Por Fátima Arévalo1.
En el 2017 el Estado venezolano ignoró las exigencias de la ciudadanía a la que se debe, al imponer una agenda particular alejada de las necesidades de las personas. La crisis política empeoró, paralelo a una problemática social apremiante en la que el acceso a alimentos y medicinas es cada vez más difícil. La calidad de vida de los venezolanos se degenera a un ritmo alarmante y se incrementa la denuncia como mecanismo de resistencia y presión al poder. El carácter inédito de la crisis se corresponde con el alcance de la respuesta ciudadana de movilización, así como con el nivel de la represión.
Al entorno digital se extendió esta lógica. El Estado fue más diligente al bloquear el acceso a portales que hacían cobertura de las protestas que tuvieron lugar entre abril y julio, que en la atención de las denuncias de caída del servicio de internet por causas delictivas o fenómenos naturales. En ambos casos la capacidad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole por internet se vio limitada por omisión, respuesta tardías y poco eficientes o negligencia de las instituciones públicas que administran el área de telecomunicaciones.
En el ámbito de la web, Espacio Público registró más de 50 casos en los que se vulneró el derecho a la libertad de expresión, esto representa un aumento del 300% con respecto al 2016 en el que se contabilizaron 17 casos.
Del total de incidencias registradas, 21 fueron violaciones del mundo offline que encontraron canales de ejecución en el mundo online: 9 amenazas, 8 hostigamientos verbales, 2 intimidaciones y 2 hostigamientos judiciales. Los otros 30 registros, fueron violaciones propias de la red de redes: 12 ataques cibernéticos, 6 bloqueos, 8 hackeos, 2 caídas temporales de portales, 2 piratería de perfiles y 1 desindexación.
Todas estas acciones tienen como finalidad impedir la expresión y así reducir la circulación de ideas e informaciones que alimenten del debate público, en particular en un contexto crítico, con la intención de consolidar un único discurso, que ignore las necesidades y la posibilidad de reclamar al poder, la imposición del silencio trasciende al internet. Los siguientes hechos dan cuenta de ello:
Ataques a ONG: Silenciar a quien denuncia
En el ecosistema digital las organizaciones no gubernamentales encuentran canales de comunicación que les permiten visibilizar el trabajo de investigación, educación y contraloría social que cada una realiza e incluso ejecutar parte de sus acciones. En el caso de Venezuela la potencialidad que ofrece internet se redimensiona e incrementa, ya que el sistema de medios de difusión tradicionales (offline) padece serias restricciones que se traducen en censura y autocensura.
De más de 50 casos de violaciones a la libertad de expresión en el entorno digital registrados durante el año pasado, 7 tuvieron como víctimas a organizaciones no gubernamentales.
La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos enuncia en su artículo 18 “una importante función y una responsabilidad” para las ONG: “la protección de la democracia”.
En el ejercicio de este potestad, 6 ONG venezolanas vieron obstaculizado su derecho a difundir información por internet, lo que también significa que la ciudadanía dejó de recibir las ideas y los contenidos, incómodos al gobierno porque denuncian la desconfiguración de la democracia y la instauración de un régimen no democrático. En este contexto de crisis, la invocación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos como protector de la libre expresión devela su razón de ser, que es precisamente la garantía del decir como contrapeso y límite al poder.
Uno tras otro: cronología de los hechos
El jueves 9 de marzo los portales de las ONG Acción Solidaria y Provea sufrieron sendos ataques cibernéticos. Como resultado la página web de Acción Solidaria quedó sin contenido y el sitio de Provea estuvo caído por 30 minutos.
Feliciano Reyna, Director Ejecutivo de Acción Solidaria, manifestó su preocupación frente al hecho que impidió “informar a los usuarios sobre la distribución de medicamentos en varias zonas del país”.
Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea, relacionó lo sucedido con la solicitud que 45 organizaciones de la sociedad civil hicieran el 2 de marzo a Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), de activar la de la Carta Democrática a Venezuela.
El 10 de marzo, la página web de la Conferencia Episcopal Venezolana fue hackeada. El último documento que se había publicado en este portal fue Exhortación Pastoral de la Centésima Séptima Asamblea Ordinaria CEV titulada Jesucristo Luz y Camino para Venezuela, en la que los obispos señalan:
Muchas son las razones que han conducido al país a la actual situación. La causa fundamental, como lo hemos afirmado en otras ocasiones, es el empeño del Gobierno de imponer el sistema totalitario recogido en el “Plan de la Patria” (llamado Socialismo del Siglo XXI), a pesar de que el sistema socialista marxista ha fracasado en todos los países en que se ha instaurado, dejando una estela de dolor y pobreza.
El 20 de marzo, la página web del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero Marzo de 1989 (Cofavic) fue atacada por hackers, quienes impidieron a la organización acceder y administrar el sitio durante cuatro horas.
La acción se ejecutó en el contexto del 156° período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que Cofavic participó en la sesión “El derecho a la verdad y el informe de la Comisión de Justicia y Verdad de Venezuela”.
