La periodista Laura Clisánchez alertó que en los últimos dos meses ha sido víctima de acusaciones hechas por una cuenta anónima de Instagram, con el propósito de dañar su reputación y credibilidad como periodista, acudiendo a la suplantación de identidad en línea, entre otras medidas de hostigamiento.
El 15 de mayo, personas desconocidas crearon una dirección de correo electrónico con el nombre de la periodista que era utilizara para ofrecer servicios periodísticos a cambio de pagos. Además, la acusaron de escribir información para “manipular” a la opinión pública.1
Al día siguiente, Clisánchez denunció el hecho ante el Ministerio Público por usurpación de identidad y delitos informáticos. Para entonces se le asignó la investigación del caso a la Fiscalía 11 de delitos comunes menos graves.1
“En la segunda ocasión (19 de junio), hicieron algo parecido, pero un video. Simularon una conversación de WhatsApp, utilizaron una foto mía y me acusaron de ser propietaria de una empresa publicitaria y de extorsionar gente utilizando al Correo del Caroní”, detalló Clisánchez, reportera de ese medio en el estado Bolívar (sur).1
La empresa publicitaria que mencionan en el video es Publicidad Integral Clisánchez, C.A., pero la periodista aclara que, si bien existe y es real, pertenece al hermano de su papá y está cerrada desde hace más de ocho años. La empresa no guarda relación ni con Laura Clisánchez, ni con Correo del Caroní.1
Al final del video, asegura, la cuenta pide que etiqueten y mencionen al fiscal general designado por la ilegal asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab. Este segundo caso lo denunció el mismo día y fue procesado por la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público.1
Sobre el estatus de la primera denuncia que hizo, el fiscal auxiliar décimo primero, Carlos Parra, le informó que la Fiscalía había asignado al Centro de Coordinación Policial de Unare para investigar el suceso, pero ese órgano nunca se lo notificó a Clisánchez.1
El Estado debe garantizar el respeto pleno a las y los periodistas e investigar cualquier hecho o acción que ocurra en contra de ellos por haber informado. La labor e integridad de quienes trabajan en los medios de comunicación son vitales para el fortalecimiento de los valores democráticos y el respeto al Estado de Derecho.
El hostigamiento contra periodistas busca silenciarles, a través del miedo, para limitar o censurar su trabajo. El Estado es responsable de investigar efectivamente las denuncias, dar con las personas responsables y sancionar de acuerdo con la legislación, respetando el debido proceso y el estado de derecho.
