Civicus y la Alianza Regional por Libre Expresión e Información instaron en una carta abierta al Estado venezolano y sus autoridades a informar a familiares y defensores de confianza sobre la cantidad de personas privadas de libertad arbitrariamente tras las protestas postelectorales del 29 y 30 de julio y garantizar el acceso a la información sobre sus procesos penales.
En una carta pública, Civicus y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información denunciaron que a las personas detenidas arbitrariamente desde el 29 de julio, entre ellas manifestantes, activistas, trabajadores de la prensa y personas defensoras de DD. HH., se les niega constantemente el acceso a la información, tanto por parte de la defensa pública como de la Fiscalía General.
“La Fiscalía prohíbe el acceso a los expedientes y en otros casos, se reconoce abiertamente que tales expedientes no existen. Las familias no tienen información formal y regular sobre la situación de las y los detenidos, algunos de ellos con patologías crónicas o que demandan medicación regular”, afirman las alianzas firmantes.
Instaron a las autoridades a que se garantice que todas las personas detenidas cuenten con un juicio justo, derecho humano que incluye el acceso regular de sus familiares y defensa privada a información sobre su situación legal, física, psicológica y emocional.
También llamaron la atención sobre la prohibición por parte de la Fiscalía de acceso a los expedientes de las personas detenidas; en otros casos, el Ministerio Público “reconoce abiertamente que tales expedientes no existen. Las familias no tienen información formal y regular sobre la situación de las y los detenidos, algunos de ellos con patologías crónicas o que demandan medicación regular”, mencionan Civicus y la Alianza.
Las organizaciones agrupadas advirtieron sobre la necesidad y urgencia de que los familiares de las personas detenidas conozcan los procedimientos que están siendo ejecutados para la designación de equipos defensores de confianza y para que les den acceso efectivo y completo a los expedientes judiciales.
En gran parte de los casos, familiares y abogados de las personas privadas de libertad desconocen en cuáles centros de detención se encuentran y no han sido notificados oportunamente de sus traslados, información vital y necesaria para prevenir mayores violaciones de derechos humanos.
“Es necesario que el Estado venezolano ponga a disposición de familiares y defensa de confianza información sobre la cantidad de personas privadas de libertad, por grupos etarios, origen nacional, etnia, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, y cualquier otra condición social relevante que pudiera afectar la garantía de derechos”, señala la carta.
Las redes de organizaciones exigieron el cese inmediato de las detenciones arbitrarias y la represión contra manifestantes, activistas, periodistas, trabajadores de la prensa y personas defensoras de DD. HH. Según fuentes oficiales, más de 2000 personas están detenidas en Venezuela desde la elección presidencial del 28 de julio, la mayoría por ejercer su derecho a la protesta pacífica.
Alianza Regional por Libre Expresión e Información, es una red creada en 2006, integrada por 17 organizaciones no gubernamentales referentes de 15 países de las Américas, que comparten la convicción de que la libertad de expresión y el acceso a la información pública son esenciales para garantizar la calidad de la democracia y un ambiente habilitante del goce de otros derechos.
CIVICUS, es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil y activistas dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. Fue creada en 1993 y tiene más de 17000 miembros en alrededor de 175 países.
