El Estado venezolano quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al no lograr los votos suficientes en el pleno de Ginebra para extender su presencia para el período 2023 – 2025.1
De esta forma, el mandato como miembro activo en el Consejo expirará el próximo 31 de diciembre, junto con Brasil, México (en 2023) y Argentina (en 2024), que no se postularon a la reelección por haber alcanzado el máximo de dos períodos consecutivos en el organismo.2
Venezuela aspiraba a la reelección como uno de los ocho representantes de Latinoamérica y el Caribe en el Consejo de DD. HH., pero obtuvo 88 votos, insuficientes para la reelección, y quedó por detrás de Chile y Costa Rica, países que sumaron 144 y 134 votos, respectivamente.3
La decisión final se da pocos días después de que el Consejo decidiera renovar por dos años más el mandato de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos (FFM, por sus siglas en inglés), que investiga las violaciones a los derechos humanos y presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano desde 2014.
La renovación de la Misión, a su vez, se produjo luego de que presentara su tercer informe sobre Venezuela, que recuenta las prácticas de torturas, vigilancia, malos tratos y represión contra personas opositoras, manifestantes, defensoras de derechos humanos y periodistas por parte de organismos de inteligencia. El informe también incluye detalles de violaciones a los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco.
Estos informes dan cuenta de numerosas violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, malos tratos y persecución a personas que se oponen o critican la gestión de gobierno, incluyendo periodistas, defensoras de derechos humanos, políticos, militares y trabajadores públicos. Además exponen mecanismos sistemáticos de vigilancia masiva desde el Estado y evidencian el uso del sistema judicial para perseguir la expresión.
Organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, que han monitoreado, documentado y reseñado constantemente las violaciones en el país, se pronunciaron sobre la decisión de los países miembro de la ONU.
Alí Daniels, abogado y director de Acceso a la Justicia, dijo que el Estado “increíblemente se había postulado para ser reelecto en el Consejo de DDHH de Naciones Unidas pese a no tener los requisitos para ello (los más altos estándares cumpliendo DDHH)”.4
La ONG Provea también se pronunció al respecto y señaló que “ser un país violador de derechos humanos tiene sus consecuencias”.5
Referencias
