El P. Alfredo Infante s.j., coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla; y Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), ofrecieron una rueda de prensa este jueves 19 de mayo para reiterar que el informe presentado por el programa Lupa por la Vida (alianza entre Provea y C. Gumilla) se encarga de monitorear las presuntas ejecuciones extrajudiciales en toda Venezuela.
Esto, ante la acusación por difamación presentada por el gobernador oficialista del estado Carabobo, Rafael Lacava, hacia ambos activistas el lunes 16 de mayo.
“Estamos del lado de las víctimas y sus familiares. Es nuestra única parcialidad. No pretendemos otra cosa que defender el derecho a la vida, restablecer el Estado de derecho en nuestro país; que haya verdad, justicia, reparación; y la no repetición para que los venezolanos podamos convivir en paz y seguros”, expresó Infante ante los medios de comunicación.
El sacerdote agregó que debido a la acusación hecha por el mandatario regional, es necesario “hacer algunas precisiones”. Entre esas, que el informe presentado por Lupa por la Vida “no está focalizado en el estado Carabobo”. Además, señaló que en el sitio web del programa hay un registro de las 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en todo el país durante el año 2021.
“Nuestra insistencia no fue solo la denuncia o el señalamiento, sino que se abran investigaciones institucionales para que se conozca la verdad, para que los familiares de las víctimas tengan acceso a la justicia y para que en este proceso se identifiquen quiénes son los culpables de estas muertes”, dijo.
En ese sentido, Infante resaltó que se debe verificar si hubo ejecución extrajudicial o no en cada caso; si fue un hecho aislado o es parte de una política estadal. “Investigar las cadenas de mando es importante”.
Por otra parte, el coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla, considera que se debe hacer una reforma en los cuerpos de seguridad del Estado venezolano; sobre todo en las policías. A su juicio, debe haber una formación efectiva y que también haya “calidad de vida de la policía”.
Además, indica que en Venezuela existe un imaginario de criminalización hacia los jóvenes varones en los sectores populares. “Esto es una injusticia que tenemos que erradicar en nuestro país”.
Ante esta situación, Infante, en nombre de Lupa por la Vida, expresó que están dispuestos al diálogo y a la cooperación. “La respuesta adecuada de cualquier gobernante debe ser agradecer y proceder a una investigación para fortalecer la institucionalidad y garantizar el derecho a la vida”, indicó.
En ese sentido, reiteró que no existe nada personal hacia el gobernador Rafael Lacava; y que a él como hombre de fe, lo mueve la reverencia por la vida. Mientras ésta sea amenazada, “la Iglesia mantendrá su voz de accionar a favor de las víctimas y a favor del Estado de derecho”.
No permitieron juramentación de la defensa
Por otra parte, el abogado Joel García, denunció durante la rueda de prensa que pese a la notificación del Tribunal Tercero de Primera Instancia del estado Carabobo, no le permitieron juramentarse en Caracas como equipo defensor de ambos activistas. Para ello, debe hacerlo en el estado Carabobo.
“Desde ya comienzan a cercenarnos el derecho a la defensa”, expresó e hizo un llamado a los jueces que presiden los circuitos judiciales en que “el derecho a la defensa es un derecho inviolable en todo el proceso”, añadió.
García comentó que todo el equipo está dispuesto a enfrentar este caso porque “los representados no han cometido delito alguno”. Además, resaltó el mensaje del padre Infante en que no es una señalación hacia el gobernador Lacava; y que todas las gobernaciones deben evitar que los cuerpos policiales eviten que se sigan cometiendo este tipo de hechos. “Sabemos que no todos son así, pero el Ministerio Público y la Fiscalía deben iniciar una investigación. Ahí están los datos”, apuntó.
“Un Gobernador no debe estar a la defensa automática de los funcionarios”
Por otro lado, el coordinador de exigibilidad de Provea, Marino Alvarado, reiteró lo expuesto por el padre Infante y resaltó que el informe presentado por Lupa por la Vida es solo para visibilizar las ejecuciones extrajudiciales.
Además, invitó al gobernador Lacava a conformar una comisión que esté integrada por algún delegado de la Gobernación de Carabobo junto a la Defensoría del Pueblo, el Fiscal superior del estado Carabobo, la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Provea y el Centro Gumilla para analizar las presuntas ejecuciones extrajudiciales de 2021.
“Un Gobernador no debe estar a la defensa automática de los funcionarios que pudieran estar involucrados en graves violaciones de derechos humanos”, expresó.
Adicionalmente, Alvarado recordó que el artículo 23 de la Constitución exige al Estado venezolano la obligación de investigar; y que ellos, como defensores de derechos humanos, su mandato es “velar por el derecho a la vida, que la sociedad venezolana conozca la verdad.
Por último, exhortó a Rafael Lacava que, en vez de criminalizar el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos, se ocupe de abrir sus espacios para que el país pueda avanzar.
