Entre enero y agosto registramos 249 casos que se traducen en 507 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela[1]. Esta cifra representa un incremento del 89% con relación al número de casos y del 94% con respecto al número de violaciones documentadas en el mismo periodo del año pasado. El registro de casos experimentó un comportamiento regular durante los primeros seis meses del año, con un promedio de casos mensuales de 16. Sin embargo, en el mes de julio se registraron 98 casos, en su mayoría derivadas de la coyuntura electoral del 28 de ese mes. Seguidamente la escalada represiva postelectoral dejó el saldo de 56 casos registrados en el mes de agosto.
Tal como las cifras lo reflejan, en agosto el derecho a la libertad de expresión en Venezuela estuvo condicionado por el proceso electoral presidencial. En tal sentido, se registró un elevado número de detenciones a propósito de la difusión de información vinculada a la elección, así como limitaciones en coberturas y restricciones en línea tras la publicación de contenidos relacionados a las presidenciales del 28 de julio.
Las principales violaciones al derecho a la libertad de expresión registradas fueron intimidación (168), censura (101), hostigamiento judicial (65), hostigamiento verbal (60) y restricciones administrativas (55).
Un hecho es el asesinato del locutor Miguel Ángel Molina, a quien hallaron funcionarios de la Policía de Colombia el 21 de junio en la trocha La Marina, paso fronterizo entre el estado Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander, según informaron medios locales. De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Molina era director general de Melodía 90.1 FM, una emisora comunitaria, mientras que un medio tachirense señaló que Molina no tenía relación laboral con la emisora para el momento del asesinato[2]. A la fecha de redacción de este informe se desconocen públicamente avances en la investigación y las razones del homicidio[3].
Tipos de restricciones más frecuentes
La intimidación a través de los impedimentos y restricciones a la labor de los trabajadores de la prensa, forman parte de las limitaciones más comunes, usualmente ejercidas por funcionarios de cuerpos de seguridad en medio de coberturas de carácter político.
- El 8 de julio, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hostigaron, impidieron cumplir su trabajo y detuvieron arbitrariamente a los periodistas Andrea Fabbiani, de Atarraya Digital, y Víctor González[4], corresponsal de La Patilla, quienes cubrían una inundación en Cumanacoa, en el estado Sucre. Según informaron ambos comunicadores en sus redes sociales, intentaban obtener declaraciones de un Mayor General a cargo de las labores de rescate en el lugar, cuando efectivos de la GNB los subieron en una patrulla y los trasladaron a otro sector, desalojándolos del área.
- El 2 de abril, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares[5]. Este instrumento legal es de naturaleza restrictiva por ser ambiguo en su redacción, lo que puede dar lugar a interpretaciones arbitrarias al momento de su aplicación, cuestión que facilita la discrecionalidad y el abuso de poder por parte de las autoridades. Considerando el precedente de la Ley contra el odio, aprobada en 2017, esta nueva normativa limitaría aún más las libertades al fortalecer un esquema de persecución por parte del Estado venezolano.
- El 29 de julio, funcionarios de la División de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidieron a miembros del equipo de la ONG Provea monitorear y documentar una manifestación pacífica que se desarrolló en la parroquia Caricuao de Caracas, en rechazo a los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los funcionarios, sin tener competencias en materia de orden público, alegaron razones de seguridad para limitar su trabajo y acusaron a los miembros de Provea de “ser promotores de la protesta”, según informó la ONG en su cuenta de X[6].
Entre enero y agosto, el número de detenciones también se incrementó como parte de la persecución por razones políticas. Un total de 87 personas fueron detenidas por difundir opiniones o informaciones. De esta cifra, al menos 64 son particulares, 19 trabajadores de la prensa, tres miembros de Organizaciones No Gubernamentales y un trabajador público. El uso de supuestos delitos de odio para justificar procedimientos arbitrarios se intensificó en comparación con períodos pasados. En estos meses, registramos la detención de 27 personas por esta causa, cifra que representa un incremento del 200% con respecto al mismo periodo del año pasado[7].
