DECLARACION DE SAN JOSE
Las abajo firmantes, organizaciones de la sociedad civil participando en la Reunión Preparatoria de América Latina y el Caribe para el Foro de Gobernanza de Internet (LACIGF) 2016, nos dirigimos a la comunidad de internet de América Latina para expresar nuestra preocupación por amenazas a la internet libre y abierta que emergen en la región y por la ausencia de compromiso de los gobiernos locales con la proteccion de los derechos humanos en la red y las garantías de acceso e inclusión digital.
El acceso a Internet es fundalmental para el ejercicio de derechos humanos, el desarrollo y el combate a las desigualdades. Cualquier política de inclusión digital debe tomar en cuenta la diversidad de género, raza, edad, idioma y culturas de las personas usuarias y promover el amplio y libre acceso a la información.
Recordamos también que los mismos derechos fundamentales que las personas disfrutan fuera de internet son aplicables en línea y los Estados deben garantizar su proteccion, en particular de la libertad de expresion y asociacion y de la privacidad.
En el último año hemos sido testigos de situaciones de bloqueo de aplicaciones de internet, de propuestas que limitan la neutralidad de red en diversos países y deintentos por parte de los estados de fragilizar la privacidad y seguridad de las personas a través de políticas de retención masiva de datos personales, el uso ilegal de herramientas de vigilancia como el software malicioso y propuestas que buscan vulnerar los sistemas de cifrado.
A pesar de identificar algunos avances en términos normativos –como el decreto de regulación del Marco Civil de la Internet, que profundiza la proteción de la neutralidad de red y de la privacidad en Brasil– en nuestros esfuerzos por monitorear la situacion en distintos países de la región, notamos que todavía hay peligrososdesafíos para los derechos fundamentales en línea.
Muchos países de la región han adquirido software y herramientas de vigilancia masiva ilegal. Esta tendencia es preocupante. Desde la sociedad civil rechazamos y denunciamos estas operaciones secretas. Instamos a la sociedad en general a rechazarlas y pedir por la transparencia de los Estados y empresas en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
En Brasil, más de 30 proyectos de ley proponen la alteración del Marco Civil da Internet amenazando los derechos conquistados con su aprobación después de un largo proceso de debates. Además, desde la Justicia se han tomado decisiones desproporcionadas de bloqueo de aplicaciones que afectan la liberdad de expresión de toda la población. Como reafirmo la Asamblea General de las Naciones Unidas [A/HRC/32/L.20], cualquier intento de bloquear o interrumpir el acceso o diseminación de informaciones en Internet consiste en una violación a los derechos humanos internacionales.
La presión ejercida por ese tipo de medidas punitivas busca debilitar sus sistemas de cifrado poniendo en riesgo la seguridad de todas las usuarias y usuarios de internet. Al mismo tiempo, existe un riesgo en que un proyecto de ley de protección de datos personales discutido con distintos sectores por cinco años sea sustituído por una ley que distorsiona su concepto y principios en favor de más abusos a la privacidad.
Adicionalmente, la proliferación de planes de franquicia de datos asociadas a prácticas de zero rating e interrupción del acceso a internet, así como el intento de lasempresas de reproducir ese modelo en la banda ancha fija representa serios retrocesos en los compromisos de universalización de la infraestructura de telecomunicaciones.
Finalmente, noticias publicadas en periodicos brasileños revelan la intención de cambiar la representación de la sociedad civil en el Comitê Gestor de Internet en Brasil (CGI.br), institución internacionalmente reconocida por su modelo multistakeholder de gobernanza de Internet. Las conquistas del Comitê y su abertura a la participación plural deben ser mantenidas y defendidas frente cualquier posible amenaza.
En Perú, el Decreto Legislativo 1182 se ha convertido en un instrumento de vigilancia estatal masiva que viola la privacidad de todos los peruanos. Con esta norma, la Policía Nacional puede acceder sin orden judicial a la ubicación de cualquier usuario de celulares. También ordena a las empresas a guardar los datos de tráfico de todas las comunicaciones del país por hasta tres años. Esto convierte a nuestros teléfonos celulares y computadoras en aparatos de monitoreo de nuestras comunicaciones, hábitos y desplazamientos. Esta ley nunca se debatió en el Congreso y desde su publicación en julio de 2015, viene aplicándose en secreto y sin controles. Inocentes, culpables, políticos, dirigentes sociales, artistas, usuarios de internet y cualquier nacional o extranjero que use un teléfono o una computadora en Perú quedan bajo el espectro de aplicación de esta norma. Demandamos un marco legal transparente, que proteja nuestros derechos y garantías, y que aplique este tipo de medidas en un contexto de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
En Paraguay, el Senado ha aprobado recientemente el proyecto de ley “De protección de los niños, niñas y adolescentes contra contenidos nocivos en internet”, que busca regular las redes de acceso público a la red -como plazas, cibercafés y restaurantes- obligándolos a instalar filtros de bloqueo de “contenidos nocivos” para los menores. Si bien el proyecto de ley persigue un objetivo legítimo, presenta problemas técnicos, legales y de proporcionalidad, adopta un enfoque pesimista de la tecnología, subestima el rol de internet en el ejercicio de los derechos fundamentales y posterga la urgente discusión sobre la red, su potencial y sus peligros, en el sistema educacional paraguayo.
De la misma manera, hacemos nuestra la preocupación de la sociedad civil mexicana de cara al Foro para la Gobernanza de Internet que tendrá lugar en Guadalajara en diciembre de este año, por la falta de representación de este sector en el proceso de organización, lo que perjudica la idea de diálogo multisectorial que subyace en este foro.
Para concluir, también deseamos reafirmar la plena vigencia de la declaración “Retos para la gobernanza de Internet en Latinoamérica”, firmada en el 2015(1) y reiterar los principios fundamentales que, en nuestra consideración, permitirán el desarrollo de internet en nuestra región de una manera respetuosa de los derechos humanos. Entre ellos, volvemos a destacar la necesidad de políticas de acceso irrestricto, asequible y de calidad a la totalidad de la internet abierta, la prioridad de asegurar la protección de la privacidad de las personas usuarias, la necesidad del fortalecimiento de la libertad de expresión en internet y el fortalecimiento del derecho al acceso a la cultura y el conocimiento. También recordamos la importancia de la protección de la neutralidad, las políticas de ciberseguridad respetuosa de los derechos humanos y el compromiso con los procesos participativos de la gobernanza de internet.
En defensa de una internet libre, con visión de género, accesible para todas las personas, y respetuosa de los derechos humanos.
Firmantes:
Acceso Libre (Venezuela)
Access Now Latinoamérica
Article 19 (Mexico y Centroamérica)
Asociacion por los Derechos Civiles (Argentina)
Casa da Cultura Digital Porto Alegre (Brasil)
Centro de Estudios Constitucionales y de Derechos Humanos de Rosario (Argentina)
Coding Rights (Brasil)
Derechos Digitales (Latinoamérica)
Enjambre Digital (Mexico)
Espacio Público (Venezuela)
Fundación Acceso (Costa Rica)
Fundación Datos Protegidos (Chile)
Hiperderecho (Perú)
IBIDEM (Brasil)
Instituto NUPEF (Brasil)
Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social (Brasil)
IPANDETEC (Panamá)
Ipys (Venezuela)
PROTESTE (Brasil)
SocialTic (Mexico)
SonTusDatos (Mexico)
Sula Batsú (Costa Rica)
Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital (Mexico)
TEDIC (Paraguay)
Usuarios Digitales (Ecuador)
VE Inteligente (Venezuela)
