Un fiscal del Ministerio Público y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llegaron este 25 de enero a la casa del periodista José Gregorio Meza, editor de El Nacional, y lo llevaron a declarar por unos trabajos de investigación que publicó el medio.
El propio Meza informó a través de sus redes personales cuando el fiscal y el CICPC se presentaron en su residencia en Guatire, estado Miranda. Afirmó que, hasta el momento de la información, le habían dicho que el proceso era “solo investigación” y que lo llevaban para declarar sobre trabajos que publicó El Nacional.1
El presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, dijo en su cuenta de Twitter que, junto con él, cuatro periodistas más fueron citados por el Ministerio Público.2 Una fuente, que solicitó mantenerse en anonimato, agregó que fueron citadas las periodistas Alba Sánchez e Hilda Lugo y la gerente de recursos humanos del medio, Virginia Núñez.3
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que José Gregorio Meza, editor de El Nacional, fue trasladado desde Guatire hasta la sede del Ministerio Público, en Caracas, en su propio carro junto con su esposa y uno de los funcionarios.4
“Poco después de las 7:30 p. m., inició la declaración”, señaló el SNTP.5 Cerca de las 11:00 de la noche el SNTP informó que terminó el interrogatorio y que, durante el procedimiento, le confiscaron el teléfono celular. 6
El 11 de enero, la periodista Carola Briceño, su hija y su yerno empezaron a ser hostigados y acusados de “extorsionadores” en redes sociales a raíz de una serie de trabajos de investigación publicados en El Nacional, con la autoría de Briceño.
La serie trata sobre los hermanos Santiago y Ricardo Morón Hernández, venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América y acusados por presuntos vínculos con Nicolás Maduro Guerra, diputado e hijo de Nicolás Maduro Moros.7
En uno de los trabajos, además, se menciona que el autoidentificado en sus redes sociales como “gestor de crisis” y “estratega de comunicación”, Irrael Gómez, presuntamente es parte de una campaña de limpieza de imagen de los hermanos Morón y se le vincula, incluso, con el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab.8
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Referencias