La censura es la segunda violación más frecuente, la cual es aplicada como mecanismo de control para limitar la difusión y el acceso a informaciones, esta restricción está presente principalmente en el cierre de medios de comunicación, en el bloqueo de páginas web y en afectaciones masivas del servicio de internet. Durante este periodo documentamos el cierre de al menos 15 emisoras de radio en nueve estados del país. Esta medida, es principalmente aplicada por funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), quienes en ocasiones actúan en compañía de efectivos de cuerpos de seguridad del Estado.
- La Conatel ordenó el 23 de febrero apagar los transmisores de las emisoras Senda 96.1 FM, Mágica 93.3 FM y Clásicos 93.9 FM[8] que operaban en Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas, del estado Zulia. Según informó a través de X el SNTP, una comisión de la Conatel que visitaba el estado ordenó el cese de transmisiones de las emisoras “luego de una revisión administrativa técnica”.
- Funcionarios de la Conatel cerraron el 4 de julio la emisora Deportiva 98.3 FM[9] que operaba en la ciudad de Valle de la Pascua, estado Guárico, presuntamente por no contar con los permisos correspondientes. El procedimiento inició a las 3:00 p. m. de ese día junto con un grupo de funcionarios de la GNB, según indicó el director de la emisora, Vladimir Balza. Además del cierre, los funcionarios confiscaron CPU (Unidad Central de Almacenamiento), micrófonos, la consola de sonido y otros equipos. Balza cuenta que los funcionarios se presentaron en la sede de la emisora solicitando los documentos y proyectos correspondientes a la habilitación de su concesión.
Otro patrón identificado fue el bloqueo de plataformas web y medios de comunicación digitales. Esta medida fue implementada desde la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), así como desde operadoras privadas como Movistar, Digitel e Inter. En total, registramos 35 bloqueos, entre medios de comunicación digitales, páginas de organizaciones no gubernamentales y plataformas web de contenido político. En este sentido, destaca el bloqueo a la aplicación de mensajería instantánea Signal y de la red social X[10], los cuales fueron aplicados por la Conatel tras críticas públicas de Nicolás Maduro.
En repetidas oportunidades voceros del oficialismo han estigmatizado el uso de aplicaciones y amenazado con restringir su acceso desde Venezuela. De acuerdo con el discurso oficial, plataformas como WhatsApp y TikTok sirven para difundir noticias falsas que promueven el “odio y el fascismo”, por lo que han sugerido que estas deben ser reguladas desde el Estado[11].
- El 5 de julio, el entonces diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en una rueda de prensa advirtió: “volveremos a la edad de piedra, si no tenemos que usar WhatsApp o TikTok, pues no lo usaremos, pero aquí no van a tumbar al gobierno usando redes sociales”.
- Posteriormente, el 7 de agosto de 2024, Nicolás Maduro declaró: “Conatel me mandó un documento legal en el que me proponía que yo, como jefe de Estado, apretara un botón que tenemos y desinstalara para todo el país WhatsApp. Yo dije que no”.
Adicionalmente, Nicolás Maduro ha atacado de manera directa a generadores de contenido e influencers venezolanos por pronunciarse sobre la situación política del país. El 19 de agosto en su programa “Con Maduro +”, transmitido a través de la señal de Venezolana de Televisión, Maduro atacó e insultó a Lele Pons y George Harris[12]por convocar una movilización en Miami rechazo a los resultados anunciados por el CNE.
La red social X es utilizada en Venezuela con fines informativos como consecuencia de la reducción de medios tradicionales, los bloqueos y las restricciones estructurales en radio y televisión. En la coyuntura actual, sirvió como canal de difusión de las protestas postelectorales, así como de la represión en contra de estas. Por su parte, la aplicación Signal cuenta con protocolos y herramientas de seguridad que permiten a sus usuarios resguardar su identidad y garantizar mayor privacidad frente a gobiernos y terceros que interfieren de forma ilegal las comunicaciones.
