En una declaración conjunta de representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), instaron a los Estados a velar por el acceso a la información y la libertad de expresión de sus ciudadanos sin discriminación y prejuicios por género o expresión de sexo.
La Declaración sobre la libertad de expresión y la justicia de género fue firmada y suscrita por la Relatora Especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, la Representante de la OSCE para la libertad de los medios de comunicación, el Relator Especial para la libertad de expresión de la OEA y la Relatora Especial de la CADHP para la libertad de expresión y el acceso a la información.
En la misiva, suscrita tras debatir cuestiones de libertades y acceso a la información y expresión con justicia de género con la ayuda de ARTÍCULO 19: Campaña Mundial por la Libertad de Expresión y el Centro para el Derecho y la Democracia, los firmantes subrayan “el papel fundamental que desempeña el derecho a la libertad de opinión y expresión en la promoción y protección de los derechos humanos y la dignidad, el avance del desarrollo sostenible y el apoyo y fortalecimiento de las sociedades democráticas”.
De igual forma, el grupo de relatores destacó la importancia del rol de la libertad de expresión en el empoderamiento de las mujeres, la igualdad, su participación en la vida pública y el disfrute de sus derechos económicos sociales, culturales, civiles y políticos.
También hicieron mención a la proliferación de la violencia de género en línea, la desinformación y el discurso de odio por razón de género “con el objetivo de intimidar y silenciar a las mujeres, incluidas las políticas, las periodistas y las defensoras de los derechos humanos”.
Los voceros de unos de los principales organismos internacionales del hemisferio occidental condenaron los ataques y el acoso en línea a las mujeres periodistas y calificaron tales hechos como “una de las más graves amenazas contemporáneas a su seguridad y que perjudican la libertad de los medios de comunicación”.
En ese sentido, recordaron a los Estados su obligación de eliminar de forma proactiva los obstáculos a la igualdad y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de mujeres, niñas y personas LGBTQ+, incluido el derecho a la libertad de expresión y opinión.
Un informe reciente de Espacio Público retrató el impacto en los derechos de las mujeres de tres casos de violencia digital de género en Venezuela, los cuales comparten -como falla estructural- “la ausencia de una perspectiva de género que atienda a las particularidades de las mujeres en sus ámbitos individuales y sociales específicos”.
Entre las modalidades de ataques digitales se documentan la estigmatización, descalificación y acoso por razones y/o impactos de género, intimidación, chantajes con exposición de datos personales y amenazas, todos como represalias por parte de influencers y funcionarios públicos a la libertad de expresión de las mujeres (dos periodistas y una activista ambiental).
Se Instó a proteger y promover la participación y la igualdad de las mujeres en los medios de comunicación, con leyes, políticas y prácticas enfocadas en la seguridad de las periodistas así como su expresión de y sobre las mujeres. A los medios de comunicación y las empresas les recomendaron aumentar “la representación de las mujeres como directoras, periodistas, trabajadoras de los medios, fuentes, expertas y entrevistadas en las noticias”.
De igual forma, se recomendó a los Estados a acelerar y mejorar los esfuerzos para cerrar la brecha digital de género, fomentar y apoyar la alfabetización digital de mujeres y niñas y “garantizar que se recopilen datos desglosados por género y que se pongan a disposición del público”.
“Los Estados deben facilitar el acceso a la información y a las ideas de todo tipo por y sobre las mujeres y las personas no conformes con el género, incluso sobre salud sexual y reproductiva, roles de género, educación, oportunidades de empleo y datos económicos”, dice el comunicado conjunto de los organismos internacionales.
En el más reciente balance de Espacio Público sobre la ley de transparencia y acceso a la información de interés público, se concluyó que el Estado “mantiene su deuda en la implementación efectiva de un marco, prácticas y políticas garantes del acceso a la información pública”
Entre 2016 y 2018 se registraron 279 solicitudes de información pública, de las cuales 273 no obtuvieron respuesta, tres tuvieron respuesta negativa, una tuvo una respuesta positiva y una última fue referida a otro organismo sin competencia respecto a las preguntas hechas. En 2021, de 105 solicitudes de información, 40 % no fueron recibidas por formalismos y motivos injustificados.
Recordaron que los Estados “no deben utilizar el objetivo de proteger la moral pública” para restringir expresiones de género, sexuales, culturales o artísticas de las mujeres o personas no conformes con su género basándose en principios de una única tradición.
“Deben respetar la libertad de expresión académica y abstenerse de censurar, restringir o discriminar los estudios de género y los estudios feministas o el debate público sobre estas cuestiones”, destacó, dirigiéndose también a instituciones académicas públicas y privadas.
