Misleiby González[1]
*Título ajustado para reflejar adecuadamente el contenido del informe que da cuenta de 13 estados o Zonas silenciadas, regiones donde existen pocos o ningún medio independiente.
El 2022 fue un año especialmente difícil para las empresas de comunicación en el país. En su caso, no solo tuvieron que sortear la crisis multidimensional, sino que enfrentaron cara a cara las políticas restrictivas que buscan reducir el ecosistema de medios.
Hace cuatro años publicamos un trabajo[2] enfocado en la pluralidad de medios existente en el territorio nacional. En aquel entonces denunciamos que 10 de los 24 estados de Venezuela estaban sin prensa escrita y con muy pocas opciones para informarse a través de medios de comunicación independientes. Hoy la situación no ha mejorado, al menos 13 estados con poco o ningún acceso a distintas fuentes de información con líneas editoriales diversas, cuando hay al menos 980 medios activos, según el mapeo de medios[3] que hicimos entre diciembre de 2020 y marzo de 2021.
Las restricciones administrativas, la agudización de la crisis económica, las constantes fallas de la electricidad y los bloqueos de internet son algunas de las razones más frecuentes que esgrimen los medios al momento de cesar sus operaciones. La situación permite que la estructura comunicacional controlada por el Estado y su red de medios aliados domine casi la totalidad de los espacios informativos y de opinión existentes en el país.
Para garantizar su existencia, la gerencia de los medios ha tomado decisiones, algunas de ellas incluyen: “suavizar” la línea editorial; eliminar corresponsalías; censurar temas; cerrar espacios informativos; reestructurar las rutas de distribución; reducir el personal; cambiar de formato y migrar a internet. Sin embargo, los esfuerzos resultan insuficientes y siguen siendo el objetivo más frecuente de las violaciones a la libertad de expresión de los últimos años.
La política de cierre de medios escaló con el transcurrir del tiempo. En el registro[4] determinamos que entre 2003 y 2022 al menos 403 cesaron sus operaciones, entre ellos: 285 emisoras de radio a escala nacional, 87 periódicos, 19 canales de televisión de señal abierta y 12 medios digitales. Tal situación afecta a la ciudadanía, que a diario ve cómo aumentan las limitaciones cuando de consumo de información se trata[5].
| Radio | 285 |
| Impreso | 87 |
| Televisión | 19 |
| Digital | 12 |
Dicha dinámica no es ajena a los entes gubernamentales, pues los medios de comunicación, gremios directivos, trabajadores/as y organizaciones de la sociedad civil han advertido los efectos de llevar adelante esta política restrictiva. Esto no sólo limita las alternativas de las personas para informarse, reduce la pluralidad y los espacios de participación de la ciudadanía que hacen uso de los medios para hacer sus demandas sociales frente al poder, sino que también impacta la situación laboral de decenas de personas que se desarrollan profesionalmente en las empresas de comunicación.
Todo ocurre en un contexto de emergencia humanitaria compleja, donde según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida[6] (Encovi) 2022 persisten graves problemas de desigualdad, acceso a la educación limitado y una importante pérdida de población en edad productiva debido a la migración masiva. A este panorama social se le suma la incertidumbre en lo político. De cara a las negociaciones que iniciaron en México en 2021, el gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición venezolana no han logrado encontrar solución a los conflictos internos, frenando así el avance en los acuerdos propuestos sobre la situación humanitaria, derechos políticos, garantías electorales, entre otros.
Otro agravante es la persecución sostenida contra las organizaciones de la sociedad civil, que las mantiene alerta ante la eventual aprobación de distintas regulaciones que condicionarán su operatividad en el país. Regulaciones que restringen el derecho a la asociación garantizado en la Constitución y en los distintos pactos internacionales de protección de derechos humanos firmados por el Estado venezolano.
Las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación han mostrado ampliamente la crisis multidimensional en el país. El trabajo de incidencia permitió que en 2019 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) diera mandato a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) para hacer seguimiento regular a la situación en Venezuela; también posibilitó la creación de una Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (Miidh), que en 2020 señaló indicios sobre posibles crímenes de lesa humanidad por razones políticas.
Actualmente, la Corte Penal Internacional (CPI) adelanta una investigación por estos crímenes[7], después de un examen preliminar abierto en 2018. En 2022, Venezuela participó en el 3er ciclo del Examen Periódico Universal en el que aceptó implementar 67 % de las 328 recomendaciones en total que hicieron 115 países. Un porcentaje importante de estas se refería al acceso a mecanismos internacionales que protegen los derechos humanos y en respuesta a la emergencia humanitaria compleja.
