El Tribunal Segundo de Control del estado Falcón (noroeste), a cargo del juez Diego Pinto, dictó el 15 de marzo una medida privativa de libertad por “instigación al odio” en contra del ciudadano y creador de contenidos, Armando Sarmiento, quien había sido detenido cuatro días antes.
La información fue confirmada a Espacio Público por la periodista local Marty Barbera, quien asistió a la audiencia junto con otra periodista de un diario regional. La audiencia había sido diferida del jueves hasta el viernes, porque la Fiscalía no tenía elementos de convicción; sin embargo, los abogados defensores aseguran que no se encontraron motivos razonables para mantener detenido a Sarmiento.1
Sarmiento, creador de contenidos y miembro de l comunidad digital Brolleros TV, fue detenido el 11 de marzo por funcionarios de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) mientras iba a un gimnasio en la ciudad de Coro, capital de Falcón.
La detención se produjo luego de que se hiciera viral en redes sociales un material audiovisual considerado crítico con la gestión de Nicolás Maduro, quien en días pasados había visitado la ciudad de Coro y la comparó con Chicago, Estados Unidos.
La periodista Marty Barbera comentó que, presuntamente, la hija del ciudadano al que entrevista Sarmiento en el video fue quien hizo la denuncia porque “lo obligaron a declarar eso”. Al ciudadano lo visitaron en su casa y le preguntaron quién lo había grabado.
“Aunque él no es periodista, esa cuenta es más que todo política. Lo que pasa es que aquí han cerrado tantos espacios (informativos) que la gente envía las denuncias a ellos (Brolleros TV). Como ellos sí se atrevían a sacar las denuncias, los estaban vigilando”, dijo la comunicadora.1
Solo entre 2020 y 2023, documentamos la detención de 36 personas por publicar comentarios o contenido crítico en contra de funcionarios del Estado a través de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea.
El Estado viola el derecho a la libertad de expresión constantemente haciendo uso del “delito” de instigación al odio, promulgado de forma ilegal por la extinta asamblea nacional constituyente, el cual no cumple estándares internacionales de derechos humanos.
Continuamos denunciando el uso de la inconstitucional normativa contra el odio como herramienta de persecución política y que busca generar un efecto censor en periodistas, medios, organizaciones y la ciudadanía, con el fin de limitar que se publique contenido crítico.
