Las redes sociales son plataformas en línea que permiten a las personas conectarse, comunicarse, buscar y compartir contenido con una audiencia global. Funcionan como herramientas de información y comunicación, facilitando la difusión rápida de noticias, opiniones y multimedia, así como la interacción social a través de mensajes, comentarios y reacciones. Ejemplos populares incluyen Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn y Youtube; son un espacio para el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información.
El ejercicio del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información solo podrán ser garantizados en un entorno libre y seguro donde se implementen medidas para combatir los discursos y contenidos no protegidos desde una política de concientización, el fomento de una educación que asegure la libertad de pensamiento y las garantías constitucionales.
Cualquier regulación de las RRSS debe atenderse única y exclusivamente para detener la información falsa, moderación de contenido[1] y para proteger los datos de las y los usuarios a través de la creación de un marco legal ceñido a los estándares de protección del derecho a la libertad de expresión e información. Una regulación general acarrea el riesgo de limitar la pluralidad de opiniones e ideas de acuerdo a los intereses de un grupo de poder, más aún cuando no hay Estado de Derecho, como ocurre en Venezuela.
En virtud de este panorama, una reciente investigación que midió el consumo informativo en Venezuela durante el 2022, retrata la respuesta de la sociedad en un entorno construido en más de 20 años de políticas públicas restrictivas contra la expresión. Esta investigación muestra las prácticas cotidianas que procuran resistir al miedo inducido y algunos de los modos sociales que contribuyen a la circulación de información.[2]
El trabajo en cuestión resaltó que las RR. SS. y mensajería se han convertido en las vías en las que se recibe mayor cantidad de información, siendo Whatsapp la más frecuente (71,6%), seguida de Facebook (48,3%) e Instagram (35,4%). Lo anterior demuestra que la sociedad venezolana encontró en las redes sociales una alternativa para acceder a las noticias e información que el Estado se niega a proporcionar, censura o manipula.
La limitación de la libertad de expresión y acceso a la información pública en Venezuela
Venezuela carece de Estado de Derecho. Los poderes públicos no gozan de independencia e imparcialidad. Desde hace 25 años, el Estado venezolano suma esfuerzos para controlar la información y limitar la libertad de expresión a partir de múltiples medidas institucionales, judiciales y extrajudiciales.
El Estado implementó un monopolio en la venta y distribución del papel periódico con el fin de controlar o castigar a la prensa que mantenga una línea crítica contra el gobierno.[3] Tal como sucedió con El Nacional, El Carabobeño, El impulso, entre otros múltiples periódicos de circulación nacional y regional, a los que se le negó el acceso a materiales para la impresión.[4]
Dentro de sus políticas legislativas destaca la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte-me, 2004) que permite tomar decisiones sobre el bloqueo o eliminación de contenidos y sancionar a los prestadores de servicios, facultad que ha ejercido la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sin otorgar a las empresas y personas afectadas el derecho a la defensa garantiza en el debido proceso.
Conatel es el ente responsable de regular y otorgar licencias al sector de las telecomunicaciones, depende administrativamente del Ministerio de Comunicaciones e Información (MCI) y hasta la fecha destaca por ejecutar procesos sancionatorios sin que se garantice el debido proceso. Conatel actúa de manera sistemática mediante comunicaciones, en su mayoría informales, por las cuales ordena a directivos de los medios que eliminen programas o directamente cierren la emisora, en particular si hicieron críticas de la gestión pública regional o nacional.
En el 2022 y 2023 el Estado ordenó el cierre de más de 90 emisoras[5] y el bloqueo de más de 80 sitios web, correspondiente en su mayoría a medios críticos sobre política y páginas relacionadas con derechos humanos.[6]
En ese sentido, cualquier persona que desee informarse sobre temas de interés público tiene que superar diversas barreras para hacerlo; entre ellos destaca la escasez de papel que hizo desaparecer decenas de periódicos, persecución judicial, cierre de emisoras de radios, televisoras censuradas, portales web bloqueados y las recurrentes fallas eléctricas. En consecuencia, hay una mayor preferencia de las audiencias por medios basados en internet, como las redes sociales.
