El 14 de marzo de este año la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) notificó e informó en un comunicado público la revocación de los títulos administrativos que permitían operar en Venezuela a la empresa privada Supercable, bajo el argumento de “violación a los derechos de los usuarios”.
El organismo regulador estableció un “período de transición” de 60 días en los que Supercable mantendrá sus operaciones para garantizar el servicio de sus usuarios y para que estos puedan migrar a otro proveedor.1 La empresa, por su parte, dijo en un comunicado que “siempre ha actuado en consecuencia con las leyes” venezolanas y que recurrirá la decisión de Conatel.2
La revocatoria de los permisos a Supercable, sin embargo, carece de información suficiente que permita conocer el alcance de la medida, en aras de garantizar el derecho de las y los usuarios a comunicarse y mantenerse informados. Supercable fue fundada en 1993 y presta servicios de telefonía, internet y televisión por cable en Venezuela y en Colombia.
Desde hace varios años las y los suscriptores de Supercable han denunciado en medios y en redes sociales3 las continuas fallas de los servicios que presta la compañía, aunque a falta de información sobre el procedimiento administrativo, no es posible conocer si se debió a algún cúmulo de demandas en su contra.
Es importante alertar que las denuncias por fallas en los servicios de telefonía, internet y televisión por suscripción no son nuevas ni son exclusivas de una misma compañía. Desde 2015 Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja que se refleja también en la deficiencia de los principales servicios públicos, entre ellos internet, afectando el derecho a la libertad de expresión y del acceso a la información.
En ese sentido, en redes sociales abundan las denuncias de usuarios de empresas distintas a Supercable -entre ellas la estatal CANTV y su filial Movilnet- por precios elevados, caídas constantes y hasta cobros a usuarios que no gozan del servicio por desconexión o falta de mantenimiento.
Asimismo, es importante destacar el rol que han desempeñado las empresas proveedoras de internet residencial y móvil -entre ellas Supercable- en la política de censura impulsada por el Estado, a través de la Conatel, con el bloqueo sistemático de decenas de medios independientes por brindar información que contrasta con la versión oficial.
La eliminación o suspensión de un prestador de servicio de conexión a Internet reduce la posibilidad de las personas de escoger el de su preferencia, siendo las operadoras privadas menos propensas a aplicar bloqueos indiscriminados en la web.
Desde Espacio Público alertamos que, sin información pública, precisa y transparente sobre el procedimiento administrativo que adelanta la Conatel, la suspensión de los servicios que presta Supercable afectará el derecho a la comunicación de miles de usuarios y usuarias que utilizan sus servicios para buscar, recibir y difundir información, además de ejercer diferentes derechos humanos que se facilitan en línea.
- Banca y Negocios. 14 de marzo de 2025. Conatel revocó autorización de SuperCable para operar en Venezuela. Recuperado de: https://www.bancaynegocios.com/conatel-revoco-autorizacion-de-supercable-para-operar-en-venezuela/ [↩]
- Banca y Negocios. 16 de marzo de 2025. SuperCable recurrirá suspensión de operaciones ordenada por Conatel. Recuperado de: https://www.bancaynegocios.com/supercable-recurrira-suspension-de-operaciones-ordenada-por-conatel/ [↩]
- Diario 2001. 1 de julio de 2021. Los usuarios se “engrinchan” por el internet de Inter y Supercable. Recuperado de: https://2001online.com/nacionales/los-usuarios-se-engrinchan-por-el-internet-de-inter-y-supercable [↩]
