Organizaciones nacionales, internacionales y diversos Estados de la región han expresado su profunda preocupación ante la ruptura del orden constitucional en Venezuela tras la sentencia N° 155 y 156 del TSJ, conocidas el 28 y 29 de marzo respectivamente, mediante las cuales su Sala Constitucional asume todas las competencias de la Asamblea Nacional o las delega a quien ella decida, lo que implica de facto la disolución del parlamento.
Más de 60 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional expresaron su rechazo conjunto ante las implicaciones de la inestabilidad institucional en una mayor vulneración de las garantías de los derechos fundamentales. “Hacemos un llamado al Tribunal Supremo de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional a cesar en el desconocimiento de la Constitución (…) las cuales permiten la aplicación de medidas y acciones que socavan el hilo constitucional y rompen el orden democrático en Venezuela, y reafirman la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela consolidando un régimen Dictatorial”
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) declaró que el fallo es “contrario al espíritu de la Carta Democrática Interamericana que consagra expresamente en el artículo 3 como elementos fundamentales de la democracia representativa, entre otros, “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, […] y la separación e independencia de los poderes públicos”.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), señaló que “por la experiencia vivida en el Perú, conocemos suficientemente que situaciones de esta naturaleza conducen a la quiebra de los sistemas democráticos y restringen el ejercicio de los derechos y libertades de las personas.”
El Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (Cels) repudió “el golpe institucional” lo que significa “un grave retroceso para las democracias de la región”.
Organizaciones internacionales reaccionan
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció un auto-golpe de Estado contra la Asamblea Nacional, legitimado por el voto popular. “La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo”, nuestros opresores, y son nuestros opresores porque la libertad de los pueblos es la esencia misma de nuestra libertad, sólo por serlo forman el objeto de nuestra lucha.
Almagro calificó como urgente la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática y constató que se ha llegado a este punto a pesar de las advertencias formuladas en los informes del 30 de mayo de 2016 y 14 de marzo de 2017.
La Unión Europea, de la voz de su alta representante para asuntos exteriores recordó que “el pleno respeto de la Constitución, los principios democráticos, el Estado de Derecho y la separación de poderes son cruciales para que el país pueda lograr una salida pacífica ante la difícil situación actual” además de resaltar la importancia de “establecer un calendario electoral claro y respetar a la Asamblea Nacional y a todos sus miembros, según lo previsto en la Constitución.”
“Exhorto firmemente a la Corte Suprema (TSJ) a que reconsidere su decisión. La separación de poderes es fundamental para que funcione la democracia, así como el mantener los espacios democráticos abiertos es esencial para asegurar que los derechos humanos estén protegidos”, señaló Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
América Latina y Europa en alerta
Gobiernos de la región han manifestado su preocupación, dos de ellos, Colombia y Chile, llamaron a consulta a sus embajadores, mientras que Perú retiró a su representante diplomático.
Panamá, Argentina, Estados Unidos, Brasil y México condenaron la ruptura del orden diplomático, rechazaron la no división de poderes como condición sustancial de la estabilidad democrática, además de considerar que tal situación amerita la urgente consulta para definir acciones conjuntas en consecuencia.
Los países miembros de Mercosur convocaron a reunión urgente sobre la “grave situación institucional” de Venezuela, además de reiterar el apoyo del bloque a los principios del Estado de Derecho.
El gobierno alemán llamó al Gobierno venezolano a “regresar urgentemente a estructuras democráticas” y acusó al presidente Maduro, de convertir a la población en “rehén de sus propias ambiciones”, mientras que Rusia señaló a través de su ministra de Exteriores, María Zajárova, que “cualquier decisión de los órganos del poder, de las fuerzas políticas y sociales, debe estar basada en la Constitución del país”.
Fuentes:
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Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, 30 de marzo de 2017, El Perú condena la ruptura del orden democrático en Venezuela. Recuperado el 31/03/2017 en https://goo.gl/TNie96
Infobae, 30 de marzo de 2017, Crece la condena mundial al golpe de Estado de Nicolás Maduro en Venezuela. Recuperado el 31/03/2017 en https://goo.gl/XBRerf
