En septiembre documentamos 27 casos que corresponden a 49 violaciones a la libertad de expresión. El pasado mes, la intimidación, el hostigamiento judicial y las amenazas resultaron ser las violaciones más frecuentes.
La mayoría de las víctimas fueron: periodistas (48%), medios de comunicación (4%) y particulares (4). Los principales agresores resultaron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios.
Al cierre del noveno mes, Venezuela acumula al menos 796 violaciones al derecho, entre las que destacan: detenciones ciudadanos y periodistas en el contexto de manifestaciones por la exigencia de servicios públicos.
La mayoría de los casos ocurrieron en Internet, seguidos de los estados Yaracuy y Bolívar, quienes tuvieron importantes focos de manifestaciones.
Detenidos por informar
Funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), detuvieron al reportero gráfico del canal de noticias NTN24, Rafael Hernández, el martes 1 de septiembre tras tomar una fotografía a un efectivo de este cuerpo policial en Boleíta, Caracas.
Hernández estaba en la cobertura de liberaciones a presos políticos, que fueron indultados el pasado lunes 31 de agosto por Nicolás Maduro. El fotógrafo estaba diagonal a la sede de la Dgcim cuando le tomó una gráfica a un efectivo de espaldas que pasó sobre una camioneta tipo Pick-up.
En Santa Teresa del Tuy, estado Miranda, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo durante dos horas al ciudadano Ciro Infante por reclamar en una estación de servicio el pasado 3 de septiembre.
Infante luego de casi cinco horas de cola en el lugar, increpó al uniformado sobre el porqué avanzaban carros que no estaban en la fila y el funcionario amenazó con detenerlo por 45 días, diciéndole que debía pagar una cantidad de dinero para poder salir.
Una situación similar vivió el cirujano maxilofacial, Williams Arrieta, detenido en una estación de servicios en Ciudad Guayana el 9 de septiembre por protestar.
Arrieta, fue golpeado por aproximadamente 8 agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en una cola de gasolina, luego de que protestara por presuntas irregularidades en la venta de combustible.
El Tribunal Cuarto de Control le otorgó libertad plena al odontólogo, tras más de 24 horas detenido. También le otorgaron una medida de proteccción para él y su familia. Adicionalmente, el Ministerio Público solicitó orden de captura para los funcionarios implicados en la agresión.
Sandino Yaguare y Gabriela Jiménez, ambos del medio ImpactoVE; y el reportero de AP, Juan Carlos Hernández, cubrían la llegada de los buques iraníes a Puerto Cabello, el martes 29.
«Estabamos cubriendo la llegada a la refinería del buque iraní, Forest, tenía 20 minutos cuando llegó la GNB y nos llevaron al módulo» explicó Yaguare.
“Los efectivos ruletearon a los reporteros por varios comandos de la localidad y les revisaron el material, posteriormente les hicieron firmar un acta que constaba no haber sido agredidos La detención duró alrededor de una hora. #29Sep“
ImpactoVE informó que la detención duró solo unos minutos. Según el medio la GNB argumentó que los reporteros estaban en “zona de seguridad”.
En un acto de intimidación, un funcionario de la GNB grabó a la periodista Mariangel Moro y su camarógrafo Jesús Fonseca, cuando cubrían una protesta en Acarigua, estado Portuguesa, el lunes 28 de septiembre.
El equipo de Venezolanos por la Información (VPITV) realizaba la cobertura de las protestas que ocurrieron en la capital del estado, cuando en medio de la entrevista un teniente de la GNB empezó a grabar no solo al equipo, sino a los ciudadanos que estaban declarando.
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Los periodistas son el blanco
En el estado Yaracuy, cuatro periodistas fueron agredidos por funcionarios de la policía estadal mientras daban cobertura a las protestas en el municipio Independencia. El reportero Ricardo Tarazona narró que en dos ocasiones les lanzaron bombas con gas pimienta desde la patrulla número 106, comandada por el funcionario Stanley Bartolo Colina.
En Carabobo, el alcalde de Puerto Cabello, Juan Carlos Betancourt, hostigó y amenazó con tomar acciones legales en contra de Francisco Chirinos, corresponsal de El Pitazo; y la periodista Alexandra Rojas del portal de noticias Pateando la Calle.
Los periodistas publicaron información sobre la Operación Príncipe, ejecutada por el Sebin contra la banda Sinsalud, que opera en el estado Carabobo. Chirinos comentó en entrevista a Espacio Público, “lo que dijo el Alcalde es que íbamos a tener que demostrar unas injurias, unas difamaciones contra él. Nosotros no hemos mencionado en el programa de radio ni en la nota de El Pitazo siquiera el nombre del Alcalde, quien según las versiones que circulan por Internet sí está involucrado en ese caso”.
Las agresiones no quedan aquí, Nicolás Maduro se sumó a los victimarios cuando hostigó al periodista Alonso Moleiro en una transmisión televisiva. Maduro señaló a Moleiro de mentiroso, y se quejó de que utilizara el reciente informe de la Misión de Determinación de los hechos, cito, “contra mí, contra Venezuela”. El mencionado informe narra, describe y califica violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde el 2014, identificando a Maduro como uno de los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Violación indirecta
El periódico Yaracuy al día salió de circulación el pasado 25 de septiembre, a causa de la escasez de gasolina. La crisis del combustible afectó la distribución de los ejemplares físicos del diario.
A los pocos días del anuncio público de la salida de circulación del diario, autoridades regionales facilitaron el proceso para que el diario volviera a circular.
Otro medio afectado en septiembre por este tipo de violaciones es la emisora Cool 101.7 FM que transmite en Cumaná, estado Sucre, cuando delincuentes desvalijaron su sede ubicada en el nivel mezzanina del edificio La Copita, de Cumaná, la madrugada del martes 15.
Dos computadoras, dos televisores, un aire acondicionado y una cafetera fue parte del material sustraído de la emisora.
