En el marco de un debate caluroso en el que Bolivia, Venezuela y Nicaragua calificaron la actividad como un “golpe institucional” a la Organización al no ser presidida por el embajador de Bolivia quien, en principio, había suspendido la actividad por su afinidad con el gobierno Venezolano, en horas de la tarde del lunes 3 de abril se realizó el Consejo Permanente de la OEA solicitado por veinte países miembros debido a los últimos sucesos en Venezuela.
Fue Honduras quien asumió la presidencia pro tempore para hacer posible la actividad en la que se presentaría una resolución frente a la crisis venezolana que tuvo un punto crítico para la comunidad internacional cuando el Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencias 155 y 156 que anularon la inmunidad parlamentaria a diputados de la oposición y transfirieron competencias de la Asamblea Nacional a la Sala Constitucional.
El embajador de Venezuela se retiró de la reunión antes de que se tomaran decisiones, insistiendo en la injerencia y en la ilegitimidad del Consejo, sin embargo esto no fue motivo para fuese aprobada por aclamación la resolución en la que los países firmantes reiteraron los principios y mecanismos establecidos por la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana para el fortalecimiento y promoción de la democracia.
La resolución declaró que la decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que suspendieron las competencias de la Asamblea Nacional “son incompatibles con la práctica democrática y son una violación del orden constitucional” de Venezuela, y resolvió instar al Gobierno de Venezuela a garantizar la separación de poderes y el respeto a las competencias de la AN y el reconocimiento de sus parlamentarios; asumir medidas que permitan la restitución del orden democrático e “implementar mecanismos interamericanos adicionales establecidos para la preservación de la democracia”.