El 12 de agosto, Provea informó que su proyecto nombreyverguenza.org.ve sufrió ataques razón por la que se encontraba fuera del aire. Ese mismo día, Ciudad Caracas medio impreso que se define como “diario de la Revolución Bolivariana editado por la Alcaldía de Caracas”, publicó un artículo titulado Provea fomenta crímenes de odio en Venezuela texto en el que califica la iniciativa de la ONGcomo “una web para exponer al desprecio público a funcionarios gubernamentales”.
Finalmente el 23 de septiembre, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela informó que su portal había sufrido ataques de denegación de servicios, razón por la que el sitio estuvo fuera de línea por varios días y el 24 de octubre, la Asociación Civil Convite dio a conocer a la opinión pública que el directorio web de ancianatos fue hackeado.
La posibilidad de que las ONG y cualquier individuo pueda expresarse en internet, define a Ia red de redes como un espacio plural. En este sentido la CIDH valora la necesidad de que los Estados “adopten medidas por todo los medios apropiados” para:
- garantizar que todas las personas –especialmente aquellas que pertenecen a grupos vulnerables o que expresan visiones críticas sobre asuntos de interés público– puedan difundir contenidos y opiniones en igualdad de condiciones
- w asegurar que no haya un trato discriminatorio a favor de ciertos contenidos en Internet, en detrimento de aquellos difundidos por determinados sectores.
La equidad debe regir el flujo informativo en línea: ¿qué pasó con Vivo Play, VPI y Capitolio TV?
Entre el 27 y 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió par de sentencias en las que anuló decisiones del parlamento, comprometió la inmunidad de sus miembros y trasladó parte de las funciones legislativas al poder ejecutivo nacional.
El 31 de marzo la Fiscal General del país, Luisa Ortega Díaz, durante la presentación de la Memoria y Cuenta del Ministerio Público correspondiente al año 2016, afirmó que las decisiones emanadas del poder judicial constituían una ruptura del hilo constitucional.
A raíz de estas declaraciones, valoradas por el gobierno de Nicolás Maduro Moros como un “impasse” entre la Fiscalía y el Tribunal. Luego de varios comunicados de distintas instancias locales e internacionales que ratificaron la ilegitimidad de las sentencias 155 y 156, los diputados de oposición y otros políticos agrupados en la Mesa de la Unidad (MUD) comenzaron a convocar a movilizaciones de calle pacíficas para exigir: elecciones regionales y generales, apertura del canal humanitario, liberación de los presos por razones políticas y devolución de las competencias a la Asamblea Nacional.
La cobertura de las protestas por parte de los medios tradicionales fue tímida, como consecuencia de un ecosistema de medios reducido tras años de restricciones y sanciones, que surten un efecto inhibidor en los medios que se mantienen. El cierre de más de 50 emisoras de radio y televisión en 2017 revela el alcance de una lógica estatal arbitraria en aras de silenciar aquello que cuestione su accionar y en particular, que revele sus abusos.
Los medios digitales se posicionaron entonces como fuentes claves de información, pues ofrecían cobertura amplia de lo que sucedía en las calles, dando cuenta de la represión con la que el gobierno respondió a las manifestaciones ciudadanas, un abuso sistemático de la fuerza que cegó la vida de más centenar de venezolanos.
La represión no será transmitida
En horas de la mañana del 7 de abril de 2017 los portales informativos Vivo Play, Venezolanos Por la Información (VPI) y Capitolio TVfueron bloqueados por las principales proveedoras de internet del país. Los canales hacían transmisión vía streaming del desarrollo de las manifestaciones.
Carlos Hulett, Presidente de Vivo Play y Adriana Salazar, Jefa de Prensa de VPI aseguraron que no recibieron notificación de Conatel que anunciara o justificara la acción. Vivo Play sorteó la censura abriendo la señal en directo en más de 15 páginas web aliadas “multiplicando por más de diez la audiencia promedio” que tenía.
Entre los meses de febrero y septiembre, un total de 13 sitios web de noticias fueron víctimas de ataques cibernéticos. Diez de ellos se perpetraron de marzo a julio, meses de importante demanda informativa a causa de las movilizaciones opositoras.
En marzo, los medios afectados fueron: Caraota Digital , El Pitazo , Valera Noticias , Sumarium y el Correo del Caroní. Mientras que Contrapunto y El Estímulo, estuvieron parcialmente fuera de línea en abril. Reporte Confidencial y Analítica fueron atacados en mayo y Punto de Corte en el mes de julio.
El principio de neutralidad en la red se fundamenta en que “el tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen y/o destino del material, servicio o aplicación”. Razón por la cual está prohibido “el bloqueo, la interferencia, la discriminación, el entorpecimiento y la restricción del derecho de cualquier usuario para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido”.
