La persecución por motivos políticos se está intensificando en Venezuela, así lo alertó este lunes 22 de septiembre la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.
En un informe dirigido al Consejo de Derechos Humanos, la Misión reveló nueva evidencia sobre la dura represión postelectoral tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, documentando cómo la persecución contra defensores de derechos humanos y voces críticas se ha mantenido durante 2025.
La Misión ha documentado 18 casos de detenciones de periodistas en el ejercicio de su trabajo, entre agosto de 2024 y agosto de 2025, por su consideración como personas opositoras al Gobierno, de manera real o percibida. A la fecha de este informe, 11 periodistas (10 hombres y una mujer) permanecen detenidos.
El informe también destaca que, entre enero y junio de 2025, se registraron 144 atentados a la libertad de expresión, de los cuales 44 estuvieron relacionados con incidentes digitales. Estos hechos se suman a un patrón de represión sostenida que limita el ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a informarse libremente 1.
Ejecuciones y impunidad
La investigación concluyó que, de las 25 muertes registradas en protestas, ocurridas entre el 29 y 30 de julio de 2024, los cuerpos de seguridad estatales estuvieron involucrados en al menos 12 casos.
En Maracay, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército dispararon armas de fuego contra manifestantes, causando seis muertes. “Una víctima recibió un disparo de escopeta a menos de 10 metros“, detalló el documento.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, denunció que “la Fiscalía no ha informado sobre avances en las investigaciones, aunque desde el principio aseguró que los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad. Nuestra investigación ha revelado lo contrario: todas las muertes permanecen en la impunidad”.
Muertes bajo custodia y torturas
La Misión documentó la muerte de cinco personas detenidas durante protestas en 2024 y 2025. En dos casos, se establecieron “motivos razonables para creer que el Estado no brindó atención médica oportuna“, sometiendo a los detenidos a “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Patricia Tappatá, experta de la Misión, subrayó: “Las muertes por deterioro de salud en prisión constituyen privaciones arbitrarias de la vida. A esto se suma el maltrato a familias, la falta de investigación y la complicidad del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo”.
Represión continuada
Aunque las autoridades excarcelaron progresivamente a 2006 de las 2220 personas detenidas en 2024, la Misión documentó al menos 200 nuevas detenciones selectivas contra críticos del gobierno.
Un hallazgo alarmante: 220 niños entre 13 y 17 años fueron detenidos, sometidos a incomunicación, violencia sexual y violaciones al debido proceso. Cuatro adolescentes permanecen detenidos en La Guaira y Lara.
Francisco Cox, otro experto de la Misión, precisó: “Las detenciones de 2025 repiten el patrón de 2024: sin base legal, realizadas por individuos enmascarados y con fabricación de expedientes penales. Ante el sometimiento de la justicia al ejecutivo, la única esperanza de justicia reposa en instancias internacionales”.
La misión también alertó sobre la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales en noviembre de 2024, a la que calificó como un mecanismo de control político. La norma impone un registro obligatorio, sanciones administrativas desproporcionadas y facultades discrecionales al Estado, lo que genera un efecto restrictivo en la labor de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas aquellas que defienden la libertad de expresión 2.
Torturas sistemáticas
El informe describe una maquinaria estatal que emplea torturas sistemáticas: asfixia con bolsas plásticas, palizas, descargas eléctricas en genitales y amenazas de violación. Los tribunales ignoran sistemáticamente las denuncias.
Las leyes de “financiación de ONG” y “Simón Bolívar” han funcionado como “piezas adicionales de la maquinaria represiva”, forzando a organizaciones civiles a limitar programas o cerrarlos.
El documento también se refirió al proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, aún en discusión, cuya redacción ambigua supone un riesgo para la libertad de expresión y asociación. La misión advirtió que su eventual aplicación podría disuadir a organizaciones defensoras de derechos humanos de presentar informes en espacios internacionales, reduciendo el flujo de información independiente sobre la situación en Venezuela 3.
“No hay voluntad para frenar las violaciones de DD.HH”
Marta Valiñas cerró con una advertencia: “Las evidencias confirman que el crimen de persecución por motivos políticos continúa en Venezuela, sin que ninguna autoridad nacional demuestre voluntad de prevenir, perseguir o castigar estas graves violaciones de derechos humanos”.