- El 22 de julio, ocho días antes de la elección presidencial, el observatorio de internet Ve sin Filtro reseñó otras seis incidencias. Cuatro aplicadas a medios de comunicación y dos a organizaciones de la sociedad civil: Tal Cual, El Estímulo, Runrunes, Analítica, Medianálisis y Ve Sin Filtro. De acuerdo con las mediciones realizadas, el bloqueo inició cerca de las 12:00 p.m. y fue aplicado desde las principales operadoras de internet: Cantv, Movistar, Digitel, NetUno e Inter.
- Tras la publicación de actas electorales que daban como ganador al candidato Edmundo González, proveedores bloquearon el acceso a varias plataformas difundidas por González y María Corina Machado, que sirvieron de repositorio de esta información. El 30 de julio, Ve Sin Filtro denunció el bloqueo de resultadovzla, resultadospresidencialesvenezuela2024 y de elecciones2024venezuela.
Las iniciativas legales y administrativas, aunque ocurren con menor frecuencia, restan de forma estructural garantías para el libre ejercicio de la libertad de expresión e información, ante potenciales controles excesivos que, previo a su ejecución, buscan generar efectos inhibitorios en la población.
El 13 de agosto, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, anunció la suspensión del receso parlamentario para la aprobación de un paquete de leyes para “cuidar y defender” a la población de “las expresiones de odio en las redes sociales, del terrorismo y de las ideas fascistas”. Durante una reunión del Consejo de Estado, Rodríguez aseguró que “Venezuela necesita fundamentar el reglamento de las redes sociales” y las acusó de ser “el mayor peligro que existe contra el ser humano y contra la paz del planeta”[13].
El 20 de agosto, se publicó en Gaceta Oficial la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, el cual funcionará de manera permanente como un órgano consultivo y de asesoría bajo la autoridad del jefe de Estado, “enfocado en la prevención de los usos ilegales de las tecnologías de la comunicación y la información”[14]. De acuerdo con el decreto, se contempla que entre las principales funciones del Consejo se encuentra el establecimiento de una red de monitoreo constante para incidentes telemáticos, “con el objetivo de prevenir, mitigar y gestionar los delitos informáticos de forma más eficaz. A su vez, el organismo podrá solicitar información a entidades tanto públicas como privadas”.
La creación de este Consejo se suma a las medidas implementadas desde el Poder Ejecutivo con alto potencial para vigilar y sancionar las expresiones en internet, en tanto que sus funciones carecen de principios y garantías en derechos humanos que las regulen. Además, responde a un contexto altamente represivo tras las protestas por la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral sobre el resultado de las elecciones presidenciales.
Víctimas y victimarios
Las víctimas más frecuentes fueron las y los periodistas, quienes suman al menos el 36 % de los casos registrados. Estas restricciones se dan usualmente durante la cobertura de pautas noticiosas y son realizadas por cuerpos de seguridad del Estado. En segundo lugar se ubican particulares[15], con 25 % y en tercer lugar los medios de comunicación con 17 %.Del total de víctimas, el 72 % fueron hombres, mientras que el 28 % fueron mujeres.
- El 30 de julio, presuntos funcionarios fotografiaron a los periodistas Madelyn Palmar de Unión Radio, Gerard Torres del portal Es Con Usted, María Carolina Quintero, de VPItv, y Edwin Prieto, deQué Pasa En Venezuela[16], cuando cubrían la asamblea popular convocada por la líder de oposición, María Corina Machado, en la Plaza La República en Maracaibo, estado Zulia. Al reclamar y cuestionar por qué los grababan y fotografiaban, las personas se movieron del lugar pero los seguían vigilando desde las esquinas de la plaza, según reportó el SNTP. Frente a la intimidación, las y los periodistas se retiraron del lugar por seguridad.
- El 1 de mayo, un grupo de personas afectas al oficialismo agredió y robó a la fotoperiodista Gaby Oráa[17] (Bloomberg, Reuters y El País) cuando daba cobertura a la movilización por el Día Internacional del Trabajador, en Plaza Venezuela, en Caracas. En redes sociales circularon imágenes y videos del ataque de motorizados en contra de los manifestantes presentes en la concentración.
