La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, presentó este lunes, 13 de septiembre, en el marco de la 48° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un informe actualizado sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Durante la presentación oral, la Alta Comisionada explicó que el informe se basa en entrevistas con las víctimas así como de reuniones con funcionarios del gobierno y organizaciones de la sociedad civil y abarcó la situación del país en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021.
En la presentación destacó como el derecho de acceso a la información pública se ha vuelto “crecientemente escasa”. Lo cual ha afectado directamente la capacidad de la población para participar en la “formulación, implementación y fiscalización de políticas públicas”.
Como una muestra de ello, el boletín epidemiológico y el anuario de mortalidad, no se han publicado desde 2016 y 2014, respectivamente. El presupuesto nacional no se ha publicado desde 2018 y las memorias y cuentas de los diferentes Ministerios, que incluyen información sobre la ejecución del presupuesto nacional, no se han hecho públicas desde 2017.
Del mismo modo, ACNUDH registró 60 solicitudes de información pública relacionadas con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales entre 2020 y 2021 por parte de organizaciones de la sociedad civil. La mayoría de las solicitudes seguían sin respuesta al momento de la presentación del informe. Además agregó que algunas solicitudes “no fueron admitidas debido a la omisión de formalidades no esenciales, lo que puede haber afectado indebidamente al derecho de acceso a la información pública. También, las organizaciones de la sociedad civil indicaron que la pandemia de COVID-19 impactó su capacidad para realizar solicitudes formales, ya que la administración pública no contaba con plataformas en línea para estos trámites”.
La oficina de la Alta Comisionada, aseguró que el complejo contexto económico y humanitario, el número reducido de profesionales calificados en el sector público y la falta de recursos ha afectado, según se reporta, la capacidad del Estado en estas áreas que competen el acceso a la información pública.
Recomendaciones
La información pública es indispensable para la participación efectiva de las personas titulares de derechos en los asuntos públicos y para políticas públicas eficaces que estén en conformidad con las normas de igualdad y de no discriminación, con enfoque de género y que tenga en cuenta las necesidades y perspectivas de los grupos más marginados. Esto también contribuiría a atraer más recursos para hacer frente a los desafíos humanitarios existentes.
El presupuesto nacional y la información sobre su ejecución son esenciales para la supervisión, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, y deberían estar disponibles públicamente. Así como también las memorias y cuentas de los ministerios, incluyendo un marco normativo de cada una de las entidades y políticas públicas, sobre su estructura organizativa, presupuesto asignado y ejecución, compras y contrataciones, mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, auditorías y procedimientos judiciales y administrativos iniciados por las entidades del Estado.
También, los retos que enfrenta el país podrían resolverse, según la oficina de la Alta Comisionada, “mediante la promulgación e implementación de legislación específica para regular el acceso a la información pública, como una Ley Orgánica de Transparencia, estableciendo los mecanismos para el disfrute efectivo del derecho de acceso a la información pública reconocido en la Constitución”.