Precedente: la amenaza del Estado de regular las redes sociales
Desde el 2018 el Estado venezolano sugiere regular el espacio de las redes sociales, el método alternativo de la sociedad civil para informarse sobre temas de interés público. Al respecto, promovió el proyecto de Ley del Ciberespacio en el año 2019[7], que indica planes gubernamentales para restringir la libertad de expresión en línea.[8]
La justificación de este proyecto consistía en otorgarle al Ejecutivo potestades para la vigilancia, la censura y la penalización del libre discurso en línea, buscando imponer sanciones propias del mundo físico, al mundo digital, sin considerar sus características propias de pluralidad y dinamismo. Para ello, el Estado pretendía[9]:
- Utilizar el concepto de terrorismo -un término anteriormente empleado para castigar la disidencia- aplicado a cualquier actividad realizada en internet que pueda causar “terror” o “desestabilización económica, política o social”, términos que además son abiertos y podrían utilizarse de forma discrecional;
- Crear un mecanismo de vigilancia sobre contenidos en el ciberespacio para iniciar, de oficio o a instancia de parte, procedimientos administrativos de responsabilidad social, a través de las atribuciones gubernamentales de monitorear, hacer seguimiento, bloquear, sustanciar expedientes,
- Exigir a los intermediarios (páginas o plataformas que ofrecen servicios a terceros en Internet) que suministren a la autoridad central la información sobre la actividad de los usuarios, sin las garantías de un debido proceso, lo que vulnera la privacidad en línea de los usuarios y arriesga otros derechos humanos;
- Atribuir la responsabilidad a los intermediarios de los contenidos que circulan bajo su plataforma, servicios o aplicaciones. Estas empresas no tienen ni deben tener la capacidad operativa y técnica para examinar contenidos de terceros, tampoco tienen ni deben tener el conocimiento jurídico para determinar cuáles son los contenidos ilegales o violatorios que afecten derechos o el ciberespacio.
- Extender la aplicación de la ley contra el odio con el monitoreo de contenidos que atenten contra el honor, la vida privada, promoción del odio, discriminación, desestabilización económica, en espacios digitales.
- Aplicar sanciones pecuniarias excesivas en comparación con el salario mínimo de un venezolano y considerando el contexto de emergencia humanitaria compleja.
Esta iniciativa no avanzó en discusiones ni aprobación, por lo que actualmente no existe una ley que regule las RR. SS. No obstante, existe una política estatal que consiste en la vigilancia de estas plataformas con el fin de identificar opiniones contrarias a la postura oficial y someter a quienes las publican, a procedimientos judiciales donde las personas son criminalizadas como terroristas, lo cual se agrava en contextos electorales. Un ejemplo de ello es el caso de Pedro Jaimes.[10]
La iniciativa legislativa para regular las redes sociales y perseguir a la disidencia en contextos electorales
Estamos en un contexto represivo postelectoral. Las personas ejercen su derecho legítimo a la libertad de expresión y reunión pacífica exigiendo el respeto a la voluntad popular ejercida en las urnas el pasado 28 de julio, debido a la falta de reconocimiento de los resultados por parte de las autoridades, divulgados de forma contraria a lo establecido en la ley, sin publicar el conteo por mesas ni evidencia de los números ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral.
La política de criminalización y discriminación del Estado se agrava abiertamente contra quienes critican al gobierno, al calificarlos de opositores políticos. El gobierno dió la orden pública de detenerlos por supuesta “instigación al odio”. Actualmente, el Estado de forma oficial reconoce la detención de más de 2 mil personas, detencionas arbitrarias que se han dado en represalia por expresar su rechazo a los resultados electorales del 28 de julio.[11]
Los principales afectados son las personas manifestantes de zonas vulnerables y aquellos que usan sus redes sociales para expresarse. Es así como trabajadores públicos, defensores de derechos humanos y al menos 43 periodistas están siendo hostigados y amenazados, por ser asumidos como opositores.