Los principales victimarios fueron los cuerpos de seguridad (33 %) y las instituciones del Estado (33 %). Los funcionarios/as (13 %), las operadoras privadas (6 %) y los simpatizantes del oficialismo (5 %) completan la lista entre los victimarios más frecuentes.
Menos conexión
Más de un tercio de los casos (35 %) ocurrió por la difusión de informaciones a través de internet, lo cual da cuenta de los mecanismos de vigilancia existentes en Venezuela y de las políticas represivas que de manera sistemática son aplicadas desde el Estado. Estas violaciones contemplan detenciones por la difusión de contenidos a través de redes sociales, fallas masivas del servicio de internet, el bloqueo de medios y plataformas digitales.
En este sentido, registramos al menos 15 interrupciones masivas del servicio de internet en el ámbito nacional.
- Ve Sin Filtro reportó que una falla eléctrica produjo una caída masiva de conectividad en varios estados del país alrededor de las 8:00 p.m. del 27 de agosto[18]. La falla afectó principalmente a los estados Táchira (la conexión cayó a 29 % de sus valores normales), Mérida (34 %) y Falcón (46 %). A nivel nacional la conectividad bajó a 86 %, con afectaciones en las conexiones de Cantv, Inter, NetUno, Airtek, Supercable y Global Link.
- En la madrugada del 31 de agosto se produjo un apagón masivo a nivel nacional que afectó a al menos 20 estados del país. La falla provocó una caída inmediata de la conexión a internet en todo el país. Las operadoras más afectadas por el apagón masivo fueron Supercable, Cantv, Airtek e Inter. Pasadas las 3:00 p. m. comenzó a llegar el servicio eléctrico en algunos estados y la conectividad subió a 41 %. Un día después del incidente, 92 % de la conectividad ya se había recuperado.
Con relación a la ocurrencia de casos por ubicación geográfica, el Dtto. Capital se ubica en el primer lugar (9 %), seguido por Miranda (5 %), Bolívar (4 %) y Vargas (4 %). Durante el lapso postelectoral la capital se mantiene en el primer lugar con respecto a la ocurrencia de vulneraciones a la libertad de expresión.
28J, una nueva escalada represiva
En el ciclo preelectoral registramos 29 casos y 98 denuncias, siendo uno de los periodos más violentos de cara a elecciones presidenciales[19]. Restricciones a la cobertura periodística, amenazas y criminalización a través del discurso de altas autoridades, así como detenciones arbitrarias y el inicio de procesos judiciales en represalia por la difusión de información, contenidos u opiniones de interés público, fueron los principales patrones identificados.
El evento electoral significó un punto de inflexión en cuanto a la ocurrencia de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Desde el 28 de julio al 31 de agosto registramos 128 casos, que constituyeron 215 denuncias de violaciones a la libre expresión.
Durante este lapso se evidenció un incremento de la aplicación de la inconstitucional ley contra el odio o delitos asociados, que se usaron para criminalizar el derecho a la protesta pacífica, la actividad político partidista y la labor de los trabajadores de los medios de comunicación.
Bajo supuestos delitos de instigación al odio, y acusaciones de terrorismo, al menos dos mil personas fueron detenidas según el gobierno tras las elecciones[20]. Esto marca una escalada masiva en los niveles de represión y violencia estatal hacia el ejercicio legítimo de derechos civiles y políticos.
Desde el 28 de julio al 31 de agosto, documentamos 43 detenciones, de las cuales 14 fueron por presuntos delitos de odio. Del total de personas detenidas, 26 fueron particulares (infociudadanía, manifestantes), mientras que 14 fueron trabajadores/as de los medios de comunicación. La mayoría de estas detenciones estuvieron vinculadas a las protestas postelectorales, en estos casos hay un patrón de incomunicación formal, prohibición de las visitas regulares, negación de una defensa de confianza, así como al acceso a expedientes e información de los procesos judiciales.
- Funcionarios policiales detuvieron a la ciudadana Gina Paola Mercado[21] cuando participaba y grababa una protesta que se registró en la tarde del 29 julio en el centro de Caracas. Actualmente permanece detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, estado Miranda.