Posterior a eso, Venezuela instaló una estructura de respuesta humanitaria a cargo de la ONU y sus oficinas de asuntos humanitarios, quienes implementaron cuatro planes de respuesta entre 2019 y 2022[8]. Los distintos planes sirvieron para aliviar de forma parcial la situación de parte de la población. Los distintos monitoreos evidencian graves carencias estructurales. Según el último monitoreo de HUM Venezuela, hasta marzo 2022, en una población de 28,7 millones de personas, un total de 19,7 millones vivía en pobreza multidimensional[9].
La crisis de servicios públicos imposibilita el pleno desarrollo de las personas. En el mismo estudio, HUM Venezuela asegura que la movilidad de 13,1 millones de personas se dificulta debido a la falta de transporte; 8,8 millones pasaba meses sin gas doméstico para cocinar y al menos 5,9 millones de personas sufrieron fallas en el servicio eléctrico. Ante esta situación, la población no deja de exigir mejores condiciones de vida. El 53 % de las protestas registradas en 2022 fueron por derechos laborales y el 19 % por servicios básicos[10]. En este contexto social, económico y político, el poder político se esfuerza en avanzar en sus acciones para dificultar la labor informativa de los medios que deciden documentar y divulgar esta realidad.
El Gobierno, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)[11], la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y cuerpos de seguridad, continuó en su afán de limitar el accionar de los medios de comunicación entendidos por él como sus “adversarios”. Esto desencadenó la imposición de la censura en la agenda informativa de algunos medios independientes que quedan por miedo a sufrir algún tipo de represalia que termine en un cierre forzado.
La imposición del silencio
Valiéndose de recursos directos e indirectos, el Gobierno achicó el ya deprimido ecosistema de medios venezolano. Hoy son 13 los estados con poco o ningún acceso a medios de línea editorial independiente, lo que agudizó la brecha que impide a las personas consumir información plural.
| Por medios de línea editorial independiente se entiende aquellos cuyos contenidos no están influenciados estructuralmente por intereses gubernamentales o corporativos, ni privilegian regularmente contenidos a favor de intereses gubernamentales, político-partidistas, o de grupos económicos específicos. |
La necesidad de diversidad en los contenidos es fundamental para la toma responsable de decisiones, sobre todo en los asuntos de interés público. En vista de los altos niveles de opacidad que predominan en la gestión pública, el periodismo independiente y la contraloría ciudadana ejercida a través de la denuncia en los medios se convierten en insumos fundamentales para enriquecer el debate público.
Amazonas[12]: al igual que en el trabajo anterior, sigue en la lista de las zonas silenciadas. A pesar de contar con nueve medios de comunicación activos, todos poseen una línea editorial que favorece al Gobierno. Sus cinco estaciones de radio dedican la programación a la rotación de música y programas de entretenimiento. También tienen actividad dos periódicos impresos y dos televisoras regionales cuya cobertura se centra en la réplica de actividades de los gobiernos nacional y regional.
Apure[13]: un estado marcado por la violencia agudizada debido a su situación fronteriza que suma a su lista de limitaciones el acceso a medios de comunicación independientes. En el trabajo anterior denunciamos que en 2018 Apure se quedó sin sus únicos tres periódicos[14] (Visión Apureña, NotiSemana y Diario ABC) y cuatro años después su situación no mejoró. Se registran tres medios independientes de los 26 que están activos.
En Apure existen seis páginas web que hacen cobertura noticiosa que favorece al gobierno regional, situación similar ocurre con las tres televisoras activas y al menos 14 emisoras de radio que, además de apegarse a la pauta oficial, difunden contenido religioso y de entretenimiento.
Aragua[15]: el ecosistema de medios de este estado es de 69 medios activos, siendo la radio quien lidera la oferta. Al menos 58 emisoras están activas, y en sus parrillas de programación destacan información acerca de la gestión de los gobiernos nacional, regional y local, otras solo se apegan a las cadenas[16] y transmiten música el resto del día. Solo tres emisoras son consideradas independientes, mientras que los cuatro canales de televisión, tres periódicos regionales y cuatro portales informativos que siguen operativos favorecen la línea oficial.
