La diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) al Consejo Legislativo del estado Táchira (Clet), Nellyver Lugo, solicitó a la Comisión permanente de Política, Justicia, Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y Frontera, a la Comisión Nacional de telecomunicaciones (Conatel) y al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación en contra de los medios digitales Táchira Noticias, Táchira Norte, Reporte.V, Noticias Tachirenses, Crónica Policial, Fogón Informativo y El Pitazo, por la presunta difusión de vídeos e imágenes violentas.
En la plenaria del miércoles 10 de julio, Lugo se refirió a las imágenes publicadas por los portales del joven Rufo Antonio Chacón Parada, de 16 años de edad, quién perdió la visión en una manifestación después de que un efectivo de la Policía del Táchira (Politáchira) le disparara perdigones en el rostro.
“Estamos presentando ante la plenaria de este Clet una denuncia acerca del contenido y las imágenes que algunas páginas web y algunas cuentas de las redes sociales han venido transmitiendo, generando situaciones dentro de nuestro pueblo tachirense, que evidentemente nos exhorta a nosotros a tomar algún tipo de decisiones”, indicó Lugo al tiempo que mostraba al resto de los diputados el contenido difundido por los medios.
La diputada insistió en que el CLET tiene la potestad de regular los contenidos de los medios, pues estos pueden producir sensibilidad en la población; ignorando la legislación nacional e internacional en materia de libertad de expresión e información.
“Es función de este parlamento poder conocer sobre estas investigaciones pero también tratar de que se evite definitivamente que contenidos como éstos sean quizás la agenda de los jóvenes, niños, adolescentes, que en un momento determinado son los que mayormente utilizan las redes sociales como instrumento para buscar información pero que terminan convirtiéndose en promotores de hechos que nuestra sociedad tendría que evaluar” expresó en su discurso 1.
Exigimos el cese de este tipo prácticas intimidatorias contra quienes realizan la labor de informar, difundiendo hechos de carácter público. Los funcionarios públicos deben tener claro que el rol del Estado no es “controlar” los contenidos de los medios de comunicación, pues este tipo de conductas constituyen un ataque contra libertad de expresión y el derecho a la información.
Referencias
