Tras un año y medio de espera, el juzgado cuarto del estado Zulia dictó sobreseimiento en el caso de los cinco miembros de la organización de derechos humanos Acción Zuliana por la Vida, Azul Positivo, que estaban bajo figura de medida cautelar sustitutiva desde febrero de 2021.
Azul Positivo confirmó la información en sus redes sociales1 y añadió que Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez, Alejandro Gómez y Luis Ferrebuz quedaron en libertad plena, sin medidas cautelares.
Los integrantes de la organización fueron detenidos el 12 de enero de 2021 por funcionarios militares y policiales durante un allanamiento a la sede.2
En la audiencia de presentación ante el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Zulia efectuada el 14 de enero de ese año, se admitió la precalificación de los delitos de uso fraudulento de tarjetas telefónicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir.3
Ese mismo día, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para DD. HH. instó al Estado venezolano a detener el acoso contra trabajadores humanitarios y organizaciones de derechos humanos4. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH también se pronunciaron por el caso.5
El 18 de enero la Misión de Naciones Unidas en Venezuela y la Oficina para Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA Venezuela) manifestaron su compromiso con la protección de los trabajadores humanitarios y la situación de Azul Positivo, socia de la respuesta humanitaria en el país.6
Cinco días más tarde los cinco integrantes humanitarios fueron trasladados a un centro de salud privado en el municipio San Francisco7 y el 26 de enero regresaron al comando de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) luego de estar hospitalizados por sospechas de COVID-19.
El 10 de febrero de 2021 los cinco miembros de la ONG Azul Positivo fueron liberados, aunque no les fue otorgada la libertad plena sino que, bajo la figura de medida cautelar sustitutiva, debían presentarse en tribunales cada 30 días.8
En septiembre de ese año, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, designada por el Consejo de DD. HH. de la ONU para esclarecer hechos de violaciones de derechos en el país, mencionó el caso de Azul Positivo en su segundo informe y describió los hechos e irregularidades cometidos por las autoridades.9
Con 17 años de trayectoria y trabajo humanitario, Azul Positivo realiza importantes acciones de salud preventiva del VIH, violencia de género y asistencia humanitaria a las poblaciones de estudiantes, jóvenes, personas LGBTI, personas excluidas y en situación de pobreza, campesinos, pescadores artesanales y población en general del estado Zulia.
La organización es aliada de agencias del sistema de Naciones Unidas como Acnur, el Fondo de Población de la ONU (Unfpa) y contribuye con el Programa Conjunto de la ONU sobre el SIDA (ONUSIDA) en la realización de pruebas para detectar VIH de forma segura, rápida y gratuita en comunidades y sectores populares.10
Referencias
