Desequilibrios

El 28 de junio de 2012, en el marco de una reunión con los directivos de los medios de comunicación privados, la directiva del CNE, afirmó que no tenía potestad para regular las cadenas obligatorias de radio y televisión que sistemáticamente realiza el presidente candidato Hugo Chávez Frías. En esa misma reunión pedía equilibrio a los medios en la cobertura informativa para las campañas electorales de los distintos candidatos[1].

Las cadenas obligatorias de radio y televisión constituyen un mecanismo restrictivo de la libertad de expresión que se utiliza además para la descalificación del principal candidato de la oposición. Del mismo modo se utiliza la obligación que tienen la radio y televisión de transmitir mensajes gratuitos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos que claramente constituyen una violación a los principios de equidad que debe aplicarse en toda actividad electoral.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea a las elecciones presidenciales del año 2006  consideró que  “El recurso excesivo a varias formas de propaganda institucional (es decir, la publicidad pagada por una institución del Estado, como por ejemplo ministerios, empresas públicas o autoridades regionales o locales) jugó a favor de la campaña del presidente y candidato Hugo Chávez[2]. “ El problema no es nuevo y no puede considerarse que la publicidad gubernamental, incluyendo las cadenas obligatorias de radio y tv, sean ajenas al evento electoral.

Por otra parte, el debate en una sociedad democrática está intrínsecamente asociado al pluralismo que se expresa en los medios de comunicación y ello cobra una dimensión de mayor importancia en los contextos electorales. Los perfiles editoriales deben responder a las visiones que libremente las personas puedan adoptar, lo que resulta inadmisible es la coerción y cooptación para torcer esas perspectivas recurriendo a la violencia estatal institucionalizada o mecanismos de censura indirecta.

En una investigación adelantada por el gobierno nacional[3] y realizada con el concurso de distintas instancias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); las Oficinas de Información Regional (OIR) del Ministerio de Comunicación e Información (MINCI); la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), entre otros entes públicos, se puede construir un mapa de las tendencias editoriales de acuerdo a la perspectiva del partido de gobierno[4].

La elaboración de un mapa de los medios de comunicación con los recursos públicos, en coordinación y con aportes del partido de gobierno configura claramente un uso indebido de los recursos públicos. Por otra parte obliga a un seguimiento de posibles consecuencias que puede acarrear a medios calificados como opositores en la mencionada base de datos.

De acuerdo a esta base de dato que registra la perspectiva oficial y que cuenta con un acceso libre a la información oficial se establece que en Venezuela existen 1446[5] estaciones de radio, incluyendo las clandestinas[6], 193 canales de TV y 334 medios impresos. En el cuadro siguiente se detalla la suma de los medios de acuerdo a la categoría de tendencia que el partido y el gobierno catalogan como líneas editoriales. Las radios que se incluyen en el cuadro corresponden a las debidamente autorizadas. Las estaciones clandestinas mayoritariamente son ubicadas como aliadas. Ello guarda una relación directa con su vulnerabilidad jurídica y la estrategia de cooptación que se impulsa desde el Estado venezolano.

El 38,8% de los medios son considerados Aliados y un 13,2% Con Acercamiento. Ello implica que el 52 % de los medios del país tienen una relación próxima al candidato presidente y un 24,9% se identifica con el sector de la Oposición. De confirmarse estos datos, mediante una evaluación de contenido e impacto, el sector gubernamental cuenta con una ventaja relevante en el mapa de los medios, público y privados, en el país.

Estos datos reivindican la importancia de una regulación estricta de la publicidad gubernamental, incluyendo las cadenas obligatorias de radio y tv, los mensajes obligatorios de la ley ResorteMe, y otras modalidades de la propaganda gubernamental.  En un contexto de inequidad obviar la responsabilidad sobre la regulación de la propaganda gubernamental aumenta las condiciones ventajistas para el candidato que procura su reelección.

Por otra parte los medios públicos tienen una obligación de mayor grado que los medios privados en la tarea de construir un discurso equilibrado. En ese sentido, conviene recordar las recomendaciones que para este tipo de medio elaboraron conjuntamente el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, la Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) en su Declaración Conjunta Sobre Medios de Comunicación y Elecciones:

• Asegurarse de que el electorado reciba información sobre cuestiones electorales, como el rol de las elecciones en la democracia, la forma de ejercer su derecho de voto, los principales temas electorales y las posiciones en cuanto a políticas que sostienen los distintos partidos y candidatos que se disputan la elección.

• Normalmente, esto requiere formular preguntas a los distintos líderes y candidatos, así como organizar debates entre tales candidatos.
• Respetar normas estrictas que aseguren la imparcialidad y el equilibrio, en especial al informar sobre los partidos políticos gobernantes y las decisiones y los actos del gobierno durante un período de elecciones. Esto implica también brindar una cobertura igualitaria de los argumentos a favor de todas las partes durante un referéndum.
• Otorgar a todos los partidos y candidatos un acceso igualitario a los medios de comunicación para que transmitan sus mensajes directamente al público, ya sea en forma gratuita o a un costo subvencionado. El acceso igualitario equivale a un acceso justo y no discriminatorio concedido en función de criterios objetivos que midan el nivel de apoyo general e incluye otros factores como la oportunidad del acceso y los cargos a los cuales se quiere acceder.
• Asegurarse de que, las encuestas de opinión y los pronósticos electorales, se difundan con suficiente información para que el electorado comprenda adecuadamente su relevancia.[7]

La estructura institucional electoral debe fortalecer la equidad en las oportunidades para todos los candidatos. Ello implica obligar a los medios públicos al equilibrio, exhortar a los medios privados a que la practiquen y prohibir el uso de la propaganda gubernamental. Aplicar las medidas a medias o solo alguna de ellas contribuye a fortalecer las tendencias inequitativas y constituyen en sí mismas una injusticia.