La organización Venezuela Inteligente luego de confirmar el origen de los bloqueos, y al verificar que careció de procesos ciertos, solicitó a Conatel que diera cuenta de: si ordenó los bloqueos contra los portales de Vivo Play, VPI y Capitolio TV; las razones que motivaron dicha decisión; los criterios a los que obedeció la medida; quién y con qué base legal giró la instrucción y hasta cuándo se prolongaría el bloqueo.
La CIDH describe los supuestos sobre los que se podría, eventualmente, restringir la libre circulación en la transmisión del tráfico de Internet:
- “para preservar la integridad y seguridad de la red
- para prevenir la transmisión de contenidos no deseados por expresa solicitud –libre y no incentivada– del usuario
- para gestionar temporal y excepcionalmente la congestión de la red”.
El contexto en el que se produjeron lo bloqueos, y el silencio de Conatel a la luz de los estándares internacionales, evidencian que se trata de una medida irregular, tanto en forma como en fondo.
¿Se abre la brecha digital? Robos de cableado y cortes de fibra óptica
El año 2017 se caracterizó por una agudización en la crisis de servicios básicos. En la cotidianidad las y los venezolanos sortearon problemas para trasladarse en transporte público, para completar su dieta diaria, para obtener dinero en efectivo, además de ajustarse a cortes eléctricos y de agua, planificados o no. La conexión a internet que ofrece el Estado (y las operadoras privadas) no se libró de esta dinámica de desgaste.
El 20 de febrero de 2017 Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, al sur del país, presentaba fallas con la conexión a Internet de ABA. Según información oficial se debía a una irregularidad en la central eléctrica de Puerto Ordaz, sin embargo la misma ya había sido subsanada durante la mañana del 19 de febrero.
El 2 de agosto los usuarios de ABA de la ciudad de San Cristóbal, capital del estado andino de Táchira, al oeste de Venezuela, se quedaron sin conexión a la red de redes. Cantv informó que la situación se produjo por un corte de 150 metros de fibra óptica entre El Vigía y Coloncito.
A mediados de noviembre, un robo de cables de Cantv en El Paraíso, zona del oeste de Caracas (el segundo durante el último trimestre de año) dejó sin servicio de telefonía e Internet ABA a 20.000 residentes de la zona. Los puntos de ventas de los comercios también se vieron afectados. A finales de mes la estatal no había aplicado los correctivos necesarios para restitución del servicio.
Las situaciones descritas dan cuenta de irregularidades ejecutadas por terceros, cuya resolución es responsabilidad del Estado, se han sostenido en el tiempo y tienen lugar en todo el territorio nacional, situación que limita el acceso a internet de las y los usuarios venezolanos.
El acceso universal a internet, uno de los principios orientadores del derecho a la libertad de expresión en el entorno digital, se refiere a la capacidad del Estado de “garantizar la conectividad y un acceso ubicuo”, es decir para todos y en todo lugar, “a la infraestructura de Internet y a los servicios de las TIC”. Los hurtos de cables y cortes de la fibra óptica impiden la conexión real a la web y por tanto se reducen los espacios para que las y los ciudadanos puedan “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.
Los portales de Conatel y Cantv, órganos que deberían ofrecer regularmente estadísticas detalladas sobre el robo de cables, o los cortes de fibra óptica e información sistematizada sobre los planes de seguridad para atender esta contingencia, no publican estos datos. Las cifras generales son compartidas en algunas notas de prensa.
Hasta noviembre 2017, Cantv contabilizó 162 cortes en el tendido de fibra óptica y 26.917 metros de cables de telefonía recuperados. Además, de enero a septiembre de 2017, un total de 575 personas fueron detenidas “por vandalismo en las redes de telecomunicaciones”.
Urge al Estado venezolano generar políticas públicas destinadas a “eliminar las barreras arbitrarias de acceso a la infraestructura, la tecnología y la información en línea” como primer paso para hacer efectivo el derecho a la libertad de expresión en internet en el país.
La red descentralizada amenaza al autoritarismo
En la medida en que internet potencia voces y diversifica la participación, se convierte en un riesgo para sistemas no democráticos que reinventan los mecanismos de censura.
Sin embargo, estos regímenes reproducen, por su propia condición, lógicas monopolizadoras, al concentrar el poder y actuar bajo dinámicas impositivas, y en particular sobre recursos limitados. De allí que las restricciones en la web no sean más que extensiones de las limitaciones en el mundo offline, donde los recursos son finitos.
El internet, por el contrario, es una nube, inmaterial, además de ser hiper extensa y descentralizada. Esto es una ventaja en cuanto a los desafíos para mermar su alcance. Pero la infraestructura, como uno de esos elementos físicos en los que se basa la conexión, es administrada por el Estado, que reconoce el daño que puede hacer mediante un manejo discrecional y arbitrario.
Los esfuerzos, así como los costos y las limitaciones que tiene el gobierno para atentar contra la web, demuestran la importancia del internet como espacio de libertad, instrumento para la denuncia y organización social. Queda de parte de la sociedad conquistar, capitalizar y reivindicar esos logros, con mayor compromiso y apropiación de la web como medio para ejercer y exigir derechos.
Referencias