Barinas[17]: este estado destaca por la presencia de contenido religioso. Al menos 16 emisoras de radio (de las 71 que están activas) se identifican como cristianas, adventistas o evangélicas. El resto son estaciones de corte comunitario, públicas y privadas que están vinculadas a la línea oficial, al igual que los medios tradicionales que se mantienen y un portal web.
Cojedes[18]: actualmente tiene 30 medios activos, 28 de ellos son estaciones de radio, 15 favorecen al Gobierno, 4 son religiosas, 6 solo transmiten música y 3 son de entretenimiento. Solo uno se registró como medio independiente.
Delta Amacuro[19]: en el segundo estado con menos población de Venezuela, las dificultades de conectividad y la precariedad de los servicios públicos hacen vital la existencia de medios de comunicación que no solo denuncien la situación, sino que mantengan a la población conectada. A pesar de la necesidad, Delta Amacuro tiene solo 16 medios, de los cuales 11 son emisoras de radio donde predomina contenido religioso y progobierno. Los medios tradicionales priorizan la línea oficial y se registra solo un medio digital independiente.
Falcón[20]: otro estado que sufre las consecuencias de carecer de productos informativos independientes que le permitan mejorar sus condiciones de vida a través de la contraloría social o la exigencia del respeto y garantía de sus derechos humanos.
Falcón, actualmente, cuenta con 36 medios de comunicación de los cuales 29 son estaciones de radio. Todas difunden principalmente música y contenido afín al partido de gobierno. Un medio impreso cambió su formato y no tiene periodicidad definida, y seis portales informativos manejan contenido libre.
Guárico[21]: este estado llanero posee activos 57 medios de comunicación, pero en su mayoría el ejercicio periodístico está reducido al mínimo, pues su programación se limita a replicar propaganda del gobierno regional y nacional. La distribución es la siguiente: 39 emisoras de radio; de las cuales 21 son musicales, 9 son religiosas, 7 son abiertamente progobierno y solo 2 son independientes, 12 páginas web de las cuales solo seis registran la línea editorial independiente, mientras que los medios tradicionales priorizan contenidos oficialistas.
Mérida[22]: son al menos 63 los medios activos en este estado. En su mayoría, emisoras de radio (43), las cuales están limitadas al entretenimiento y a transmitir hilos musicales. De éstas, sólo seis son independientes e incluyeron en su parrilla de programas algunos espacios para la información y la opinión. Sin embargo, la falta de equilibrio es evidente cuando de las 18 páginas web que se dedican a la labor informativa en este estado andino, solo 6 son autónomas. En el caso de la televisión, se identifican líneas independientes y progobierno.
Monagas[23]: aquí solo existen 28 medios de comunicación, en su mayoría de corte oficial. Las dos televisoras regionales que siguen operativas son parte del Sistema Nacional de Medios Públicos y se limitan al entretenimiento, mientras que los cuatro sitios web y 18 de las 20 emisoras de radio también son oficialistas. Hoy los/as monaguenses tienen imposibilitada la crítica, la información contrastada y el acceso a información balanceada.
Portuguesa[24]: la realidad de este estado no dista mucho de los anteriores. De las 56 emisoras de radio que existen aquí, 14 transmiten contenido religioso, solo tres son independientes y el resto está apegada a la línea oficial. Este estado tiene la particularidad de contar con ocho canales de televisión, pero todos se ciñen a la orden oficial. Siete portales web relatan lo que acontece en Portuguesa, no obstante, sólo 3 son percibidos como independientes.
Sucre[25]: de las 15 emisoras de radio que posee este estado, solo dos no se apegan a la línea oficial. Situación similar viven con los medios de comunicación digitales, pues de ocho que están activos, siete son progobierno, al igual que las televisoras.
Trujillo[26]: este estado aún cuenta con algunas opciones para informarse, solo que, en proporción con los medios controlados por el Gobierno, el equilibrio se vuelve imposible. De los 39 medios que están activos, 24 son radios, de las cuales solo cuatro son independientes; y tiene dos medios impresos, uno de ellos representa la alternativa para la gente; por otra parte, ocho son canales de televisión, también controlados por el Estado, y cinco son webs con contenido libre.
