La periodista Mayerlin Villanueva fue citada el 27 de junio por el Ministerio Público luego de que la vincularan con una noticia que publicó otro medio, a través de Instagram, en el que se exponía la identidad y datos personales de un adolescente, en un acto de hostigamiento judicial a través de la aplicación de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopna).
Villanueva dijo que el 24 de junio hizo pública una denuncia de un hombre que fue golpeado por un adolescente, en compañía de su madre, en el municipio Junín del estado Táchira.1
“El hijo del señor me contactó para procesar la denuncia. Coloqué la información, la foto del señor y no puse el nombre del menor de edad porque sé que está prohibido, sé cómo es el tema”, explicó la periodista.1
Luego de que Villanueva publicara la información en sus redes sociales, una cuenta de Instagram denominada “Táchira Noticia” publicó una minuta policial sobre el caso de la agresión en la que expusieron el nombre y número de cédula del adolescente.1
“La gente se puso a investigar, dieron con el muchacho y lo empezaron a amedrentar y amenazar. Han sido días terribles para esa gente”.1
El 26 de junio, la madre del adolescente fue a la Fiscalía y demandó a Mayerlin Villanueva porque “había expuesto al escarnio público al menor de edad”, pese a que la periodista no tenía ningún vínculo con la información que publicó Táchira Noticia.1
Villanueva acudió a la citación con la fiscal 14° del estado Táchira y, en medio del interrogatorio, sintió que la quería hacer responsable por la publicación que se hizo en Instagram.1
El caso evidencia la normalización de la judicialización de periodistas por lo que se publica en redes sociales, una situación grave por la persecusión judicial incluso por causas sin fundamento, donde la ciudadanía acusa a quienes buscan la información y tratan de responsabilizarles por las consecuencias.
La persecución de periodistas desde altas figuras de poder ha contribuído, durante décadas, a que personas en la actualidada busquen ejercer mecanismos legales contra periodistas, una práctica contraria al derecho a la libertad de expresión, que establece la réplica como la vía adecuada para resolver situaciones en las que se divulga información incorrecta o indebida.
“Yo no tenía nada que ver porque (la publicación) no tenía mi nombre. La fiscal tenía impresas a color todas las publicaciones donde aparecía la información. Como la nota está en Táchira Noticia, no puedo hacerme responsable por informaciones que salen en otros medios y que tergiversan”, explicó.1
La periodista asegura que la fiscal insistía en culparla por la exposición pública del adolescente y sintió que la funcionaria buscaba la manera de intimidarla. “Al final lo que me dijo fue que había que esperar el acto conciliatorio” con la parte demandante.1
Periodistas del estado Táchira que estaban al tanto de la presencia de la comunicadora en la Fiscalía comenzaron a publicar y compartir la situación en redes sociales. Un grupo fue a la sede del Ministerio Público a presionar para que el fiscal superior ayudara a mediar la situación.
“Al final se aclaró delante de la mamá que yo no fui, ella seguía culpándome. El fiscal dijo que solicitara una investigación sobre esa cuenta de Instagram que publicó la información”.1
