Concejal de Naguanagua hostigó a activista Ariana González por cuestionar a un precandidato presidencial

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El concejal del partido Acción Democrática (AD) por el municipio Naguanagua del estado Carabobo, Freddy Millán, hostigó este 4 de octubre a la periodista y activista por los derechos de la mujer, Ariana González, luego de que cuestionara en su cuenta personal unas declaraciones del precandidato presidencial Carlos Prosperi.

Ariana González contó a Espacio Público1 que, a raíz de unas declaraciones que hizo Prosperi en un podcast que consideró misóginas y machistas, lo cuestionó en su cuenta personal de Twitter2 y lo catalogó como “impresentable”.

“No es primera vez que da muestras de machismo y su estructura machista. La vez pasada dio términos de homofobia y misoginia, algo que me parece grave de parte de alguien que pretende gobernar un país”, dijo González.3

La activista aseguró4 que recibió muestras de apoyo por el tuit, pero algunos de rechazo y ataques como el del concejal Freddy Millán, quien la insultó públicamente, la llamó “sarrapastrosa (sic) mental, de obediencia perruna”. El dirigente político de AD, posteriormente, borró el tuit. 

Ariana González dijo que mostró el ataque del concejal Millán en su cuenta de la red Instagram y “desató indignación” entre quienes vieron la publicación. “Sobre todo en mujeres de otros partidos, incluyendo a AD. Varias me escribieron pidiendo disculpas en nombre de su partido”, detalló.5

La cofundadora del movimiento “Yo te creo” señala que el problema fue supuestamente considerado en el seno de ese partido. “Tanto así, que esa misma noche el concejal borró el tuit”6 y se disculpó públicamente.7

“Estas cosas no deberían pasar, pero es un hecho que la violencia política existe en Venezuela, la violencia de género de tipo político existe en Venezuela y esto fue una muestra de eso”, dijo Ariana González. 

La libertad de expresión y de opinión es un derecho que está consagrado en la Constitución y en los pactos internacionales suscritos por Venezuela. Los funcionarios públicos, electos o no por el voto popular, están obligados a garantizar ese derecho y evitar invalidar o restringir las opiniones legítimas de la ciudadanía. 

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