Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron el viernes 12 de julio al periodista Wilmer Valentino Quintana García, luego de que el Juzgado Tercero de Control del Estado Guárico emitiera una orden de captura por la presunta“promoción o incitación al odio” por denunciar actos de corrupción en el estado Guárico.
La orden de aprehensión establece que los afectados por las denuncias realizadas por Quintana son el gobernador del estado, José Manuel Vasquez Aranguren y el presidente de la empresa Alimentos Guárico (Alguarisa) Emilio Avila y que el periodista violentó la inconstitucional “ley” contra el Odio al denunciar actos de corrupción en el manejo y distribución de las bolsas de Clap y las fallas en el suministro de gas doméstico.
Quintana estuvo vinculado con la gestión del alcalde psuvista, Gustavo Méndez, fue director del semanario “La Verdad” y conductor del programa transmitido por la tv regional “En Portada”.
La detención arbitraria de Quintana se une a la de Karen Palacios, clarinetista del Sistema Nacional de Orquestas, quien fue excarcelada la noche del martes 16 de julio, luego de que el fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, asegurara que sería “puesta en libertad”.
Todo el proceso legal al que fue sometida Karen fue arbitrario y lleno de irregularidades, se le juzga por el delito de instigación pública porque utilizó las redes sociales para expresar su descontento con la Orquesta Filarmónica Nacional cuando rechazaron su contrato por su posición política en contra de Nicolás Maduro. Cuatro tweets explicando la situación a la que fue expuesta bastaron para que el 1º de junio llegaran a su casa varios funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y con la excusa de llevarla a una entrevista la sometieran seis horas después a permanecer detenida 46 días a pesar de tener una boleta de excarcelación.
El derecho penal no puede regular los debates sobre funcionarios públicos
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señala que el uso del derecho penal por funcionarios públicos como una herramienta de criminalización de la crítica es una práctica abiertamente contraria a los principios y estándares en materia de libertad de expresión, en particular, cuando la criminalización es producto de la manipulación del poder punitivo, judicial o coercitivo del Estado para controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
De acuerdo a los patrones descritos, Venezuela es uno de los casos en los que persiste la existencia de normas penales que continúan sin adecuarse a los estándares interamericanos en materia de protección a la libertad de expresión.
La reforma del Código Penal en 2005 mantuvo y aumentó los años de prisión por los delitos de difamación e injuria contra funcionarios públicos, a fin de protegerlos de la crítica mediante la condena del libre discurso y la contraloría social. Esto facilita el manejo discrecional y arbitrario de los recursos públicos, dando paso a la corrupción e impunidad. Tal como lo plantea la RELE, sancionar el discurso sobre funcionarios o asuntos de interés público, así como de otras figuras penales que permiten la imposición de medidas desproporcionadas, tienen un efecto silenciador incompatible con una sociedad democrática.