Tener medios plurales no debería ser un anhelo para los venezolanos, pues no se trata de una pretensión lejana imposible de cumplir. Según la CIDH, el pluralismo de las ideas presentes en los medios de comunicación no se mide a partir de la cantidad de medios activos, pues como se observa, en los 13 estados mencionados existe prensa en sus diferentes categorías. La CIDH indica que se trata de las ideas y la información que estos medios difundan, pues tiene que ser diversa y su abordaje debe reflejar distintas posturas, de modo que se enriquezca el debate y el ciudadano en su rol de consumidor tenga la posibilidad de elegir.
Tener una mayoría de medios que se limiten a replicar el discurso oficial, que la cobertura informativa sea inexistente o que la programación sea exclusivamente musical, no suma al debate público. Para que exista pluralidad informativa, los medios deben contemplar incluir en sus parrillas no solo diferentes fuentes y temas, sino intentar incluir distintos abordajes de los hechos.
Castigo ejemplarizante: patrones y víctimas
En las democracias prevalece el cumplimiento de la Ley y el respeto al Estado de derecho. En Venezuela, el uso de las instituciones del Estado para perseguir y amenazar la labor informativa es común, el aumento en el número de medios cerrados lo evidencia. La creación y aplicación de mecanismos de represión en algunos espacios informativos y periodistas sirve de castigo ejemplarizante para el resto de los medios que continúan activos.
El uso de estas técnicas censoras provienen de una política abocada a silenciar las voces plurales, es decir, todo aquello que haga contrapeso al discurso oficial, acciones que contribuyen a la instauración de un ejercicio de poder autoritario.
Como se planteó antes, al menos 403 medios de comunicación cerraron en los últimos 20 años, en un contexto donde el discurso gubernamental ataca y desmerita el papel de los medios y la labor periodística. Esta situación se convierte en política de Estado cuando el resultado es que se viole el derecho que tiene la ciudadanía de buscar, recibir y difundir información.
El caso de Candela 92.9 FM[27], emisora radial que operaba en el municipio San Carlos, en el estado Cojedes, es uno de ellos. El 1° de julio de 2022, funcionarios de Conatel fueron a su sede y se llevaron su transmisor y la consola.
La secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Cojedes, Pilar Guerra, explicó a Espacio Público que los funcionarios hicieron el procedimiento sin tener una orden de allanamiento, señalaron que debían supervisar las instalaciones y verificar la legalidad de la concesión y el uso del espectro radioeléctrico.
La periodista contó que los funcionarios llegaron al lugar con una actitud violenta a fin de entrar forzosamente al lugar. “Como no lo lograron, llegaron dos fiscales del Ministerio Público con una orden de allanamiento y procedieron a confiscar los equipos, entre ellos el transmisor y la consola de la emisora que en ese momento estaba al aire”[28].
En el procedimiento participaron, además de los funcionarios de Conatel y del Ministerio Público, efectivos del Cicpc, del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), algo desproporcionado para la acción que realizaron.
En medio del proceso, los funcionarios emplazaron al dueño de Candela 92.9 FM, Juan José Sanoja, a entregar los equipos o, de lo contrario, sería detenido por obstruir la orden. Las autoridades argumentaron que el cierre se produjo por un presunto “uso ilegal del espectro radioeléctrico”.
Guerra detalló que con el cierre de Candela 92.9 FM al menos 10 personas se quedaron sin su principal fuente de empleo.
Asimismo, con las emisoras de radio y televisoras Conatel utiliza las sanciones administrativas, prohibiciones oficiales e informales, permisos negados o desactualizados y el uso de las concesiones como medio de presión para regular el contenido que se transmite. Este método es usado para intimidar y aleccionar al resto de las estaciones o canales de televisión.
Respecto a los medios impresos, los métodos son indirectos, la crisis económica sirvió para ahogar el negocio de los periódicos. El Diario El Tiempo[29] fue uno de ellos; luego de 60 años de labor ininterrumpida, el 25 de mayo de 2021 anunció que dejaría de circular.
A través de un comunicado divulgado en su cuenta en Instagram el medio anunció que la decisión fue consecuencia de “la falta de papel periódico y la crisis económica”.
La publicación detalla que entre los problemas que enfrentó el medio está “la falta de bolívares en efectivo, la inflación desmesurada, el agotamiento del papel periódico, la inmedible escalada de los costos de mantenimiento de toda la maquinaria e infraestructura”; agregaron que, además, el desabastecimiento de combustible y la COVID-19 agudizaron su situación, sin obtener respuesta alguna de los entes encargados.
