Electores desinformados. Escenario de la libertad de expresión en Venezuela en el marco del 6D

Electores desinformados. Escenario de la libertad de expresión en Venezuela en el marco del 6D

Las elecciones permiten la renovación de cargos públicos cuya acción tiene incidencia directa en la garantía progresiva de los derechos de las personas. La participación política requiere de adecuados niveles de información y espacios propicios para el debate a fin de decidir de manera consciente.

El ejercicio de la voluntad popular que se expresa en las elecciones debe realizarse mediante procesos justos, genuinos o auténticos. La salvaguarda de estas características está estrechamente relacionada con garantías plenas a los derechos a la asociación, asamblea o reunión pacífica y libertad de expresión.

Los estándares a nivel constitucional e internacional en la materia recomiendan tanto en escenarios regulares como electorales: la existencia de medios de comunicación pluralistas, la derogación de leyes restrictivas, garantías para el funcionamiento regular de los medios y el libre desarrollo de la actividad periodística, libertad de información sobre cuestiones electorales, imparcialidad, pluralidad y equilibrio de los medios públicos además de condenar la imposición arbitraria de información (cadenas).

Antes y durante las elecciones legislativas del 6 de diciembre, estas condiciones en Venezuela no estuvieron garantizadas. El abuso de los medios públicos para hacer propaganda partidista, la escasez de papel prensa, la negativa del Estado a suministrar información pública, y el uso excesivo de cadenas (transmisiones obligatorias conjuntas de radio y televisión) configuraron un escenario donde lo poco que se sabía estaba parcializado, o era producto de la especulación. Esta política de opacidad alimenta los rumores a la vez que aumenta los niveles de incertidumbre al entorpecer, para los votantes, una elección clara, informada y consciente.

Ausencia de pluralidad informativa

Menos papel, menos información

En el año 2012 el Ejecutivo nacional excluyó el papel prensa de los bienes prioritarios para la importación. A partir de ese año los medios impresos que importaban directamente el papel debían tramitar un Certificado de No Producción ante el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (Milco); posteriormente solicitar al Centro de Comercio Exterior (Cencoex), el permiso de importación para iniciar el trámite y, finalmente, obtener los dólares a través del órgano, cancelar el papel al proveedor extranjero y obtener el producto. La asignación de divisas para la compra del insumo llegaba algunas veces de forma tardía.

El 16 de mayo de 2013 mediante la publicación en Gaceta Oficial del decreto número 104, se autorizó la creación de una empresa estatal, bajo la forma de Sociedad Anónima, denominada Complejo Editorial Alfredo Maneiro S.A (CEAM). Entre las funciones asignadas está la “producción, distribución y comercialización de diversos productos impresos destinados a la información, divulgación, propaganda y afiches y desplegables, tanto para el consumo nacional como para la exportación”. Tras dos meses de la creación del CEAM, a partir de julio de 2013, se han registrado problemas para la adquisición de papel prensa principalmente por parte de medios que no pertenecen al aparato comunicacional estatal.

Desde 2013 al menos catorce (14) medios nacionales y regionales se han visto en la obligación de reducir sus formatos ante la falta de insumos que afectan su producción.   Las dificultades para acceder a las divisas y los altos costos de otros materiales importados necesarios para la impresión mantienen a los medios en crisis con inventarios inestables y cada vez más limitados. Como resultado, se han reducido los espacios para informar, en especial en medios que sostienen una postura independiente o crítica al gobierno nacional. El espacio para informar pasa por un análisis en las salas de redacción donde es necesario hacer una priorización de la información dado el poco espacio disponible en las páginas de los diarios. Esta limitación no solo afecta el derecho a informar sino que los principales afectados son quienes esperan recibir la información, la sociedad en su conjunto reduciendo la posibilidad de sumar insumos al debate público.

Parcialización de medios públicos

Los medios públicos en Venezuela forman parte de un conglomerado mediático que responde a una única línea editorial de propaganda pro-gobierno. Estos se aglutinan en el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SIBCI). El carácter estatal es utilizado como justificación para imponer un enfoque “verdadero” de la realidad. Tal situación se distancia de la razón de ser de los medios públicos: dar cabida a todos los sectores y distintas corrientes de pensamiento, en correspondencia con los diferentes intereses, gustos y necesidades de las personas que integran la sociedad y financian esos medios.

