Al cierre de octubre registramos 25 casos que dan cuenta de 106 violaciones a la libertad de expresión. En el décimo mes del año la censura, las restricciones administrativas y la intimidación fueron los tipos de violaciones más frecuentes.
Este mes, la mayoría de las víctimas fueron los periodistas (34%), medios de comunicación (32%) y plataformas web (27%); mientras que los principales responsables de estas violaciones fueron los cuerpos de seguridad, funcionarios y las instituciones del Estado.
En estos diez meses Venezuela acumula 902 violaciones al derecho, entre las que destacan, este mes, 4 detenciones a periodistas y ciudadanos en labores de buscar, recibir y difundir información.
El poder del Estado contra los periodistas
El alcalde del municipio Bolívar del estado Monagas, Carlos Rojas, amenazó a través de un audio a los educadores de la entidad si se sumaban a la protesta convocada por el gremio docente para el 5 de octubre. En el mensaje Rojas pidió vigilar a quienes asistieran a la manifestación y aseguró que“quien no esté con el Gobierno, simplemente que meta su renuncia”.
El equipo del medio Impacto VE y un reportero de AP fueron detenidos por la GNB cuando realizaban tomas de la llegada de un buque iraní en las afueras de la refinería El Palito, estado Carabobo. Sandino Yaguare, uno de los detenidos, explicó que los efectivos los mantuvieron en un vehículo durante una
hora, circularon por varios comandos de la localidad, les revisaron el material, y les hicieron firmar un acta donde constaba que no habían sido agredidos.
En el estado Portuguesa, un funcionario de la GNB intimidó al equipo de Venezolanos por la Información (VPItv) y a quienes estaban declarando durante una protesta, el teniente se ubicó al lado del camarógrafo del medio y grabó a los periodistas y a ciudadanos entrevistados, quienes tenían más de 14 días esperando para surtir combustible en Acarigua.
El alcalde del municipio Tinaco en el Estado Cojedes, José Rivas, amenazó al periodisata, Eduardo González durante una entrevista en su programa de radio. Durante el contacto telefónico con la emisora Ritmos 96.9 FM el alcalde afirmó, cito “Voy por ti si no te portas bien. Y por voy la emisora también”. El año pasado el mismo alcalde difundió un video con una advertencia contra otra emisora, y al día siguiente funcionarios de Conatel, la cerraron.
En el estado Sucre, un funcionario del Comando Nacional Antiextorsion y Secuestro (Conas) intimidaron al periodista José Gregorio Rengel, del portal digital Te Lo Cuento News, mientras cubría la marcha de los educadores en Cumaná el 5 de octubre.
El funcionario interrogó a Rengel cuando estaba finalizando su cobertura periodística, cuestionando sobre cuál tema estaba escribiendo, su nombre, y para cuál medio trabaja.
El 8 de octubre, dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) intimidaron a la periodista Lucelys Rodríguez, reportera del medio digital Todos ahora V E. El portal informó que los efectivos persiguieron a Rodríguez cuando hacía la cobertura a una protesta por falta de combustible en el estado Anzoátegui.
Limitaciones en la red
En materia digital, las violaciones a la libertad de expresión también se hicieron presentes, el Observatorio de Internet, Venezuela Sin Filtro (@VeSinFiltro), informó que el pasado 2 de octubre, la conexión a Internet cayó hasta un 65% tras los bajones eléctricos registrados en el país. Los estados más afectados fueron: Táchira, Carabobo, Lara y Miranda.
Días después, también denunció que la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) reactivó el bloqueo a 30 páginas web, la mayoría de estos, son medios de comunicación, entre los que estan: Efecto Cocuyo, Aporrea, El Universal, Armando.info, Caraota Digital, El Nacional, La Patilla, Diario 2001 y Globovisión.
El 10 de octubre el portal de Qué pasa en Venezuela sufrió cuatro ataques y permaneció fuera del aire. Al igual que el portal digital La Gran Aldea fue suspendido tras denuncias falsas de derechos de autor, una técnica utilizada anteriormente para imponer la censura en contra de una ONG.
A través de su cuenta en Twitter, el medio digital aseguró que se trata de un ataque legal promovido por Haiman El Troudi, quien luego de la publicación de un artículo escrito por la periodista Elizabeth Fuentes tomo acciones para censurarlo.
Restricciones administrativas
Este tipo de restricciones buscan inhibir la actuación de los medios independientes y en algunos casos interrumpir su operatividad, el 14 de octubre, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron la casa del director del Correo del Caroní, David Natera Febres. Tres unidades se presentaron en la vivienda en Puerto Ordaz, el estado Bolívar, con una orden emitida por un Tribunal de Caracas, impidieron que su abogado le asistiera durante el procedimiento y después de la requisa los funcionarios se llevaron a Natera a declarar en la sede del Sebin en San Félix, liberándolo horas después.
Dos días después, en Caracas, funcionarios del Sebin allanaron las oficinas de la página web 15 Minutos, con una orden emitida por la juez Carol Padilla, quien está involucrada en otros casos en contra de la libertad de expresión. El medio digital internacional anunció que las oficinas permanecían cerradas desde marzo, por lo que no había personal en las instalaciones, además señalaron que desconocían los motivos del allanamiento, y condenaron los hechos.
Esa misma semana, el Sebin también allanó la sede del diario Correo del Caroní ubicada de Puerto Ordaz, estado Bolívar. El procedimiento se mantuvo durante seis horas y culminó con la incautación de los cuadernos administrativos del medio y una computadora; además detuvieron de manera arbitraria a la secretaria, Susana Reyes, y a una periodista del diario, María Ramírez Cabello.
Durante el hecho los funcionarios del Sebin no permitieron el ingreso de los periodistas al medio; así como tampoco la entrada del abogado de la Editorial Roderick, Germán Borregales, a quien le informaron “que no podía estar, que se saliera”.
Cerca de las 10:00 pm liberaron a a Susana Reyes y a María Ramírez tras un interrogatorio que duró seis horas, sin la presencia de un abogado. Fueron devueltos los cuadernos administrativos, pero no la computadora incautada durante el allanamiento.
En otro acto arbitrario, funcionarios de Conatel en compañía de funcionarios de la Ggcim incautaron y abrieron un procedimiento administrativo a la emisora Médano 95.5 FM en la ciudad de Coro, estado Falcón.
El hecho, que se registró el domingo 11 de octubre, se produjo porque presuntamente la emisora estaba operando de manera clandestina; acción que el dueño de la radio, Aref Morales, calificó como “acoso político al que están siendo sometidos los medios que ofrecen espacios a los candidatos disidentes del chavismo”, según lo reseñó el medio digital El Pitazo.
Se conoció que Morales recibió una llamada telefónica en donde se le informaba la presencia de Conatel en la estación y que debía presentar la documentación en regla acerca de su prestación de servicios como operador radiofónico. Tales documentos permanecen en Caracas desde hace dos años a la espera de la renovación de la concesión, destacó Morales. Al no tener los documentos consigo, la comisión procedió a incautar los equipos de transmisión de la emisora, la cual quedó fuera del aire.
