Funcionarios de seguridad de la empresa estatal Gas Yaracuy obligaron, el viernes 19 de enero, a dos periodistas de medios nacionales a borrar las imágenes y videos que tomaron luego de recoger las declaraciones de la directora de la planta en el estado Yaracuy (norte) y a mostrarles lo que grabaron con sus teléfonos.
El hecho ocurrió luego de que la directora declarara, específicamente decidieron hacer tomas de apoyo para sus notas, según contó una fuente a Espacio Público. Los funcionarios les indicaron que no podían grabar en ese lugar “por tema de protocolo” y porque se trataba de “material estratégico”.1
Posteriormente, los funcionarios de seguridad de Gas Yaracuy pidieron revisar los teléfonos de ambos periodistas y lo que grabaron, que exigieron eliminar. Los vigilantes abordaron a los trabajadores de la prensa al salir del lugar donde se ofrecieron las declaraciones.2
La obstaculización del trabajo de la prensa representa una violación del derecho de las y los periodistas a expresarse libremente y mantener informada a la población.
Todo acto de intimidación, censura o persecución perpetrado por un funcionario público -bajo el aval y la impunidad del Estado- busca perpetuar la opacidad e impedir la contraloría social de los bienes públicos.