Los cambios de formatos, reducción de personal, cierres de corresponsalías, disminución en el tiraje diario y las migraciones a la web; son algunas de las decisiones tomadas por los dueños de los medios impresos para garantizar sus operaciones. El Tiempo migró de forma forzada a la web y pasó a informar a través de su portal y de sus redes sociales.
Los portales informativos también han sido blanco de ataques. Además de coexistir con las interrupciones del servicio de internet, que sólo en 2022 sumaron al menos 74 situaciones a escala nacional, se añaden los bloqueos a portales cuyo victimario es el principal proveedor de internet del país, Cantv.
Entre los medios digitales bloqueados están[30]: Armando.Info, Crónica.Uno, El Pitazo, Punto de Corte, Noticiero Digital, 2001, Telesur, Runrunes, Vivo Play, Efecto Cocuyo, Caraota Digital, Venezuela al Día, El Nacional Web, AlbertoNews, Diario La Región, entre otros.
Estos bloqueos también han afectado a medios extranjeros, entre los que destacan: Infobae, InSight Crime, Noticias Caracol, El Tiempo de Colombia y NTN24.
Según el observatorio de internet Ve Sin Filtro, hasta diciembre de 2022, en Venezuela, al menos 36 medios digitales estaban bloqueados[31]. En la presentación de su informe, el director Andrés Azpurúa insistió en que “la libertad de expresión se ve amenazada cuando se bloquean las páginas de los medios de comunicación en Venezuela. Hay más dominios de noticias bloqueados que de otras categorías. Y, al final de cuentas, estos bloqueos vienen de Conatel”.
La televisión también ha sido víctima, quizá no con la misma frecuencia que el resto de los medios pues por su naturaleza requiere de mayores recursos para garantizar su operatividad y, por ende, en números resulta mucho menor que las radios u otro tipo de medio de comunicación. Sin embargo, los métodos indirectos de restricciones impactan su labor informativa, tal es el caso de NTN24, que el 1° de julio de 2022 anunció que cerraría sus oficinas en Caracas[32].
A pesar de las dificultades, el canal funcionaba en el país a través de una corresponsalía. En 2014 fue sacado de las parrillas de programación y desde entonces salía al aire a través de su página web (cuyo dominio se encuentra bloqueado) y de su canal en YouTube, además de que por ser un canal internacional, su contenido era transmitido a través de la cadena de NTN en Colombia.
El uso de la legislación para perseguir
Las restricciones no son casualidad, en los últimos 20 años se ha puesto en práctica una serie de acciones que buscan limitar directa o indirectamente el ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir información de los/as venezolanos/as. El uso de la legislación y la creación de distintos instrumentos legales para regular, no solo los horarios sino los contenidos, sirve para que organismos como Conatel mantengan un monitoreo sobre los medios activos, lo que sumado a la interpretación discrecional de la ley, deriva en muchos casos en la revocatoria de los permisos de transmisión.
El papel que juega el Gobierno está alejado de su rol de garante del derecho a la libertad de expresión y el libre flujo de información, ideas y opiniones, puesto que, por medio de organismos reguladores, ha concentrado sus esfuerzos en dificultar la obtención de la permisología necesaria para operar, prolongando los tiempos de espera y centralizando los procesos en la ciudad de Caracas, lo que afecta especialmente a los medios fuera de la capital.
No disponer de plataformas tecnológicas que permitan la gestión de trámites en línea dificulta que las personas propietarias de medios de comunicación realicen sus diligencias a tiempo y que puedan obtener respuestas oportunas a sus solicitudes.
Todo esto ocurre al margen de los artículos 51, 57, 58 y 337 de la Constitución Nacional que refieren a las garantías a la libertad de expresión y la normativa internacional de derechos humanos. Asimismo, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos en su numeral tres indica que el derecho de la libertad de expresión no puede ser restringido por medios indirectos, tales como “el abuso de controles oficiales o particulares de papel”[33] en el caso de los medios de comunicación impresos.
La misma Convención establece que la actividad de los medios de comunicación en el ejercicio pleno de su derecho “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.
Esto mismo lo establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos[34] (OEA) cuando expresa que “la creación de obstáculos al libre flujo informativo” y las “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión” por lo que todo Estado que quiera garantizarla debe asegurar y respetar la independencia y equilibrio de la labor periodística y los medios de comunicación.
