procesos Electorales”. Asimismo reiteró “especialmente” que “se prohíbe que la publicidad sea contratada por personas naturales o jurídicas distintas a las autorizadas por los candidatos, es decir, está prohibido para las fundaciones y ONGs que puedan contratar o hacer propaganda electoral”.
La normativa restringe la propaganda, las expresiones de apoyo a la abstención e intenta eliminar a la sociedad civil del debate.
La violencia se divisa
El poder encontró en la violencia física un modo de intimidar a los trabajadores de la prensa. El pasado 02 de abril el fotoperiodista de El Pitazo, Rayner Peña, fue agredido por civiles identificados con el oficialismo cuando realizaba la cobertura de la caminata del candidato presidencial Henry Falcón en los alrededores de la estación del metro Plaza Sucre, ubicada en Catia.
Según el testimonio de Peña, en medio del ataque sintió un golpe en la cabeza y su reacción fue huir. “Cuando salí corriendo buscando resguardo sentí muchos golpes en la espalda”, dijo. Los agresores gritaban consignas a favor del gobierno y vestían indumentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
En el mismo hecho, efectivos de la GNB retuvieron al equipo de prensa del El Pitazo mientras realizaban la cobertura de la agresión al diputado Teodoro Campos. La periodista Andrea Tosta y el motorizado Richard Rodríguez fueron retenidos en el Hospital Militar cuando verificaban el estado de salud del diputado, quien fue agredido durante un recorrido por el boulevard de Catia con el candidato presidencial Henry Falcón.
Asimismo, el pasado martes 17 fue agredido Marvin Betancourt, camarógrafo del canal de televisión Noticias 24 Horas (NVH) del estado Sucre, mientras cubría los trabajos que el gobierno regional realiza al Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (Huapa) en Cumaná. Betancourt fue golpeado en el ojo derecho por un funcionario de la seguridad de la Gobernación de Sucre cuando tomaba las declaraciones de los familiares y pacientes que aprovecharon el recorrido para expresar su descontento por las condiciones del Hospital.
Durante el hecho Marvin gritó “solo estamos realizando nuestro trabajo” al tiempo que dos de los escoltas de los funcionarios se le encimaron al camarógrafo que entre el forcejeo hizo lo posible por proteger su equipo de trabajo.
La GNB protagonizó otro encuentro violento con la periodista del portal digital Venemundo Dayana Krays, junto a su motorizado cuando cubría una manifestación por la falta de agua en las afueras del Palacio de Miraflores.
La información fue difundida por el periodista Luis Gonzalo Pérez quien detalló que los funcionarios liberaron a la periodista luego de borrarle todo el material que habían realizado sobre la protesta.
Sin acceso al parlamento
Abril no solo estuvo marcado por las amenazas y ataques de funcionarios hacia periodistas, estos también aprovecharon su investidura para restringir el acceso a la prensa al hemiciclo de sesiones del parlamento venezolano, donde se discutían temas de interés público.
Por órdenes del coronel Bladimir Lugo, se negó el acceso de los equipos de prensa que cubrirían la sesión especial donde se debatió la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, en la que solicitan el antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro.
La denuncia fue realizada por varios periodistas y medios de comunicación que se encontraban en los alrededores del Palacio. Asimismo, se conoció que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Omar Barboza, intentó mediar para que la prensa ingresara al hemiciclo de sesiones, sin éxito por lo que la sesión tuvo que ser transmitida a través de las cuentas de Periscope de algunos Diputados asistentes.
En horas del mediodía los trabajadores de la prensa anunciaron su retiro de las afueras de la AN, dado que grupos oficialistas amenazaban su integridad. Esta situación se repitió durante el resto del mes, privando a los venezolanos de seguir las incidencias del debate llevado a cabo por sus parlamentarios.
Intolerantes a la verdad
Las agresiones a periodistas no fueron realizadas solo por funcionarios de seguridad ya que el pasado 3 de abril la periodista Luciana Peña Font, quien labora como corresponsal para el canal Televen, fue hostigada por manifestantes mientras realizaba la cobertura de una protesta por falta de agua en el estado Bolívar.
La agresión se llevó a cabo cuando un manifestante se alteró al percatarse de que estaba siendo grabado por el equipo de Televen.
En el Mercado Libre de Maracay, estado Aragua, la periodista Amira Muci fue agredida por un grupo de personas mientras se realizaba un trabajo sobre el aumento de los precios de los alimentos que allí venden. 
A través de su cuenta en Instagram Muci relata: “me agredieron en el Mercado Libre de Maracay, ni yo misma puedo creerlo, todo ocurrió cuando hacía una panorámica de los distintos puestos del mercado para informar sobre el tema de los precios que particularmente esta semana ha sido muy sensible”.
Sobre la agresión detalló que le lanzaron granos, bolsas, rollos de pabilo y calificó la acción como “una muestra de intolerancia inaceptable” al tiempo que aseguró no saber quiénes fueron los responsables del ataque.
Por protestar
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron a 29 personas, entre ellos 2 periodistas, durante una protesta por fallas eléctricas frente a la sede de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en Maracaibo, estado Zulia.
Entre los detenidos estaban el presidente de la Cámara de Municipal de Maracaibo, Carlos Armijo y la concejal Mariyulys Urdaneta, quienes realizaban un pronunciamiento sobre las reiteradas fallas del servicio eléctrico en la capital zuliana, así como también los periodistas que hacían la cobertura de la actividad. Ellos, junto a los otros 27 manifestantes fueron trasladados al comando ubicado en la avenida Delicias y puestas en libertad dos horas después.
