Civicus actualizó la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela frente al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas el 19 de marzo, explicando cómo “la persecución gubernamental es más brutal, esta vez ante las elecciones, momentos en los que la violencia estatal aumenta”1.
La declaración tuvo lugar durante el Diálogo interactivo sobre la actualización oral del Alto Comisionado sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el marco del 55° período ordinario de sesiones; ilustró con ejemplos que “el abuso de poder como castigo sigue hacia personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas, liderazgos sociales, gremiales, políticos y ciudadanos”2.
Marysabel Rodríguez, representante de Civicus y Coordinadora del Programa de Observatorio Social de Espacio Público, Comentó los casos de Carlos Salazar, detenido por la difusión de un video de Alex Saab; y las al menos 10 detenciones en 2023 por supuesta “instigación al odio”, un delito tipificado en la ilegal normativa contra el odio, prumulgada fuera del marco de la ley por la ilegítima asamblea nacional constituyente, órgano paralelo a la Asamblea Nacional y ya extinto.
Durante la intervención, Rodríguez actualizó la situación de la censura: al menos 12 emisoras cerradas en 2023 y ocho fuera del aire netre enero y febrero de 2024, en procesos irregulares; por otra parte, el gobierno prohibió la cobertura de las elecciones primarias de la oposición bajo excusa de ser un acto ilegal, lo que también niega el ejercicio del derecho a la asociación.
Civicus exhortó al CDH a fortalecer el mandato de la Oficina del Alto Comisionado y el de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, que investigan presuntos crímenes de lesa humanidad en el país. “Restar mecanismos de seguimiento deja a la población aún más indefensa, en especial frente a un proceso electoral sin garantías para las libertades civiles básicas”2, afirmó.