- Efectivos de la GNB detuvieron el 29 de julio a Yousner Alvarado[22]camarógrafo de Noticiero Digital, en las inmediaciones de los edificios Los Marqueses, ubicados en la Av. 23 de Enero de la ciudad de Barinas, mientras hacía cobertura de una manifestación. A la fecha permanece privado de libertad.
- Funcionarios de seguridad del Estado detuvieron de forma arbitraria, sin orden de judicial, a la abogada y coordinadora del partido Vente Venezuela en el estado Portuguesa, María Oropeza[23], horas después de publicar un video donde criticaba la persecución estatal hacia personas manifestantes y opositoras. A través de su cuenta en Instagram, la dirigente transmitió en vivo el momento en el que los funcionarios irrumpieron en su vivienda y la apresaron. Tras su detención, fue acusada bajo supuestos delitos de odio y permanece recluida en la sede del Sebin de El Helicoide, en Caracas.
Las represalias por publicaciones en línea se intensificaron. Altos funcionarios promovieron y facilitaron la instalación de mecanismos de criminalización para delatar a personas consideradas opositoras[24], lo que incluye a activistas, miembros y testigos de mesa electorales, personas defensoras de derechos humanos o aquellas que participaron en las protestas.
«Hoy en la noche vamos a abrir una página del VenApp para toda la población para que ahí de forma confidencial me pongan los datos de los que han atacado el pueblo para que haya justicia»
Nicolás Maduro, 30 de julio de 2024.
Autoridades pusieron a disposición líneas telefónicas, se usaron grupos de mensajería y cuentas en redes sociales, para denunciar a quienes divulgan contenidos críticos, se difundieron fotos, videos y datos de las personas[25] para facilitar su ubicación y detención arbitraria, denominada “operación tun tun”. Videos e imágenes fueron difundidos por cuentas de cuerpos de seguridad del Estado[26], con logos institucionales, como amenaza de detención, estos mostraban la presunta captura de personas tras su aparición en videos de protestas o donde se expresaban en contra del gobierno[27].
La persecución incluyó una vieja práctica: la revisión de teléfonos por funcionarios de seguridad pública sin órdenes judiciales[28]. Esto derivó en algunos casos en la detención arbitraria de personas por contenidos e información personal en sus equipos, como fotos de María Corina Machado. Además, recibimos denuncias de la normalización de dichas revisiones en instituciones públicas, de forma diaria o regular, para intimidar y coaccionar a trabajadores públicos; lo que incluyó en algunos entes la orden interna de eliminar WhatsApp.
La labor periodística está severamente afectada. Durante la jornada electoral presidencial, registramos 30 denuncias de violaciones al derecho de la libertad de expresión, la mayoría restricciones a la cobertura. En las semanas siguientes, funcionarios, gobernadores y alcaldes[29], de tendencia oficialista, hostigaron y dieron instrucciones públicas para restringir, vigilar y hasta llevar la “operación tun tun” a medios, radios y plataformas que difunden contenidos críticos. Allanamientos a medios[30], amenazas y acoso digital obligó a periodistas y comunicadores a bajar su perfil público, con graves restricciones para su trabajo regular, algunos por temor a represalias tuvieron que resguardarse dentro y fuera del país.
Hasta el 31 de agosto, de los 14 trabajadores de medios de comunicación detenidos tras las elecciones, 10 están encarcelados/as, la mayoría en prisiones comunes y sometidos a diversas violaciones al debido proceso; sin posibilidad de defensa privada de confianza y sin comunicación regular con sus familiares. Se trata de detenciones en el contexto de cobertura, vinculadas a la difusión de contenidos del interés público o con antecedentes de represalias por estos motivos.
Las transmisiones obligatorias de radio y televisión, conocidas como “cadenas nacionales” siguen afectando el acceso a la información diversa y plural. Durante los años 2022 y 2023, el promedio estuvo en 34 horas por año. Este 2024, hasta el mes de agosto, se han registrado más de 60 horas, de las cuales 18 se dieron desde el 28 de julio. Eso significa que en poco más de un mes se registró el equivalente a seis meses en años anteriores. El contenido principal son discursos presidenciales, y distintos niveles de vocería gubernamental vinculada al partido oficialista.
