“Lupa por la vida” y el gobierno carabobeño firman acuerdo de conciliación

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El coordinador de Derechos Humanos del Centro Gumilla, P. Alfredo Infante s.j; y el coordinador de exigibilidad del Programa Venezolana de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, ofrecieron una rueda de prensa este jueves 23 de junio para informar sobre un acuerdo de conciliación llevado a cabo el martes 22 ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del estado Carabobo entre el gobierno regional y el programa Lupa por la Vida.

Este acuerdo surge a raíz de la demanda por “difamación agraviada y continuada” interpuesta el 16 de mayo por el gobernador de la entidad carabobeña, Rafael Lacava, hacia Infante y Alvarado por el informe que presentaron a través de Lupa por la Vida, en donde presentaron las ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado durante el año 2021.

El informe resalta que la policía estadal de Carabobo presuntamente participó en al menos 132 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales; que en total hicieron que la entidad fuera la segunda más letal del país, con 221 víctimas. PoliCarabobo, de acuerdo con el informe, fue el cuerpo estadal con más presuntos casos en 2021.

Comunicado:

“Lupa por la Vida es un programa conjunto entre Gumilla y Provea que apuesta por una institucionalidad que garantice el derecho a la vida. La historia de ambas organizaciones es prueba fehaciente de que nuestra misión es constructiva; y la denuncia, cuando se requiere, va apuntada al fortalecimiento institucional y al acompañamiento de los ciudadanos en sus reclamos de justicia.

Como organizaciones siempre hemos apostado a que toda controversia, de ser posible, sea resuelta de manera constructiva. Creemos en la transformación positiva del conflicto; y por tanto las desavenencias dialogadas son una oportunidad para crecer y fortalecer la institucionalidad al servicio de los derechos humanos.

De ahí que, ante la acción legal interpuesta por difamación continuada y agravada por parte del gobernador del estado Carabobo, señor Rafael Lacava contra el padre Alfredo Infante, coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla; y el abogado Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea.

En relación con los pronunciamientos sobre el informe Lupa por la Vida, queremos aclarar ante la opinión pública que no ha sido nuestra intención señalar al gobernador Rafael Lacava como responsable directo ni indirecto de las presuntas ejecuciones extrajudiciales que pudieran haber ocurrido en el estado Carabobo.

La solicitud que hicimos en la presentación de nuestro informe sobre la necesidad de investigar; así como también establecer responsabilidades no pretendió de nuestra parte hacer un señalamiento acusatorio al gobernados, aunque así pueda haberse entendido.

Lo que quisimos manifestar y aún exigimos en términos generales es que se investigue toda muerte violenta con rigor para que los familiares de las víctimas de funcionarios policiales en todo el país tengan acceso a la verdad, a la justicia; y a la protección efectiva. Afirmamos que corresponde a las instituciones competentes investigar y dar a conocer la verdad de los hechos y establecer responsabilidades para que no haya impunidad.

En el caso del ciudadano gobernador Lacava, aclaramos que no poseemos ni hemos poseído en ningún momento indicios elementos o fundamentos para vincular a su persona con presuntas ejecuciones extrajudiciales.

No pretendimos en el pasado ni pretendemos en el presente relacionarle con hechos de esta naturaleza, pues para hacerlo, tendrían que existir indicios sobre la persona del Gobernador.

Si en un contexto relacionado a informaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y públicamente mencionamos al gobernador Rafael Lacava en rueda de prensa, en entrevistas y publicaciones digitales, aclaramos que no fue ni es nuestro propósito ponerle personalmente en tela de juicio.

Si por nuestros pronunciamientos pasados ha sido interpretado que pretendimos ponerle en tela de juicio, nos retractamos hoy de tales señalamientos. Reiteramos que responsabilizar personalmente a cualquier individuo de situaciones tan delicadas correspondería a las instancias competentes garantizando el debido proceso.

Nuestra motivación es visibilizar el clamor de justicia de numerosas familias y que toda muerte violenta sea revisada con profundidad. De nuevo, en aras de aclarar definitivamente la situación y prevenir cualquier distorsión posible de interpretación, reiteramos ante la opinión pública que no tuvimos ni tenemos motivo fundamental ni interés particular para afirmar o sugerir que el gobernador Lacava haya tenido responsabilidad o relación con los hechos que mencionamos en nuestro informe Lupa por la Vida 2021.

