El Comité de Derechos Humanos ha registrado la petición realizada por Espacio Público por el caso de las irregularidades en la compra de medicinas a Cuba en 2011 y le da al Estado venezolano seis meses para que responda la demanda realizada por la organización.
Dicha irregularidades las realizaba tanto el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) como el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR).
En el Informe Anual de Gestión 2011, la Contraloría General de la República reiteró la existencia de irregularidades con medicamentos, los cuales se encontraron vencidos entre 1 y 6 años en dependencias de los centros de salud, sin la debida seguridad e identificación.
De acuerdo al artículo 97 del Reglamento del Comité un relator especial designado pedirá al Estado venezolano que presente por escrito una respuesta a la comunicación. Dentro del plazo de seis meses, el Estado deberá presentar por escrito al Comité explicaciones u observaciones relativas tanto a la admisibilidad como al fondo de la comunicación, así como a toda medida correctiva que se haya adoptado en relación con el asunto, a menos que el Comité, el grupo de trabajo o el relator especial hayan decidido, a causa del carácter excepcional del asunto, solicitar una respuesta escrita que se refiera solamente a la cuestión de la admisibilidad.