- Eleanger David Navas Vidal: Es un profesional dedicado a la ingeniería en mantenimiento, licenciado en pedagogía alternativa con mención en derechos humanos, profesor de inglés y generador de contenidos en TikTok a través de su cuenta “@Eleinforma” donde hablaba sobre la situación del país.
El 03 de agosto de 2024 en Anzoátegui, fue detenido por la División de Investigaciones Penalesde la Policía Nacional Bolivariana (DIP PNB). En palabras de la fiscalía del Ministerio Público, Navas está detenido por la presunta manipulación de información y difusión de videos que generan zozobra en el “Diario Oriental”. [12]
Despues de tres días, en horas de la noche del 7 de agosto de 2024 fue presentado ante el Palacio de Justicia El Tigre (estado Anzoátegui, norte), donde le imputaron el delito de terrorismo e incitación al odio. Posteriormente lo trasladaran a Centro Penintenciario Agroproductivo de Barcelona[13].
Es importante resaltar que, previo a su detención, Navas interpuso una denuncia en la fiscalía contra funcionarios de la alcaldía de El Tigre por difamación e instigación al odio, dado que recibía ataques por informar sobre el contexto del país. No obstante, la fiscalía no actuó y en cambio lo detuvieron por supuestas actividades terroristas y por inventar noticias falsas.[14] - María Oropeza: Es coordinadora del partido Vente Venezuela, dirigido por María Corina Machado, en el estado de Portuguesa y defensora de derechos humanos. El día 6 de agosto de 2024, Oropeza publicó un video a través de la red social X conversando sobre la “Operación Tun Tun”, indicando que es persecución por motivos políticos contra quienes apoyan a Edmundo Gonzales, candidato opositor de las presidenciales del 28 de julio.[15] Horas después de la publicación de este video, cuerpos de seguridad se trasladaron a su casa con el fin de practicar un allanamiento y proceder a detenerla, hecho que quedó registrado en un video en vivo que transmitió en su cuenta de Instagram.[16]
- Iris Margarita Rincón Villasmil: Un video circuló en Tik Tok, donde Rincón critica la precaria calidad de la harina de las cajas de comida subsidiada entregadas por los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). En consecuencia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detuvo arbitrariamente a Rincón en el municipio Maracaibo del estado Zulia; le incautaron un teléfono celular que contenía el video, el cual para los funcionarios consiste en la comisión del delito de instigación al odio contra Nicolás Maduro y su familia.[17]
- Ciudadana detenida: El 1 de agosto de 2024, una mujer de 43 años de Ocumare del Tuy, estado Miranda, fue detenida arbitrariamente por aparecer en un video que circuló en redes sociales el 30 de julio, el cual refleja a la mujer escribiendo la palabra “libertad” con la harina amarilla que comercializan los CLAP, en el contexto de las manifestaciones por el rechazo de los resultados ofrecidos por el CNE el pasado 28 de julio.[18]
El patrón refleja que las personas detenidas son sometidas a desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, extorsión, robo y allanamientos ilegales para posteriormente ser sometidas a un proceso penal, donde permanecen incomunicadas y obligadas a asumir una defensa pública. El Estado dispuso de la aplicación de Venapp y activó los canales en redes sociales de cuerpos de seguridad, ofreciéndolos para que personas denuncien a quienes protestan y critican al gobierno por supuestamente promover una “campaña de odio”.[19]
El 4 de agosto de 2024, Nicolás Maudro señaló el uso inadecuado de las RR. SS. como instrumentos “multiplicadores del odio y el fascismo” por lo que a través de su declaración se refirió a la iniciativa de regular estas plataformas. Aseguró que, desde Instagram y TikTok, algunas personas están promoviendo el odio en las protestas en contra del gobierno de Maduro.[20]