Hace cinco años los periodistas parlamentarios fueron expulsados del hemiciclo de la Asamblea Nacional, área de cobertura informativa en la cual pudieron trabajar históricamente con la amplitud, el respeto y las facilidades que su importante labor demanda. En su lugar se le cedió a una televisora el monopolio de la cobertura, lo que restringe el acceso a la información de los ciudadanos quienes se ven impedidos de conocer diversos enfoques de la noticia y limita la formación consciente de su opinión.

Uno de los más claros abusos del sistema  nacional de medios públicos se evidencia con el programa Con el mazo dando, transmitido por el canal Venezolana de Televisión (VTV). Funciona como tribuna del diputado Diosdado Cabello para satanizar la crítica mediante insultos, descalificaciones y acusaciones sin fundamento. El también presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se ubica como el principal victimario entre los funcionarios públicos al ser responsable del 40% de las amenazas e insultos hacia la prensa, defensores de derechos humanos y otros voceros de diferentes sectores de la sociedad.

El espectro radioeléctrico de dominio y financiamiento público es utilizado con fines políticos-partidistas a favor del gobierno. Los programas de medios públicos, que pertenecen a toda la ciudadanía y cuya función es abrir tribuna a los diferentes sectores de la vida nacional, por el contrario son monopolizados por el sector oficialista en aras de una “hegemonía comunicacional” que excluye y criminaliza a la disidencia, e impide la pluralidad de información que vital para la toma de decisiones de los electores.

Abuso de cadenas: campaña permanente

Las cadenas o transmisiones conjuntas obligatorias, en tanto mecanismos de imposición de información, representan per se un instrumento que atenta contra la libertad de expresión. Por ello existen condiciones estrictas para su utilización a los fines de preservar en lo posible el derecho a la información de las personas:

1.      La información a comunicarse debe revestir un interés público preponderante y debe requerir ser informada de manera urgente,

2.      La información debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de información en materias de claro y genuino interés público,

3.      La transmisión debe ser durante el tiempo estrictamente necesario,

4.      La información debe poder revertir el interés de la colectividad en el conocimiento de hechos que puedan encerrar trascendencia pública

5.      La información debe ser realmente necesaria para la real participación de los ciudadanos en la vida colectiva.

Los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han reiteradamente expresado su preocupación por el uso abusivo y discriminatorio de las cadenas por parte del Gobierno venezolano. Han sido constantes llamados para que las autoridades adapten la legislación y el uso de este mecanismo a los estándares internacionales y regionales aplicables[1]. A la presente fecha no se observa ningún cambio al respecto, toda vez que el Presidente Nicolás Maduro ha continuado utilizando este mecanismo tal como lo hiciera su antecesor Hugo Chávez, e incluso siendo superado en términos relativos.

En menos de tres años de gestión, el gobierno de Maduro con 465 horas de transmisión en cadena nacional superó en 167 horas el total de cadenas transmitidas por Chávez en sus primeros tres años como presidente (298).

*Datos de cadenas actualizados hasta el 30 de octubre de 2015

El uso del mecanismo de la cadena presidencial, por razones evidentes, resulta aún más peligroso en época de campaña electoral cuando el Presidente está optando por la reelección o cuando existe un candidato que forma parte del Gobierno.  En efecto, este mecanismo le otorga un privilegio al gobierno del cual no dispone el candidato opositor.  De tal manera, el uso de la cadena en época de campaña electoral crea un desbalance en el campo de juego de los candidatos, favoreciendo desproporcionadamente al candidato del gobierno, el cual tendrá una plataforma adicional para dar a conocer su mensaje.

Adicionalmente, la cadena siempre implica la censura de otras informaciones que estarían siendo difundidas de no ser por la cadena. Esto es especialmente delicado en época de campaña electoral, cuando el electorado requiere aún más estar completamente informado y cuando podría haber un mayor interés por parte del gobierno de censurar información que le pudiera resultar desfavorable. Por ello, el uso de la cadena en periodos electorales tiene un impacto mayor sobre el derecho de los ciudadanos a mantenerse informados.

En Venezuela, sin embargo, la situación es muy delicada.  En efecto, aunque ello ha sido reiteradamente solicitado por diferentes sectores nacionales e internacionales, no sólo no se ha logrado prohibir el uso de las cadenas durante la campaña electoral, sino que, por el contrario, se ha observado un incremento significativo en el uso de este mecanismo cada vez que se realizan elecciones en Venezuela.

