La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó la mañana de este 16 de septiembre su segundo informe, donde señala directamente a los órganos judiciales como cómplices de la violación sistemática de los derechos humanos en el país.
El documento incluye cuestiones relacionadas con la independencia, su papel en la investigación y persecución de opositores del Gobierno, y su papel en la perpetuación de la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y los delitos cometidos contra ellos: «La Misión tiene motivos razonables para creer que juezas, jueces y fiscales han desempeñado un papel clave en las detenciones arbitrarias» señalaron.
Para la realización del documento, la Misión llevó a cabo un análisis detallado de 183 detenciones a opositores, que han tenido lugar entre 2014 y agosto de 2021 con la finalidad de evaluar el tiempo, el modo y las circunstancias en que se realizaron los arrestos, las aprehensiones y los procedimientos judiciales.
Durante la presentación del informe, la abogada Marta Valiñas, presidenta de la Misión, expresó: «Los ataques que hemos documentado están dirigidos a oponentes políticos, activistas y organizaciones de la sociedad civil, y todos aquellos considerados amenazas al gobierno».
Del mismo modo, Francisco Cox Vial, parte de la Misión de la ONU declaró: «En lugar de actuar como un contrapeso de otras instituciones del Estado y ofrecer protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos, el sistema de justicia ha facilitado su comisión y ha contribuido a la impunidad».
Medidas cautelares restringen la libertad de expresión
Los jueces entrevistados por la Misión informaron haber recibido regularmente amenazas de destitución o presiones para que renuncien o se acojan a la jubilación anticipada: «Estos jueces y juezas identificaron a los presidentes y presidentas de los Circuitos Judiciales Penales como responsables de muchas de esas amenazas con fines de represalia o coercitivos».
En algunos casos revisados por la Misión, las medidas cautelares alcanzaron una duración similar a la de la pena por el delito subyacente. Además, las medidas cautelares sustitutivas han restringido los derechos a la libertad de expresión, de reunión y otros derechos constitucionales.
En este sentido Cox, intervino en la presentación del informe y manifestó: «El uso excesivo de la detención preventiva se ve agravada por la tardanza o falta de órdenes de liberación por parte de los jueces. La mayoría de los detenidos fueron por ejercer sus derechos de libertad de expresión y protesta pacífica».
Entre los casos que menciona el informe, destacan el del periodista Luis Carlos Diaz, en la que actores políticos de alto nivel hicieron declaraciones públicas sobre el caso, antes o en las horas o días posteriores a una detención llevada a cabo por las fuerzas de seguridad o de inteligencia, expresando conclusiones sobre la culpabilidad o inocencia de las personas sujetas a la investigación, perjudicando potencialmente sus derechos.
«El 9 de marzo de 2019, Diosdado Cabello difundió un video editado de un programa de radio del periodista Luis Carlos Díazcon el mensaje “Así fue como la derecha local y la derecha rancia gringa prepararon lo que ellos llamaron ‘operación blackout’, que busca colapsar al país saboteando el centro de operaciones de generación del Sistema Eléctrico Nacional del que dependen la mayoría de los servicios públicos”» citan en el documento
Incluso hacen referencia a los malos tratos que recibió durante su detención: «Describió ante el Tribunal Trigésimo Primero de Control los maltratos a los que fue sometido, entre ellos que no le mostraron ningún tipo de orden de aprehensión; que fue encapuchado y llevado a un centro clandestino de detención; que fue golpeado, asfixiado y maltratado por agentes de la DGCIM».
En el caso del periodista Luis Carlos Díaz las medidas cautelares sustitutivas llevaban al momento de redactar el informe más de dos años y medio, mucho más allá del límite legal de dos años y del plazo autorizado por la ley para que el Ministerio Público finalizara sus investigaciones. Durante este tiempo, Diaz no había podido salir del país y había perdido varias oportunidades profesionales y becas.
Derecho a la asociación se restringe
El informe también hace referencia a la ordenanza emitida por el Ministro del Interior de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada que obliga a las ONG a registrarse ante el Gobierno mediante un proceso que implica la presentación de una serie de documentación interna y, en ocasiones, privada, como documentos financieros, listas de miembros de alto nivel y listas de donaciones y donantes en Venezuela y en el extranjero; además de compartir una lista de los beneficiarios de su trabajo.
En este sentido, la Misión de la ONU señala que individuos y organizaciones que documentan, denuncian o intentan abordar problemas de derechos humanos o sociales y económicos en el país son los más perseguidos.
Aquí mencionan el caso de los miembros de Azul Positivo, en donde la detención en flagrancia contrasta con los cargos presentados posteriormente ante el juez de la audiencia de presentación, lo cual plantea dudas respecto a la capacidad de la fiscalía para investigar adecuadamente los nuevos cargos en el periodo de 48 horas que transcurre entre la detención y la audiencia de presentación.
Estos son algunos de los casos que el informe presenta. Las conclusiones del informe contienen 45 recomendaciones, de acción urgente, dirigidas al Tribunal Supremo de Justicia, a las juezas y jueces penales, al Ministerio Público, a la Fiscalía Militar, a la Defensoría del Pueblo, a la Asamblea Nacional y al Poder Ejecutivo.
Puedes leer el informe completo en: Misión Internacional de Determinación de los Hechos_Venezuela