Seguidamente, el 5 de julio de 2024, el diputado de la asamblea nacional, Diosdado Cabello en una rueda de prensa advirtió: “volveremos a la edad de piedra, si no tenemos que usar WhatsApp o TikTok, pues no lo usaremos, pero aquí no van a tumbar al gobierno usando redes sociales”. Al respecto señaló que aquellos que manifiestan y graban son considerados “terroristas”. [21]
El 7 de agosto de 2024, Nicolás Maduro declaró: “Conatel me mandó un documento legal en el que me proponía que yo, como jefe de Estado, apretara un botón que tenemos y desinstalara para todo el país WhatsApp. Yo dije que no”.[22]
Dentro de este contexto de intimidación por limitar el uso de las redes sociales a través de una legislación, el 8 de agosto de 2024 el Estado concretó su amenaza. A través de Conatel bloqueó de forma arbitraria el sitio web de Signal y la red social X.[23]
Este tipo de prácticas es común entre gobiernos autoritarios, que buscan restringir la libertad de expresión con el fin de silenciar a la disidencia, evitar la exposición y difusión de las arbitrariedades y contrarrestar el flujo de información para fomentar una postura política alineada a la propaganda estatal. Ejemplo de ello: Rusia, Corea del Norte, China y Turkmenistán.
En los países donde este tipo de regulaciones se imponen, las personas no tienen acceso a informaciones del mundo exterior ni a contenidos críticos o contrarios a la postura gobernante, no se permite el ejercicio de un periodismo libre, lo que impide el contraste de los hechos comunicacionales que permitan fundamentar el pensamiento crítico y emitir opiniones contrarias al poder público.
¿Qué implicaciones tiene una regulación de RRSS?
En Venezuela, es una práctica que las y los funcionarios usen las leyes como excusa para perseguir, criminalizar y establecer un entorno violento que amenaza y castiga a quienes critican o contrarían abiertamente al poder público y su discurso oficial. Entre ellas destacan la ley contra el odio[24] y el proyecto de ley contra el fascismo.[25] De esta forma, la iniciativa estatal de regular las redes sociales solo supone un mecanismo de vigilancia en espacios donde la sociedad civil se informa y ejerce su derecho a la libertad de expresión, con el fin de fundamentar los actos de hostigamiento judicial. Lo anterior tiene como objetivo principal imponer el relato único desde el Estado.
Recomendaciones:
En virtud de esta situación descrita instamos al Estado venezolano a:
- Evitar la promulgación de una ley que regule las redes sociales en menoscabo del ejercicio de los derechos humanos, en específico del derecho a la libertad de expresión, toda vez que no cumplen con fines y formas legítimas.
- Cumplir con los estándares del Test Tripartito y el Plan de Acción de Rabat para cualquier regulación que limite la libertad de expresión.
- Evitar políticas que promuevan la censura previa, para ello se deben reforzar acciones como la rectificación o réplica para solventar estos asuntos y evitar el establecimiento de estándares genéricos que limitan la divulgación de información antes de su publicación.
- Evitar el uso del derecho penal para criminalizar y perseguir a la disidencia por el ejercicio legítimo de sus derechos civiles y políticos, a través de la imputación de delitos tales como incitación al odio, instigación público, asociación para delinquir y terrorismo.
- Abstenerse de reprimir las protestas e incurrir en violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra la disidencia a través de detenciones arbitrarias y sometimiento a procesos penales en contravención a las normas de libertad de expresión, debido proceso, igualdad y no discriminación, reunión pacífica, entre otras.
- Cesar la persecución sistemática y generalizada por motivos políticos contra las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, incluyendo las acciones en línea.
- Proteger a las personas en su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica frente a los colectivos (grupos civiles armados, irregulares, pro-gobierno) y fuerzas de seguridad que practican allanamientos, secuestros, robos y detenciones arbitrarias.