Acciones necesarias
El Estado venezolano debe cesar de forma inmediata las prácticas represivas, acabar con la intimidación, las amenazas y terror generalizado que busca inhibir a la población y castigarla por ejercer libremente sus derechos civiles y políticos. Es urgente otorgar la libertad plena de todas las personas detenidas arbitrariamente, y ofrecer garantías básicas efectivas para el ejercicio de derechos fundamentales, que deben ser respetados bajo cualquier circunstancia.
Exhortamos al personal diplomático y organismos internacionales de protección de derechos humanos presentes en el país, lo que incluye a los diferentes instancias del sistema de Naciones Unidas, a solicitar el acceso a los centros de reclusiones formales y de facto, a fin de asistir y documentar directamente la situación de las personas detenidas arbitrariamente. También exhortamos a los gobiernos de la región a echar mano de todos los recursos diplomáticos posibles para presionar al cese inmediato de la represión y la persecución.
Solicitamos a la sociedad civil de la región apoyar las denuncias locales y ampliar las voces que demandan una solución pacífica e institucional a la crisis política: cese inmediato de la represión, justicia para las víctimas y transparencia en los resultados electorales para encaminar al país a la recuperación democrática.
Marco teórico metodológico
El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; género de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, escritores, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías definidas anteriormente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en portales de medios digitales, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.
A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.
[1] Se entiende por caso el hecho o situación en la cual se compromete la garantía del derecho a la libertad de expresión. En un mismo caso se pueden contabilizar distintas víctimas y violaciones.
[2] Diario La Nación. 22 de junio de 2024. Locutor asesinado en trocha de La Parada trabajaba actualmente como taxista. Recuperado de: https://lanacionweb.com/sucesos/locutor-asesinado-en-trocha-de-la-parada-trabajaba-actualmente-como-taxista/
[3] Este hecho se incluye en principio en el registro de casos hasta que se aclaren los motivos.
[4] Espacio Público, 8 de julio de 2024. GNB sacó en una patrulla a dos periodistas que cubrían tragedia de Cumanacoa. Recuperado en https://espaciopublico.ong/gnb-saco-en-una-patrulla-a-dos-periodistas-que-cubrian-tragedia-de-cumanacoa/
[5] Espacio Público, 15 de abril de 2024. Ley contra el odio y el fascismo, dos caras de una misma moneda. Recuperado en https://espaciopublico.ong/ley-contra-el-odio-y-el-fascismo-dos-caras-de-una-misma-moneda/
[6] Espacio Público, 29 de julio de 2024. Protestas #29J: detenciones y ataques a la prensa. Recuperado en https://espaciopublico.ong/protestas-29j-detenciones-y-ataques-a-la-prensa/
[7] Al respecto: https://espaciopublico.ong/incitacion-al-odio-balance-de-una-ley-criminalizante-y-los-desafios-del-problema-real/
[8] Espacio Público, 26 de febrero de 2024. Conatel ordenó el cierre de tres emisoras en el estado Zulia.Recuperado en https://espaciopublico.ong/conatel-ordeno-el-cierre-de-tres-emisoras-en-el-estado-zulia/
[9] Espacio Público, 5 de julio de 2024. Funcionarios de Conatel cerraron la emisora Deportiva 98.3 FM en Guárico. Recuperado en https://espaciopublico.ong/funcionarios-de-la-conatel-cerraron-la-emisora-deportiva-98-3-fm-en-guarico/
[10] Espacio Público, 14 de agosto de 2024. Bloqueos digitales para invisibilizar la represión. Recuperado en https://espaciopublico.ong/bloqueos-digitales-para-invisibilizar-la-represion/
[11] Espacio Público, 14 de agosto de 2024. La regulación de las redes sociales atenta contra la libertad de expresión. Recuperado en https://espaciopublico.ong/la-regulacion-de-las-redes-sociales-atenta-contra-la-libertad-de-expresion/#_ftn20
[12] Espacio Público, 5 de septiembre de 2024. Agosto: censura y represión postelectoral. Recuperado en https://espaciopublico.ong/agosto-censura-y-represion-postelectoral/
[13] Espacio Público, 14 de agosto de 2024. Balance #13Ago: más restricciones a portales y redes sociales. Recuperado en https://espaciopublico.ong/balance-13ago-mas-restricciones-a-portales-y-redes-sociales/
[14] Espacio Público, 29 de agosto de 2024. Consejo Nacional de Ciberseguridad está alineado con la vigilancia, censura y persecución en línea. Recuperado en https://espaciopublico.ong/consejo-nacional-de-ciberseguridad-esta-alineado-con-la-vigilancia-censura-y-persecucion-en-linea/
[15] Esta categoría hace referencia a personas que no se dedican profesionalmente a la comunicación, ni forman parte de alguna institución pública.