En este sentido, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en su Informe Final de las Elecciones Parlamentarias de Venezuela en 2005 estableció lo siguiente:

El presidente, de acuerdo al artículo 192 de la Ley de Telecomunicaciones, puede ordenar a todos los medios electrónicos, privados o públicos, que emitan simultáneamente mensajes gratuitos del propio presidente, el vicepresidente, los ministros y otras instituciones, como el CNE (una práctica que se conoce como cadena).  Esta prerrogativa, bastante frecuente en Latinoamérica, se utiliza generalmente en otros países de la región bajo circunstancias excepcionales. Sin embargo, en Venezuela se hace un uso muy discrecional y frecuente de este privilegio: sólo en las dos últimas semanas de la campaña electoral hubo cinco cadenas sin que existiese una amenaza expresa a la seguridad o una situación de emergencia que las justificase. […]

Se hizo un uso generalizado de imágenes de funcionarios públicos con fines proselitistas. El recurso excesivo a las cadenas durante el período de la campaña fue asimismo inapropiado y no contribuyó a la mejora del clima político.[2]

El uso de la cadena durante la campaña electoral implica una doble violación, por afectar tanto el derecho del electorado, como el derecho del candidato opositor. En la época pre-electoral —desde el fallecimiento de Hugo Chávez el 05 de marzo de 2013, hasta el 14 del mismo mes— se transmitieron un total de 820 minutos de Cadena Nacional; con temáticas relacionadas a la muerte del ex presidente y a la sucesión en el actual candidato oficialista, Nicolás Maduro, lo que supone una ventaja propagandística. Desde el 14 de marzo, día en que se anuncian elecciones para el 14 de abril de 2013, hasta el 03 de abril a las 11:00 am., se transmitieron 8:52:59 horas de Cadena Nacional. Esto implica que durante casi 23 horas, en menos de un mes, el gobierno utilizó las cadenas para difundir mensajes políticos, espacio del que no dispuso el candidato opositor, lo que generó un ventajismo en la contienda electoral y evitó que los usuarios accedieran a información sobre la propuesta de Capriles en la programación de los medios radiales y audiovisuales.

Lo mismo ocurrió en el contexto de las anteriores elecciones legislativas, incluso antes del periodo legal de campaña. En enero de 2010, 9 meses antes de las elecciones pautadas para el 26 de septiembre de 2010, el Presidente Chávez llamó a votar por los miembros del PSUV (cadena del 20 de enero de 2010).  De la misma forma, lo realizó el 13 de abril de 2010.

Esto afecta el equilibrio que debe existir entre las diferentes opciones electorales, lo que  coloca a los candidatos gubernamentales en un plano de ventaja que desnaturaliza la pluralidad propia de una contienda electoral.

Prensa hostigada e intimidada

Entre enero y noviembre de 2015 se han registrado 18 casos entre amenazas de querellas y demandas efectivas en tribunales nacionales contra periodistas y medios de comunicación por difundir información que resulta “incómoda” para la actual gestión gubernamental.

Entre los casos se encuentran:

• La amenaza de demanda de la Ministra para los Asuntos Penitenciarios, Iris Valera contra el reportero gráfico Jesús Medina Ezaine, el 27 de octubre de 2015, tras haber informado la situación que se vivió en la cárcel Rodeo II, el 22 de octubre de 2015, donde 1 recluso murió y 5 personas estuvieron secuestradas por una semana. “En declaraciones el día de ayer la ministra enfatizó que gracias a mi irresponsabilidad no se había solventado la situación del Rodeo II, cuando yo lo único que hice fue intermediar. Incluso, gente del alto mando militar, del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo me pidieron que siguiera haciendo el enlace con los reos que mantenían secuestrados a los 5 trabajadores sociales”, declaró el fotógrafo al portal de noticias Caraota Digital[3].

• Tras reiteradas amenazas Diosdado Cabello Rondón – presidente de la Asamblea Nacional, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y capitán activo – demandó el 21 de marzo a los medios Tal Cual, El Nacional y La Patilla por haber replicado una información publicada por el diario ABC de España, que vincula al diputado con el narcotráfico[4].