[1] Nos referimos a una regulación con normas generales que dispongan de principios orientativos para los intermediarios, más no una regulación excesiva que busque controlar las actividades de las empresas.
[2] Correa C; y Bisbal M.,Consumo informativo y cultural en Venezuela. Editorial ABEdiciones. Año: 2022.
[3] Espacio Público, 7 de agosto de 2018, La agonía de los periódicos en Venezuela. Recuperado en: https://bit.ly/3nf60G6
[4] Espacio Público, 2 de mayo de 2019, Sin periódicos: menos noticias en Venezuela, Recuperado en: https://bit.ly/3xTCFpx
[5] Espacio Público.Informe 2022: Situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela. Recuperado en: https://espaciopublico.ong/informe-2022-situacion-del-derecho-a-la-libertad-de-expresion-e-informacion-en-venezuela/ ; Espacio Público, Informe 2023: Situación General del Derecho a la Libertad de Expresión en Venezuela. Enero – diciembre 2023. Disponible en: https://espaciopublico.ong/situacion-general-del-derecho-a-la-libertad-de-expresion-en-venezuela-enero/
[6] Vesinfiltro (2023) Reporte sobre la situación de los derechos humanos digitales en Venezuela. Recuperado en: https://vesinfiltro.com/res/files/reporte-2022-2023.pdf
[7]Anteproyecto de la ley constitucional del ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela. Disponible en: https://www.accessnow.org/wp-content/uploads/2019/01/ley-del-ciberespacio-venezuela.pdf
[8] Espacio Público, Análisis del anteproyecto de Ley del Ciberespacio: control, vigilancia y eliminación de la privacidad. 17 de enero de 2019. Disponible en: https://espaciopublico.ong/analisis-del-anteproyecto-de-ley-del-ciberespacio-control-vigilancia-y-eliminacion-de-la-privacidad/
[9] Espacio Público, Análisis del anteproyecto de Ley del Ciberespacio: control, vigilancia y eliminación de la privacidad. Análisis del anteproyecto de Ley del Ciberespacio: control, vigilancia y eliminación de la privacidad. 17 de enero de 2019. Disponible en: https://espaciopublico.ong/analisis-del-anteproyecto-de-ley-del-ciberespacio-control-vigilancia-y-eliminacion-de-la-privacidad/
[10]Espacio Público, Por qué Pedro Jaimes es inocente. 9 de agosto de 2019. Disponible en: https://espaciopublico.ong/por-que-pedro-jaimes-es-inocente/
[11]Diario primicia, Maduro sobre protestas: Tenemos más de dos mil detenidos y van para Tocorón Tocuyito. 3 de agosto de 2024. Disponible en: https://primicia.com.ve/nacion/maduro-sobre-protestas-tenemos-dos-mil-detenidos-y-van-para-tocoron-y-tocuyito/
[12]Tareck William Sabb, #AHORA #APREHENDIDO para ser #imputado por el @MinPublicoVEN #Anzoátegui el sujeto Eleangel David Navas Vidal por los #delitos de #Terrorismo e #Incitacion al odio.