[16] Espacio Público, 31 de julio de 2024. Protestas #30J: 16 casos y 20 violaciones a la libertad de expresión. Recuperado en https://espaciopublico.ong/protestas-30jul-16-casos-y-20-denuncias-de-violaciones-a-la-libertad-de-expresion/
[17] Espacio Público, 1 de mayo de 2024. Grupos oficialistas agreden a trabajadores y periodistas en marcha del 1° de mayo. Recuperado en https://espaciopublico.ong/grupos-oficialistas-agreden-a-trabajadores-y-periodistas-en-marcha-del-1-de-mayo/
[18] Espacio Público. 30 de agosto de 2024. Balance #29Ago bloqueos y persecución. Recuperado en https://espaciopublico.ong/balance-29ago-bloqueos-y-persecucion/
[19] El periodo previo a la elección del 28 de julio registra la mayor cantidad de violaciones a la libertad de expresión antes del día de la votación, en 15 años de elecciones presidenciales. Más en el informe: https://espaciopublico.ong/wp-content/uploads/2024/07/INFORME-28J-1.pdf
[20] Efe (agosto 2024). Ascienden a 2.229 los detenidos en las protestas tras las presidenciales en Venezuela, según Nicolás Maduro. Recuperado en: https://efe.com/mundo/2024-08-07/venezuela-protestas-nicolas-maduro-2229-detenidos/
[21] Espacio Público, 31 de julio de 2024. Protestas #30J: 16 casos y 20 violaciones a la libertad de expresión. Recuperado en https://espaciopublico.ong/protestas-30jul-16-casos-y-20-denuncias-de-violaciones-a-la-libertad-de-expresion/
[22] Idem.
[23] TalCual, 6 de septiembre de 2024. Vente exige liberación de María Oropeza a un mes de su detención. Recuperado en: https://talcualdigital.com/vente-venezuela-exige-liberacion-de-dirigente-maria-oropeza-a-un-mes-de-su-detencion/
[24] Transmisión en vivo en X, @NicolasMaduro, 30 de julio de 2024. Recuperado en: https://x.com/i/broadcasts/1rmxPoWDqqZJN
[25] Al menos 128 cuentas en X con información de este tipo fueron registradas por ProBox entre el 29 de julio y el 19 de agosto.
[26] Cuenta de Instagram de la Delegación Distrito Capital del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Recuperado en: https://www.instagram.com/reel/C-OHvjSpBQB/?igsh=MWFyNnlwYW84eG9iZg==
[27] Tik Tok, gnbnuevaluchad112. Recuperado en: https://www.tiktok.com/@gnbnuevaluchad112/video/7400192472883711238
[28] Espacio Público (2021). Revisión ilegal de equipos: Lo que debes saber y hacer. Recuperado en: https://espaciopublico.ong/revision-ilegal-de-equipos-lo-que-debes-saber-y-hacer/
[29] CNP – Portuguesa en X. Recuperado en: https://x.com/CNPPortuguesa1/status/1819007779807371644
[30] El Impulso, 20 de agosto de 2024. En Lara: ¿Qué ha pasado con la Alcaldía del municipio Torres? #20Ago. Recuperado en: https://www.elimpulso.com/2024/08/20/en-lara-que-ha-pasado-con-la-alcaldia-del-municipio-torres-20ago/