Los estándares internacionales y nuestras leyes nacionales reafirman la necesidad de garantizar los derechos humanos a través de la creación de un Estado de derecho que permita el desarrollo y la consolidación de la democracia. Virtud que va de la mano del ejercicio pleno de sus ciudadanos/as a expresarse libremente, pues es la libertad de expresión la que garantiza el diálogo entre las sociedades. El Estado venezolano viola ese principio que establece que la libertad de expresión es, en sí misma, en todas sus formas y manifestaciones, un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas y requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática[35].
Zonas de silencio
En 2019 hablamos por primera vez de zonas silenciadas en Venezuela[36] para evidenciar una realidad que identificamos en el país y que asociamos con lo sucedido años antes con la prensa mexicana y su esfuerzo por mantenerse activa mientras transcurría un fuerte conflicto interno marcado por la corrupción y el narcotráfico, durante los mandatos de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El término “Zona silenciada[37]” refiere al lugar donde la censura está impuesta en los medios. Sitios donde el periodista evita investigar sobre determinados temas, en su mayoría vinculados directamente con corrupción, narcotráfico, trata de personas y criminalidad. Son espacios donde la censura y la autocensura priman sobre el derecho de todas las personas a acceder a información.
En nuestro país existen temas que no están en las coberturas informativas en todo el territorio y que impactan directamente en la agenda noticiosa que llega a las regiones. Estos temas van desde actores de la oposición y todas las acciones emprendidas por las instituciones que ellos representan, hasta áreas más cercanas a la ciudadanía como el comportamiento de la economía frente a la inflación, el impacto de la emergencia humanitaria compleja, las protestas gremiales de trabajadores que exigen mejoras en sus condiciones contractuales, el estado de los hospitales y escuelas, pasando incluso por las denuncias relacionadas con las fallas en los servicios públicos. Es decir, toda información que sea contraria a la postura gubernamental, que busque hacer contraloría o que se muestre crítica a la gestión de actores políticos del poder tiene poco lugar o no tiene, ni en las parrillas de programación de medios audiovisuales, centimetraje de prensa escrita ni cabida en los portales web.
Una situación parecida ocurre en México, pero en ese caso el Estado se muestra inoperante ante el crimen organizado que persigue a periodistas y dueños de medios[38] como represalia por la labor informativa que realizan.
En Venezuela, Conatel utiliza los llamados “exhortos”[39] que funcionan como amenazas si no se modifica la actuación que el ente considere que se escapa de la legalidad. En ellos, generalmente, se invoca la Ley de Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte-me) y algunas legislaciones de telecomunicaciones, señalando que algunos contenidos que divulgó el medio son violatorios de la Ley. En otros casos, funcionarios de Conatel, en compañía de efectivos de orden público, visitan las sedes de los medios de comunicación y además de efectuar el cierre, cargan con los equipos que permiten la operatividad del medio.
En palabras de Marcelino Bisbal[40], el país vive un “retroceso” en materia de libertades. El académico también insiste en que “los medios de comunicación social se amoldan al contexto sociopolítico, en el caso venezolano a un modelo centralista, donde el poder está depositado en un Estado controlador”[41]. Asegura que en el contexto actual la libertad de expresión ha sido limitada.
La realidad de México y la de Venezuela tiene los mismos resultados: regiones completas sin acceso a información plural. Los patrones continúan siendo los mismos: en el caso de los impresos, los altos costos de la materia prima y el transporte que se suma a la crisis económica que afectó el poder adquisitivo del venezolano/a, para quien la compra de un diario puede resultar un porcentaje importante de sus ingresos.
En el caso de las emisoras radiales y canales de televisión, Conatel sigue impulsando el silencio que guía a la sociedad al consumo de un solo tipo de información, la oficial.
De la mano de estos mecanismos el Estado le niega a la ciudadanía la posibilidad de tener libertad de prensa y con ello la oportunidad de expresarse. Es necesario para la sociedad venezolana empezar a construir su relato pluralista y abierto, que se alimente con las posturas e ideas de todos los sectores y reconstruya la democracia.
Que 13 estados de Venezuela tengan poco o ningún acceso a medios de comunicación plurales en la actualidad, evidencia la imposibilidad que tiene el Estado de garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión que tienen todas las personas.
La Constitución Nacional[42] obliga al Estado venezolano a garantizar el derecho de los (as) ciudadanos (as) a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones, sin limitación de las formas y utilizando cualquier medio de comunicación, sin que pueda establecerse alguna censura. Asimismo, el artículo 58 refiere que la comunicación es libre y plural y apunta que toda persona tiene derecho a recibir información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo a los principios contenidos ella.
