Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) intentaron entrar a la sede de la organización no gubernamental Programa Venezolana de Acción y Educación en Derechos Humanos (Provea), donde familiares de trabajadores detenidos iban a ofrecer una rueda de prensa exigiendo su liberación.
Provea informó a través de Twitter1 que los funcionarios del Sebin buscaban intimidar a los familiares de Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés; trabajadores y activistas que fueron víctimas de detenciones arbitrarias en julio por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Desde sus detenciones, familiares han insistido en denunciar la falta de pruebas en su contra, participando en protestas y exigiendo a las autoridades la liberación inmediata de los detenidos.2
Bracho, Meléndez, Astudillo y Cortés, todos militantes del partido político opositor Bandera Roja, fueron detenidos de forma arbitraria por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) entre el 4 y el 7 de julio de este año. El 4 de julio también se produjo la detención de Yeny Pérez, esposa del militante José Castro.3
Al dirigente sindical y presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, Emilio Negrín, lo detuvieron el 5 de julio en El Junquito y está recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara.4
Gabriel Blanco, por su parte, es sindicalista y trabajador humanitario y fue detenido el 6 de julio por funcionarios de la Dgcim, vestidos de civiles y sin identificación, en su casa en la urbanización Carlos Delgado Chalbaud, en la parroquia Coche de Caracas.5
Blanco, Cortés y Astudillo fueron presentados ante tribunales el sábado 9 de julio y ese mismo día el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia con competencia en terrorismo ratificó la medida de privación de libertad.6 El Foro por la Vida rechazó la detención de Blanco y solicitó a las autoridades su liberación inmediata e incondicional, así como el cese de actos de hostigamiento y criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos.
Las acciones de hostigamiento e intimidación hechas por los funcionarios del Sebin este martes en la sede de Provea, constituyen violaciones de derechos humanos y vulneran el derecho de los afectados a expresarse libremente y denunciar las detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas que, según ha afirmado la Misión de Determinación de Hechos de la ONU7, forman parte de un patrón gubernamental de amedrentamiento contra la disidencia política.
Referencias