El mismo participó en los diferentes hechos violentos ejecutados luego de la jornada electoral en el Municipio Simón Rodríguez.Igualmente se encargaba de viralizar por las diferentes Redes Sociales usando el nombre de usuario *DIARIO ORIENTAL*, información manipulada, Generando Miedo y Zozobra en los diferentes sectores de la población , creando noticias falsas y y apoyando a la generalización de concentraciones violentas, en los diferentes municipios de la zona sur de Anzoátegui
[13] Diario El Vistazo, Detenido community manager de un diario de Anzoátegui por presunta manipulación de información post elecciones. 4 de agosto de 2024. Disponible en: https://diarioelvistazo.com/detenido-community-manager-de-un-diario-de-anzoategui-por-presunta-manipulacion-de-informacion-post-elecciones/
[14] Punto de corte, Denuncian detención de Eleanger Navas conocido como influencer “Eleinforma”, 5 de agosto de 2024. Disponible en: https://puntodecorte.org/denuncian-detencion-de-eleanger-navas-influencer-eleinforma/
[15] La “operación Tun Tun” es persecución política contra los venezolanos que defienden la VERDAD, y la verdad es que @EdmundoGU es el Presidente Electo de Venezuela, elegido por una inmensa mayoría el pasado 28 de julio.Seguimos luchando hasta el final junto @MariaCorinaYA. Disponible en: https://x.com/mariaoropeza94/status/1820965731455869108?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1820965731455869108%7Ctwgr%5E2504d9e0ffce4faa90d687688bd8250c80c4ef14%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftalcualdigital.com%2Fvente-venezuela-denuncio-detencion-de-coordinadora-en-portuguesa-mientras-hacia-un-live%2F
[16] Tal Cual,Vente Venezuela denunció detención de coordinadora en Portuguesa mientras hacía un live. 7 de agosto de 2024. Disponible en: https://talcualdigital.com/vente-venezuela-denuncio-detencion-de-coordinadora-en-portuguesa-mientras-hacia-un-live/
[17]@ElioEstrada18: La FANB en el municipio Maracaibo del estado Zulia, tras labores de investigación, análisis audiovisual y de trazas telefónicas, capturó a una ciudadana identificada como Iris Margarita Rincón Villasmil, a quien se le incautó un (01) teléfono celular con material de interés criminalístico, donde se evidencia a través de un vídeo, instigación al odio contra el ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y a sus familiares. A/0 del Ministerio Público.
@MinpublicoVEN #87AniversarioGNB Disponible en: https://x.com/ElioEstrada18/status/1819833920244113576
[18] El Nacional, Represión en Venezuela: detienen a mujer por escribir «libertad» con harina del CLAP. 5 de agosto de 2024.Disponible en: https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/represion-en-venezuela-detienen-a-mujer-por-escribir-libertad-con-harina-del-clap/
[19] El Pitazo,Director nacional del Cicpc: «La operación Tun Tun apenas comienza». 3 de agosto de 2024. Disponible en: https://elpitazo.net/sucesos/director-nacional-del-cicpc-la-operacion-tun-tun-apenas-comienza/
[20] El Mundo, Maduro acusa a TikTok e Instagram de “dividir” Venezuela e instigar el “odio”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=9sgzojUVw28
[21] El programa “El Mazo Dando” Rueda de prensa del PSUV con Diosdado Cabello, 26 de agosto 2024. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=odWbFDHLnKk. 34:31-35:00
[22] Caraota Digital,Maduro: Conatel me propuso desinstalar WhatsApp en todo el país «con un botón que tenemos» 7 de agosto de 2024. Disponible en: https://www.caraotadigital.net/venezuela/maduro-conatel-me-propuso-desinstalar-whatsapp-en-todo-el-pais-con-un-boton-que-tenemos/
[23] Tal Cual, Gobierno de Maduro bloquea sitio web de la aplicación Signal. 8 de agosto de 2024. Disponible en: https://talcualdigital.com/gobierno-de-maduro-bloquea-sitio-web-de-la-aplicacion-signal/ ; Tal Cual, Maduro ordena bloquear la red X por 10 días: «En Venezuela hay un pueblo que respetar». Disponible: https://talcualdigital.com/maduro-ordena-bloquear-la-red-x-por-10-dias/
[24] Espacio Público, Incitación al odio: balance de una ley criminalizante y los desafíos del problema real. 3 de mayo de 2024. Disponible en: https://espaciopublico.ong/incitacion-al-odio-balance-de-una-ley-criminalizante-y-los-desafios-del-problema-real/
[25] Espacio Público (2 de febrero de 2023) Análisis de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG. Recuperado en:https://espaciopublico.ong/ley-contra-el-odio-y-el-fascismo-dos-caras-de-una-misma-moneda/
