Enero: aumentó la represión a los medios de comunicación

Al cierre de enero documentamos 18 casos, correspondientes a 30 violaciones a la libertad de expresión. Las agresiones más frecuentes fueron; la intimidación, el hostigamiento judicial y las amenazas.

El 38% de las víctimas resultaron ser periodistas, 34% medios de comunicación y 12% fueron Organizaciones No Gubernamentales, mientras que los agresores continúan siendo en su mayoría funcionarios, instituciones del Estado y los cuerpos de seguridad.

Al cierre del año pasado, el país acumuló 994 violaciones al derecho, entre las que destacan: detenciones ciudadanos y periodistas en el contexto de manifestaciones por la exigencia de servicios públicos.

La mayoría de los casos corresponden a impedimentos de la cobertura o búsqueda de información realizada por trabajadores de la prensa o infociudadanos.

Cuando el objetivo son los medios

Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) realizaron un operativo en las sedes del medio digital Venezolanos por la Información (VPI TV), en Caracas el viernes 8 de enero, procedimiento que culminó con la incautación de todos los equipos que permitían el funcionamiento del medio.

El procedimiento que duró más de siete horas, no contó con una orden legal por escrito según informó el medio en un comunicado que compartieron a través de sus redes sociales. En ese tiempo, los trabajadores permanecieron detenidos e interrogados sobre los procesos y las funciones que desempeñan en el medio.

Tres días después, VPItv anunció a través de un comunicado que la incautación de los equipos, la clausura del estudio y de la oficina de redacción les obligó momentáneamente a cesar sus operaciones en Caracas y en toda Venezuela; aclararon que su sede principal está en Miami y recordaron que la medida tomada por Conatel es una sanción que causa indefensión, les niega el derecho a la defensa, y es una pena anticipada sin escuchar a las partes.

El proceso administrativo sancionatorio afecta la posibilidad de informarse en Venezuela y en el mundo a través de los canales digitales, y además pone en riesgo el trabajo de más de 100 venezolanos.

Financiamiento del periodismo independiente

En otro hecho, una cuenta asociada a la Aviación Militar Bolivariana hostigó en Twitter al portal de noticias Efecto Cocuyo señalándolo de publicación de información falsa y manipulación de noticias por cumplir con «intereses extranjeros», el martes 19 de enero. Desde el perfil publicaron un video en el que se ve a la directora del medio, Luzmely Reyes, explicando cómo funciona, seguido de señalamientos que criminalizan el trabajo informativo.

Esto sucedió luego de que el 8 de enero este medio fuese acusado –junto a Radio Fe y Alegría y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa– de recibir financiamiento por parte del Reino Unido a través de un «proyecto de promoción del periodismo de investigación en América Latina que cubre furtivamente a Venezuela», según reseño el diario Daily Maverick.

Ese mismo día, pero en el estado Zulia, el Seniat ordenó la clausurapor cinco días la sede del diario zuliano Panorama, luego de una inspección realizada.

Los funcionarios del Seniat, argumentaron el «incumplimiento de deberes formales de las leyes tributarias» y sancionaron al medio de comunicación con el cierre hasta el martes 12 de enero.

Panorama fijó posición a traves de un comunicado publicado en su cuenta en la red social Instagram e informó que acataría la sanción contenida en el acta de clausura dejando de operar  en los siguientes cinco días.

El comunicado expresó que la medida atenta contra el derecho a la información expresado en la Constitución pues esta salida limita el derecho de los ciudadanos que eligen a Panorama como opción informativa

«Atravesando siete años de aguda recesión económica en el país, esta empresa continúa generando empleos, honrando compromisos, aportando su mejor esfuerzo todos los días para la construcción de un país de inclusión y siendo ventana para todas las corrientes de pensamiento político, sin sesgos ideológicos», expresa el comunicado.

La inseguridad es una violación indirecta

Es deber del Estado garantizar la seguridad no solo de los periodistas, sino de los medios de comunicación, de modo que cuando son víctimas de la delincuencia, resulta una violación indirecta a la libertad de expresión porque además de afectar la operatividad de una empresa de información, priva a los ciudadanos de informarse a través de esa opción.

Durante la madrugada del viernes 8 de enero, robaron la sede de Radio Fe y Alegría Monagas 105.9 FM. Los equipos hurtados afectaron la conectividad de la emisora a la red nacional de Fe y Alegría, según denunció el director de la estación, Romer Bastardo.

Aproximadamente cinco sujetos encapuchados entraron por un boquete, sometieron al vigilante, le amenazaron con armas de fuego, amarraron con cables de computadoras y le pusieron sábanas encima para tapar su visión.

