Espacio Público rechaza las agresiones contra la prensa en el TSJ

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Mientras se realizaban manifestaciones en contra de las sentencias 155 y 156 varios periodistas de distintos medios de comunicación fueron agredidos y atacados en las afueras de las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia en la avenida Baralt, en la ciudad de Caracas, el 31 de marzo.

Fueron agredidos el periodista Andry Rincón, de VivoPlay, quien fue golpeado, detenido arbitrariamente y sus equipos fueron rotos; Zuhé Rodríguez y Oscar Graterol de Globovisión, quienes fueron agredidos y sus equipos fueron robados; y Elyangélica González quien fue igualmente agredida.

Es necesario dejar claro que el ejercicio del periodismo constituye también el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión, derecho consagrado tanto en nuestra Constitución Nacional así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De igual forma tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido enfáticas en señalar que la Libertad de expresión constituye una piedra angular en la existencia de una sociedad democrática.

Este derecho es indispensable para la formación de la opinión pública y por ende, una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Esto se garantiza el artículo 338 de la Constitución Nacional el cual establece que el derecho a la información es una de las garantías que no puede ser restringida ni siquiera mientras exista un estado de excepción constitucionalmente declarado.

Desde Espacio Público rechazamos estas acciones represivas realizada por los cuerpos de seguridad del Estado, constituyen un atentado contra los derechos a la integridad de estas personas, contra el derecho a la libertad de expresión y el derecho que tienen todos los venezolanos de ser informados.

Exigimos al Ministerio Público que proceda a abrir las investigaciones correspondientes y sancione a los responsables de dichos actos a la brevedad posible, que permita alcanzar justicia, verdad y reparación en estos hechos. Al mismo tiempo vencer la impunidad y sentar un precedente que ayude a evitar mayores agresiones contra la prensa y el derecho a la información de la sociedad venezolana.

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