Lo que quisimos solicitar y seguimos solicitando con la fuerza y responsabilidad correspondiente es que las actuaciones en todo el país se indaguen con meticulosidad. Esto para que los familiares de víctimas de organismos de seguridad incursos en desviaciones sientan que tienen acceso a la justicia y protección efectiva.

Es una exigencia a la que aspiramos no solo en Carabobo sino en todo el país que estas denuncias no son ni únicas ni típicas del estado Carabobo, ni tampoco exclusivas de tiempos recientes, sino que se han producido desde hace varios años.

Apostamos a una institucionalidad policial apegada a la Constitución, a las leyes, y los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Todos deberíamos estar en contra del abuso policial, pero no en contra de la policía. Al contrario, se requiere de cuerpos policiales con capacidad de garantizar seguridad ciudadana y funcionarios trabajando en condiciones dignas.

Saludamos que el Gobernador  través de sus representantes haya expresado la voluntad de contribuir a que en la controversia actual se abran oportunidades para que mediante el diálogo se puedan encontrar soluciones pensando en el país, en su gente y en sus instituciones.

Creemos necesario y conveniente que se adelanten en el país procesos de revisión; fortalecimiento, investigación y reformas de los procesos de los cuerpos de seguridad del Estado.

Si la Gobernación del estado Carabobo y el cuerpo de policial de Carabobo impulsan en lo sucesivo iniciativas para la promoción, educación, fortalecimiento y protección de los derechos humanos en la región, nuestras organizaciones podrían colaborar constructivamente en esos esfuerzos en lo que consideramos sería asentar un precedente y un hito en materia de derechos humanos en el país».

La audiencia de conciliación es obligatoria

Durante el encuentro con los medios también estuvo presente el abogado de ambos defensores de derechos humanos, Joel García, quien resaltó la necesidad y obligatoriedad  que “antes de iniciar un proceso contradictorio de debate, se debe hacer una audiencia de conciliación, porque esta obligatoria de acto es para evitar un futuro litigio”, dijo.

Lupa por la Vida
Abogado Joel García | Foto: Lenys Martínez

García indicó que lo que queda de ahora en adelante es cumplir con un cronograma de trabajo, establecido por ambas partes. “El Juez de Primera Instancia en funciones de juicio da por sobreseer la causa y da por terminado este proceso”, añadió.

En ese sentido, el representante legal destacó que aplaude este tipo de conversaciones, porque “hace falta el diálogo, comunicarse, conversar; indiferentemente de las opiniones contrarias que podamos tener”, puntualizó.

Seguirán denunciando ejecuciones extrajudiciales

Por su parte, Marino Alvarado informó que se abrieron algunos canales que les permitirán trabajar con el Gobernación del estado Carabobo; aunque no precisó cuáles serán dichos canales de acción.

Lupa por la Vida
Abogado Marino Alvarado | Foto: Lenys Martínez

¿Han tenido comunicación directa con el Gobernador?

“Ayer en la audiencia y después de la audiencia tuvimos la oportunidad de conversar con el gobernador Lacava, y dejamos abierta las posibilidades abiertas de trabajo a futuro. Fue un diálogo bastante cordial y sí, hay riesgos a futuro, porque como es el trabajo de los derechos humanos siempre tiene un riesgo. Nosotros vamos a seguir haciendo el monitoreo a nivel nacional porque el acuerdo no implica que nosotros dejemos de monitorear. Lo que encontremos de las posibles ejecuciones extrajudiciales en Carabobo la vamos a mostrar y en todo el país. Lo que sí nos parece positivo es que en las reuniones ha estado el Director de Seguridad abierto con disposición a escuchar”, expresó Alvarado.

¿Conocen si ha habido algún cambio en el cuerpo policial del estado Carabobo?

“El principal cambio es que hay un nuevo Director de Seguridad ciudadana. Esto no quiere decir que tiene que ver con esto; pero hay un nuevo Director el cual lo hemos visto con bastante receptividad y voluntad de escuchar y eso es bastante positivo”, finalizó Alvarado.

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