El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público iniciará un proceso de investigación contra los líderes de oposición que decidan no participar en las elecciones municipales convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por considerar que no existen las condiciones adecuadas para asistir.
Saab asegura que según el Código Orgánico Procesal Penal (COOP) los opositores que decidan no participar o llamar a la abstención podrían ser imputados por delitos de “conspiración”.
“Aquí se habla alegremente de fraude, pero entonces cómo es posible que todos los partidos políticos firmen las actas”1, argumentó el fiscal en una rueda de prensa.
Asimismo, Saab explicó que desde la Fiscalía se prepara una investigación no solo en contra de los ciudadanos que han llamado a desconocer las instituciones del país, “sino también a llenar de sangre” al país por medio de un “clima de violencia”.
El recién designado fiscal no es el primer funcionario que amenaza con cárcel a quien se abstiene de participar en el ejercicio de un derecho político, días atrás Nicolás Maduro hizo lo mismo, cuando un sector de la sociedad manifestó la posibilidad de no participar en las elecciones municipales.
No existe en el ordenamiento jurídico venezolano ningún artículo que califique como hecho punible la abstención de participar en procesos electorales. El ejercicio de los derechos políticos debe ser una garantía y el cuestionamiento de la actuación de los poderes públicos no debe ser considerado delito pues la contraloría social es una forma de ejercer ciudadanía.
Citando la Constitución en su artículo 62 todos los venezolanos tienen la capacidad de intervenir en asuntos públicos, cuestionar sus acciones, y contribuir al debate para enriquecer la democracia.
“Toda persona que se encuentre en territorio venezolano sea hombre o mujer, mayor de dieciocho (18) años de edad, tendrá la capacidad de intervenir o colaborar sin ninguna restricción en las materias o asuntos jurídicos que sean de carácter público, ya sea directamente, o a través, de su representante electo.
La colaboración de la sociedad en la formación, ejecución y control de la administración pública es el medio final para lograr la proliferación que garantice su progreso total, tanto individual como en agrupaciones. El estado está bajo la obligación y deber de la sociedad facilitar la variedad de las condiciones más favorables para su uso” 2.
Referencias