El ecosistema de medios venezolanos actualmente restringe los canales de denuncia y carece de espacios de contraloría social que en cualquier democracia sana es herramienta de la ciudadanía para increpar a sus gobiernos. Esta situación favorece al silencio y la impunidad.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH, en su informe “Las zonas silenciadas”, señala que “el objetivo de quienes atacan a la prensa no es otro que el de evitar que periodistas o trabajadores de la prensa cumplan con su labor y así evitar que la información contraria a sus intereses llegue a la sociedad”[43]. Actualmente, en Venezuela el poder político sostiene acciones deliberadas y reiterativas que buscan censurar contenidos contrarios a su línea e instaurar una hegemonía comunicacional.
Distintos académicos describen este proceso como el interés del poder por tomar el control y regular las comunicaciones mientras innova en mecanismos jurídicos que favorecen la intimidación y la censura.
El Sistema Nacional de Medios Públicos y toda la red de medios aliados constituyen una plataforma mediática de carácter hegemónico que suman a la construcción y reiteración de una narrativa que intenta invisibilizar y minimizar las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja. Frente a este contexto, los medios han intentado migrar a lugares donde la labor informativa implique menos riesgos. Al respecto, Bisbal explica que “los medios de comunicación no deben pensarse como simples medios de diversión, sino como armas políticas sometidas al control de la razón del Estado (…) Venezuela migra al mundo digital obligados por la fuerza de las circunstancias, por el contexto al que nos estamos viendo obligados en términos políticos. Entonces, no fue un proceso natural de evolución de un soporte a otro”.
La labor de los medios y del periodismo es asegurar que la ciudadanía tenga un registro de los responsables y de las decisiones políticas que causaron la crisis económica, política y social y también las afectaciones de estas en la población venezolana. Es una tarea propia del periodismo hacer escrutinio a la gestión pública, servir la mesa para el debate público y sumar a la democracia.
Los estándares internacionales establecen que la libertad de expresión es una condición esencial para lograr una sociedad plenamente informada; que la máxima posibilidad de información es un requisito del bien común, y es el pleno ejercicio de la libertad de información el que garantiza tal circulación máxima; asimismo, es la pluralidad de fuentes de información y el respeto a la labor informativa que hacen los medios lo que permite la libre circulación de ideas. Una vez expuesto todo lo anterior, cabe reafirmar que Venezuela no brinda esas mínimas garantías que, históricamente, están establecidas por la jurisprudencia nacional e internacional.
[1] Comunicadora social, maestrando en Ciencia Política. Oficial del Programa de medios y responsabilidad social de Espacio Público.
[2] Espacio Público. (2 de mayo de 2019). Las zonas silenciadas en Venezuela. https://espaciopublico.ong/las-zonas-silenciadas-en-venezuela/
[3] Espacio Público. (2022). Mapeo de medios en https://medios.espaciopublico.ong/
[4] Espacio Público. (27 de enero 2023). Situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela enero – diciembre 2022. https://espaciopublico.ong/situacion-general-del-derecho-a-la-libertad-de-expresion-en-venezuela-enero-diciembre-2022-informe-preliminar/
[5] France 24. (1 de mayo de 2022). En Venezuela, cada vez se hace más difícil defender el derecho a la información. https://www.france24.com/es/programas/enlace/20220501-venezuela-libertad-prensa-informacion-periodistas-medios
[6] Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Proyecto Encovi 2022. https://www.proyectoencovi.com/encovi-2022
[7] Corte Penal Internacional. Venezuela I. Situación en la República Bolivariana de Venezuela I. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/venezuela-i / Human Right Watch (3 de noviembre de 2021). La Corte Penal Internacional abre investigación sobre Venezuela. https://www.hrw.org/es/news/2021/11/03/la-corte-penal-internacional-abre-investigacion-sobre-venezuela
[8] ONU Venezuela. (23 de agosto de 2022). Plan de respuesta humanitaria 2022- 2023. https://venezuela.un.org/es/196158-plan-de-respuesta-humanitaria-2022-2023
[9] HUM Venezuela. (Marzo de 2022). Informe de seguimiento a los impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela tras el confinamiento por la pandemia de COVID- actualización 2022-. https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2022/09/HumVenezuela-Informe-Marzo-2022.pdf
[10] Al menos 950 protestas fueron registradas por el sistema de vigilancia de la protesta, un proyecto de Espacio Público. Sitio web: https://manifestar.org/
[11] Espacio Público. (7 de agosto de 2018). Exhortos: censura impuesta por Conatel. https://espaciopublico.ong/exhortos-censura-impuesta-por-conatel/
[12] I. Camacaro, comunicación personal, 16 de enero de 2023.