A raíz de este proceso, el 12 de mayo se emitió la prohibición de salida del país a 22 directivos de los mencionados medios[5]. Días después, el Ministerio Público (MP) entregó el 14 de mayo una carta solicitando al director del semanario Tal Cual, Teodoro Petkoff, que remita a la Fiscalía Vigésima Primera a Nivel Nacional con Competencia Plena información sobre las funciones que cumple el periodista Omar Pineda[6]. Luego el 23 de septiembre, un tribunal de primera instancia de Caracas ordenó al estatal Sistema Integrado de Información Policial (Sipol), a solicitud de los demandantes, buscar a los directivos de La Patilla, El Nacional y Tal Cual, a los fines de hacer “comparecer mediante la fuerza pública a los acusados que persistan en contumaz incomparecencia ante la sede” del juzgado. Dos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron a la sede del semanario Tal Cual, a las 8:00 p.m. del 8 de octubre, buscando a Francisco Layrisse, directivo del medio. La medida fue emitida por el Tribunal 29° de Primera Instancia en lo Penal del Área Metropolitana de Caracas. Los funcionarios del cuerpo de seguridad también visitaron la sede del diario El Nacional en búsqueda de Miguel Henrique Otero, presidente editor de este rotativo, así como las instalaciones de la página informativa La Patilla[7].

• El periodista Damián Prat, articulista del diario el Correo del Caroní y el semanario Tal Cual, fue señalado por el Ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, de estar vinculado con la planificación de saqueos en Ciudad Guayana, estado Bolívar el 14 de septiembre. El nombre del periodista no fue mencionado por el funcionario, sin embargo, en una pizarra que se mostró en medio de la rueda de prensa transmitida en  por el canal del Estado, Venezolana de Televisión, aparecía su nombre y su cédula de identidad. Se le señala de pertenecer a una banda paramilitar que es, según las acusaciones del ministro, liderada por el dirigente de Primero Justicia Wilson Castro[8].

Los funcionarios públicos se ubican como principales victimarios al ser responsables de 52 violaciones a la libertad de expresión entre descalificaciones, denuncias e impedimentos de cobertura.

Esta arremetida sistemática se vincula y coincide con la conformación de un clima de  inhibición en las salas de redacción de los medios nacionales: 44 denuncias de censura se han registrado en lo que va de año, la tercera violación más recurrente (18% del total).  La supresión o modificación inconsulta de artículos que tratan sobre la oposición venezolana así como denuncias contra la administración pública, constituyen las principales causales de censura.

Entre enero y noviembre de 2015, la intimidación (el impedimento de cobertura, acceso a espacios públicos negado o limitado, la detención y decomiso arbitrario de equipos) se ubica como la violación más recurrente con62 ocurrencias que representa el 25% del total seguido de 54 hostigamientos verbales (22%), censura y 28 denuncias de agresión que equivalen al 11%.

Institución cómplice

En los últimos meses, el Consejo Nacional Electoral (CNE) adoptó un conjunto de medidas que impiden en algunos casos el acceso directo a la prensa, lo que contraviene las obligaciones del Estado de dar mayor apertura a los medios, a la difusión de información a fin de mantener enterada a las personas de diversas eventualidades que relacionadas con su ejercicio de votación.

Desde el lunes 18 de septiembre se dispuso un banner en el sitio web oficial para transmitir en vivo todas las auditorías realizadas al sistema electoral[9]. Luego el 29 de septiembre  se informó a los periodistas que cubren la fuente electoral, que desde esa fecha no tendrían acceso a algunos de los procesos de auditorías previstos en el cronograma electoral, hasta las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre[10]. Estas limitaciones suponen una mayor amenaza contra el derecho a la información ya que se trata de un proceso automatizado, con criterios especializados de funcionamiento cuya comprensión no responde a esquemas sencillos o de amplio dominio público.

A esto se suman antecedentes de posturas institucionales del Consejo que normalizan el uso de las cadenas durante las campañas electorales al aseverar que “no le corresponde regular las cadenas en periodo electoral” a menos que están hagan un llamado al voto. Aun cuando en el pasado se ha incurrido de forma directa e indirecta en llamar al voto y hacer propaganda a favor del Gobierno, el CNE omite estas arbitrariedades[11].

Este ecosistema de impunidad naturaliza abusos de poder, confesados sin reparos por parte de altos funcionarios del Gobierno. La noche del 17 de noviembre en el programa “En contacto con Maduro” transmitido por el canal público VTV, el alcalde del municipio Libertador y jefe de campaña del PSUV, Jorge Rodríguez, señaló que “Independientemente de lo que está en el reglamento electoral nosotros podemos y debemos decir lo que pensamos…El Presidente no puede hacer campaña en TV, pero puede decir lo que piensa para desenmascarar a la derecha”[12].

El silencio del Poder Electoral revela la falta a su deber constitucional: brindar las condiciones idóneas para unas elecciones justas y equilibradas mediante el respeto de la ley de todas y todos sin excepciones ni ventajismos. Situación que en la práctica legitima la exclusión e inequidad, actitudes que socavan los principios básicos de una sociedad democrática y participativa.

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