El cableado de Internet, módems, tres switches y dos equipos que servían para administrar la conexión a través de Wifi. «La emisora ahora solo está con programación local y no conectados con el resto de las 22 emisoras en red en todo el país. En la emisora también rompieron el equipo de teléfono y en el caso de la producción si fue bastante notable porque para producir los materiales educativos e informativos allí si se sustrajeron cuatro computadoras de escritorio,  una consola pequeña que es justamente para la producción radial. Ese fue el mayor golpe a la comunicación», expresó Bastardo en entrevista a Espacio Público.

Un Internet reducido y bloqueado

El diario Tal Cual denunció que su página web se encuentra bajo un ataque informático que le impide a los usuarios acceder al portal. En apenas una semana sus lectores se vieron imposibilitados de acceder al contenido del portal en dos ocasiones (el 8 y 11 de enero).

A traves de su cuenta en Twitter, el medio aseguró que se encuentra trabajando para solventar la situación y que mientras seguirían promocionando sus contenidos a través de las redes sociales, mientras que el periodista Victor Amaya detalló que el ataque causa complicaciones de acceso, ralentización de la carga e impiden su actualización.

Continúan las amenazas contra periodistas

A través de un mensaje privado de Twitter, José Brito, diputado de la ilegítima Asamblea Nacional, insultó al periodista Odell López, el pasado 5 de enero.

Luego de la difusión de un video en el que el Brito explicaba que utilizó «homosexual» como insulto a los periodistas con el fin de «estremecerlos», el periodista respondió «Hola, Jose Brito, soy periodista y soy homosexual y tengo más principios que usted que se vendió para destruir al Parlamento venezolano. ¡Respete! Entre mis plegarias está verlo pagando junto a los chavistas todo lo que ha hecho en este tiempo”.

Este mensaje fue suficiente para que Brito insultara por mensaje directo al periodista: «Anda a lavarte ese culo, muchacho gafo. Cuando vayas a hablar paja, primero verifica. Estúpido. Tremendo homofóbico que ge sido de los pocos que planteado discutir el matrimonio igualitario».

Al día siguiente, Brito siguió agrediendo, esta vez, la corresponsal de la WRadio Colombia, Gabriela González, fue la víctima.

Esto ocurrió luego del nombramiento de Brito como vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la AN chavista y presidente una comisión que investigará a los diputados de la AN de 2015, la periodista recordó que Brito fue señalado como uno de los diputados de la llamada «fracción CLAP» que viajó a Europa a realizar gestiones a favor del empresario colombiano, Alex Saab (detenido hoy en Cabo Verde y acusado por lavado de dinero) y que al día de hoy dichos viajes no han sido explicados.

“Gabriela, no seas palangrista. Cuando uno hace una denuncia es porque tiene todos los elementos probatorios para tal acusación.  Cualquiera puede señalar, por ejemplo yo te puedo señalar de ladrona, pero no tengo pruebas para tal acusación. No señalemos ni supongamos. Hagamos periodismo de investigación. Mi viaje a Europa fue el viaje que más le dolió a el cártel de los López y a todos sus periodista$$, porque denunciamos ante el parlamento Italiano al principal financista del cartel de los López: Rafael Ramírez. Prófugo de la justicia”, Twitteó.

El 27 de enero, desde la  Fiscalía General de la República, Brito amenazó con abrir una investigación al periodista y director del portal La Gran Aldea, Alejandro Hernández.

«Alejandro Hernández, con ese señor tenemos una investigación que vamos a adelantar en los próximos días porque ese señor es el presunto testaferro de Julio Borges. Los bienes de Julio Borges están en poder de este señor, Alejandro Hernández. Con él viene una investigación; para que sepan que además sabemos dónde están todos los bienes», expresó Brito sin mostrar pruebas desde la sede del organismo estatal.

Intentan silenciar la protesta 

Un grupo de al menos cinco trabajadores de Alimentos Kellogg SA fueron suspendidos de sus puestos de trabajo por realizar una protesta para exigir mejoras salariales, el pasado 7 de enero.

Los trabajadores de Kelloggs, empresa expropiada en el año 2018 por el régimen de Nicolás Maduro, fueron notificados a través de un comunicado firmado por el gerente de recursos humanos, Argenis Salazar, que tenían prohibido el acceso a sus puestos de trabajo, por haber incurrido en una «falta» calificada como «grave» el 04 de enero, día en que protestaron exigiendo sus derechos laborales, en Maracay.