[13] M. Díaz, comunicación personal, 16 de enero de 2023.
[14] Espacio Público. (2 de mayo de 2019). Las zonas silenciadas en Venezuela. https://espaciopublico.ong/las-zonas-silenciadas-en-venezuela/
[15] N. Hernández, comunicación personal, 17 de enero de 2023.
[16] En Venezuela, se tratan de transmisiones obligatorias de radio y televisión a criterio del gobierno, nacional, regional o local.
[17] T. Omaña, comunicación personal, 20 de enero de 2023.
[18] M. Lozada, comunicación personal, 20 de enero de 2023.
[19] A. Medina, comunicación personal, 17 de enero de 2023.
[20] J. Petit, comunicación personal, 17 de enero de 2023.
[21] J. Hurtado, comunicación personal, 16 de enero de 2023.
[22] M. Arellano, comunicación personal, 17 de enero de 2023.
[23] H. Caldera,comunicación personal, 16 de enero de 2023.
[24] D. Salazar, comunicación personal, 20 de enero de 2023.
[25] J. Sodja, comunicación personal, 20 de enero de 2023.
[26] M. Linares, comunicación personal, 22 de enero de 2023.
[27] Espacio Público. (5 de julio de 2022). Conatel sacó del aire a la emisora Candela 92.9 FM del estado Cojedes. https://espaciopublico.ong/conatel-saco-del-aire-a-emisora-candela-92-9-fm-del-estado-cojedes/
[28] P. Guerra, comunicación personal, 1 de julio de 2022.
[29] Espacio Público. (30 de mayo de 2021). Diario El Tiempo deja de circular luego de 60 años de labor. https://espaciopublico.ong/diario-el-tiempo-deja-de-circular-luego-de-60-anos-de-labor/
[30] Espacio Público. (5 de junio de 2021). Aumentan bloqueos a portales de noticias en Venezuela. https://espaciopublico.ong/aumentan-bloqueos-a-portales-de-noticias-en-venezuela/
[31] Ve Sin Filtro. (1 de febrero de 2022). Más bloqueos contra medios de noticias en Venezuela. https://vesinfiltro.com/noticias/2022-02-01-bloqueo-Noticias/
[32] El Nacional. (1 de julio de 2022). NTN24 cerrará su oficina en Caracas. https://www.elnacional.com/venezuela/ntn24-cerrara-su-oficina-en-caracas-informo-periodista/
[33] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Artículo 13. Convención Americana sobre Derechos Humanos http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=25&lID=2
[34] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Declaración de principios de libertad de expresión. https://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos13.htm
[35] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Declaración de principios de libertad de expresión. https://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos13.htm
[36] Espacio Público. (2 de mayo de 2019). Las zonas silenciadas en Venezuela. https://espaciopublico.ong/las-zonas-silenciadas-en-venezuela/
[37] CIDH (15 de marzo de 2017). Zonas silenciadas: Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ZONAS_SILENCIADAS_ESP.pdf
[38] Los Angeles Time. (17 de diciembre de 2022). México: 2022, el año más mortífero para los periodistas. https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-12-17/mexico-2022-el-ano-mas-mortifero-para-los-periodistas
[39] Espacio Público. (7 de agosto de 2018). Exhortos: censura impuesta por Conatel. https://espaciopublico.ong/exhortos-censura-impuesta-por-conatel/
[40] Marcelino Bisbal. Periodista, Investigador y Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, Director de AB Ediciones.
[41] Prodavinci. (1 de mayo de 2018). Marcelino Bisbal: «Los medios de comunicación han tenido que amoldarse a un Estado controlador». https://prodavinci.com/marcelino-bisbal-los-medios-de-comunicacion-han-tenido-que-amoldarse-a-un-estado-controlador/
[42] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 57- 58.
[43] CIDH (15 de marzo de 2017). Zonas silenciadas: Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ZONAS_SILENCIADAS_ESP.pdf
