A 10 meses de su detención arbitraria e injustificada, la defensora de derechos humanos y directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel sigue sin recibir sus derechos a un juicio justo, una defensa privada y, ahora, a una atención médica oportuna y de su entera confianza.
Violando su derecho a la privacidad, el 10 de diciembre el gobierno de Nicolás Maduro divulgó fotos de San Miguel siendo “atendida” por personal médico por una fractura en el hombro derecho que fue detectada con cuatro meses de retraso.
Se conoció que la defensora de DD. HH. requiere una cirugía, sin embargo, se corre el riesgo de que sea sometida a esa intervención en el Helicoide, centro donde se encuentra recluida y que tiene antecedentes de torturas que no ofrecen garantías para su rehabilitación e integridad física.
Rocío San Miguel tiene derecho a ser atendida por médicos de su entera confianza que le den un diagnóstico oportuno, con el fin de garantizar su bienestar y una recuperación óptima acorde a los estándares internacionales de DD. HH. para personas privadas de libertad.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero y sometida a desaparición forzada por más de 24 horas hasta que la Fiscalía formalmente la acusó de “terrorismo”. Su detención fue una de las decenas que antecedieron a la elección presidencial del 28 de julio; ninguna hasta ahora ha recibido un juicio justo e imparcial.
Reiteramos que San Miguel debe ser operada en libertad, pues no ha cometido ningún delito y solo en libertad es posible que obtenga atención médica confiable. Su operación quirúrgica no debe estar bajo la responsabilidad de personas que tardaron cuatro meses en hacerle un chequeo y detectarle una fractura.
Hacemos un llamado a la Oficina del Alto Comisionado para los DD. HH. de la ONU y a la Corte Penal Internacional para que intercedan en favor de San Miguel y más de 1500 presos políticos, muchos de ellos en condiciones inhumanas y sin garantía de sus mínimos derechos.
