Con 38 violaciones a la libertad de expresión, correspondientes a 15 casos, entre los que destacan la intimidación, agresiones y amenazas cerró el noveno mes del año. El mayor número de víctimas son periodistas, trabajadores públicos y medios de comunicación, y los victimarios más frecuentes son funcionarios, cuerpos de seguridad y grupos violentos.
Con las cifras de septiembre suman 893 violaciones en todo el año, pertenecientes a 400 casos, entre las que destacan 100 detenciones números que evidencian una escalada en los niveles de abuso que buscan censurar y silenciar a los ciudadanos que no descansan en su afán por buscar, recibir y difundir información.
La impunidad de los grupos violentos
En al menos cuatro de los casos que ocurrieron este mes, los victimarios fueron grupos de civiles violentos, quienes actúan muchas veces, a la vista de los cuerpos de seguridad sin que resulten castigados por ser responsables de las agresiones. Estos hechos cumplen un patrón progresivo de naturalización de la violencia, y la falta de castigo a los responsables fomenta la impunidad1.
El pasado 23 de septiembre, en San Cristóbal, estado Táchira los trabajadores de la planta transmisora de Radio Mundial 860 AM y Radiodifusora Cultural del Táchira 1190 AM, fueron amenazados por civiles armados, quienes permanecieron apostados durante largo rato frente a las instalaciones de la radio. El personal que estaba de guardia en la estación radial tras observar la situación, enfrentaron a los sujetos y les exigieron que dejaran el lugar, pero éstos se retiraron luego de la llegada de las comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Policía del estado Táchira que acudieron al sitio luego de que el director de Radio Mundial, Nelson Vinicio Chacín Fernández, denunciara al aire el ataque que estaban sufriendo.
El mismo día pero en Caracas, el camarógrafo del canal de televisión digital Venezolanos por la Información (VPITV), Jhonathan Bello, resultó herido por otro grupo de civiles violentos que atacó la caminata que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó realizaba por la avenida San Martín. Bello fue alcanzado por una piedra mientras grababa lo que sucedía cuando los civiles identificados con el Gobierno dispararon, lanzaron agua, piedras e insultos a los ciudadanos que esperaban a Guaidó para realizar un casa por casa en la parroquia San Juan.
También en la ciudad capital, el fotorreportero del portal digital Analítica.com, Valentín Guimaraes, resultó agredido por un sujeto violento cuando realizaba la cobertura de una protesta convocada por el gremio docente el lunes 16 de septiembre. Durante la protesta los maestros venezolanos se dirigían a la sede de la Vicepresidencia de la República, ubicado en el centro de Caracas, para exigir reivindicaciones laborales a propósito del inicio del nuevo año escolar, sin embargo, funcionarios de la GNB y la PNB bloquearon las esquinas que dan con la sede del organismo.
Los funcionarios de seguridad impidieron el paso de la marcha pero no hicieron nada para controlar a un grupo de sujetos armados y aproximadamente 10 motorizados que dispararon en medio de la manifestación para amedrentar a los maestros y a la prensa que cruzaban por el Bulevar Panteón.
Detenciones
Luego de que denunciaran a los medios de comunicación las condiciones laborales a las que son sometidos en la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), Nancy Vaca, Omar Silva, Freddy Navarro, Jackelin Rodríguez, Octavio Pereira y Ortencia López fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado 4 de septiembre en Maracay, estado Aragua.
Los funcionarios de la Dgcim llegaron a primera hora a la empresa y luego llamaron a los trabajadores a la oficina de Recursos Humanos, los trasladaron a la sede de la Dgcim en Maracay donde fueron interrogados luego de revisarles sus teléfonos celulares.
“Por trasladar material subversivo” funcionarios de la PNB, detuvieron la tarde del jueves 19 de septiembre al trabajador de la industria gráfica, José Guillermo Mendoza. La impresión de la promoción del cd musical “Ministro: Cuál es su trabajo? -un extraño tributo al punk venezolano” de la banda Agente Extraño, promovido por las ONG Provea, Redes Ayuda y Humano Derecho Radio.
Mendoza fue trasladado a la sede de la PNB en El Helicoide siendo liberado el viernes 20 de septiembre tras permanecer 18 horas siendo sometido a interrogatorios. El equipo legal de Provea se trasladó a la sede del organismo luego de que se les solicitara presentarse para explicar el origen del material, sin embargo, quedaron a la espera de que los dejaran entrar.
Agredidos y hostigados
Los periodistas Wandort Dumont de 800 Noticias y Stefany Brito de El Nacional, fueron amenazados mientras hacían la cobertura de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) por un sujeto desconocido, este martes 24 de septiembre.
Dumont y Brito transmitían la intervención del diputado Darío Vivas, cuando una trabajadora de Asamblea Nacional Televisión (ANTV), se exaltó mientras le reclamaba al diputado ser el culpable de robarse el presupuesto y los equipos de la televisora de la AN y de despedir a los trabajadores que la fundaron. Mientras eso sucedía una trabajadora oficialista le reclamó a quien protestaba, Dumont abrió la toma para mostrar lo que estaba sucediendo cuando un sujeto desconocido lo hostigó pidiéndole que dejara de grabar.
“Una trabajadora oficialista le empezó a reclamarle a ella, yo me abrí para ampliar la toma y en ese momento me manoteó a mi diciéndome que deje de grabar, en ese momento le digo que no puede tocarme ni a mí ni a la cámara, los demás colegas le empezaron a reclamar que ese era el palco de la prensa, que ella está en su legítimo derecho de reclamar, que si él no debía estar allí si no era de la prensa, en ese momento me dijo que nos esperaba afuera”2.
Prohibido denunciar
El Tribunal Penal Tercero de Control de San Juan de los Morros ordenó el pasado martes 9 de septiembre, una medida que le prohíbe a Wilmer Quintana hablar o publicar denuncias referente a los casos de corrupción con las cajas de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) en el estado Guárico.
El documento además de ordenar su excarcelación expresa que es una medida cautelar “menos gravosa” además de exhortarle a “estar atento al proceso” y prohibirle la publicación “o hacer comentarios en redes sociales relacionadas con las víctimas”.
Quintana fue detenido el 12 de julio por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), en la capital de Guárico. Había recibido el 19 agosto una medida de arresto domiciliario, luego de permanecer detenido 37 días por denunciar en redes sociales casos de corrupción en la distribución de gas domestico y las bolsas de alimentos de los Clap, en San Juan de los Morros, estado Guárico.
El sistema de justicia se muestra incompetente para procurarla, pasando por alto que no solo vulneran drásticamente la libertad de pensamiento y opinión del periodista o infociudadano sino que afectan de manera colectiva el derecho que tiene toda la sociedad de dar y recibir información.
Entre las consecuencias de estas violaciones está el arraigo del temor a la denuncia, sumado a que los principales victimarios son figuras del Estado. Estas prácticas constituyen un ataque sistemático en materia de libertad de expresión y las consecuencias reales se evidencian en la censura, la autocensura y la ausencia de espacios de intercambio libre, abierto y plural de ideas o información esenciales en las sociedades democráticas.
Referencias
