Al cierre de agosto registramos 32 casos que dan cuenta de 109 violaciones a la libertad de expresión. En el octavo mes del año la intimidación y las detenciones fueron los tipos de violaciones más frecuentes.
La mayoría de las víctimas fueron periodistas (49%) y particulares (40%), seguidos por plataformas web (4%); mientras que los principales responsables de las vulneraciones al derecho fueron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y desconodidos.
En lo que va de año se acumulan 794 violaciones al derecho, entre las que destacan las detenciones a periodistas y ciudadanos que buscan difundir información sobre la escasez de la gasolina y las dificultades asociadas su abastecimiento.
De enero a agosto de 2020 hemos documentamos 135 detenciones, las víctimas son en su mayoría periodistas, trabajadores de la prensa y ciudadanos comunes.
Intimidan y amenazan
La intimidación, agresión y amenaza son recursos que utilizan las estructuras de poder para limitar el ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir información. Actualmente el país no cuenta con mayores garantías para el goce pleno de este derecho por lo que la labor de trabajadores de los medios y ciudadanos supone un riesgo a su integridad.
El 4 de agosto sujetos de las denominadas cuadrillas de paz intimidaron al periodista Gabriel Labrador, quien trabaja en la emisora Giga 91.3 FM del estado Mérida. Mientras realizaba una entrevista al Alcalde de El Vigía se acercaron miembros de ese grupo y tomaron fotografías.
Situación similar vivió el equipo de Venezolanos por la Información (VPI) en el estado Falcón; quienes fueron grabados y fotografiados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras registraban una protesta del personal de enfermería del Hospital Alfredo Van Grieken.
Otro equipo de prensa del mismo canal, fue fotografiado por sujetos en una camioneta con las siglas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en San Juan de Los Morros, en Guárico.
También en Mérida, un sujeto no identificado fotografió a los corresponsales de este canal digital, mientras entrevistaban a productores que tenían una semana en cola intentando abastecerse de gasolina.
En otro hecho, ocurrido esta vez en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, el personal de prensa de VPI tuvo dificultades para dar cobertura al robo de equipos electrónicos en la Facultad de Humanidades y Educación.
La reportera Andrea Espinoza narró que cuando iba a comenzar a hacer un recorrido por la facultad, junto a un camarógrafo, un asistente de cámara y un grupo de estudiantes, la jefa de seguridad impidió el acceso a la prensa. Más tarde les permitió el paso, después de una mediación de los estudiantes y publicaciones en Twitter sobre lo que estaba ocurriendo.
El 26 de agosto en Trujillo, dos funcionarios de la GNB hostigaron al equipo del Diario el Tiempo mientras hacían un recorrido por estaciones de servicio. Los militares le quitaron el celular a la periodista, los amenazaron con meterlos presos y borraron todo el material que daba cuenta de la situación en la estación El Bolo. El medio andino reporta diariamente sobre la situación de la gasolina en la entidad.
El 30 de agosto, en la capital del estado Barinas un sujeto no identificado intimidó al equipo reporteril de TV Calle Barinas, mientras entrevistaban a varias personas que protestaban por la falta de gasolina en la estación de servicio El Caney. El individuo se acercó al reportero Pedro Larez, le tomó una foto de frente y otra de perfil.
“De verdad nunca había sentido ese temor. Fue como ‘mira aquí estamos nosotros y te tomamos la foto’. Me asusté mucho y de inmediato salimos de allí” contó Larez a Espacio Público.
Detienen a periodistas y ciudadanos
A Deivis Pacheco lo detuvieron el 3 de agosto en su residencia, por difundir un vídeo en el que se observan a varios bomberos empujando un carro de rescate que se había quedado sin gasolina en Valera, estado Trujillo.
Pacheco permaneció en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), hasta el 5 de agosto, cuando fue presentado ante el Tribunal Único de Control que lo excarceló con régimen de presentación cada 15 días durante dos meses, con prohibición de salida del estado y de grabar contenido audiovisual referente a los bomberos.
Al día siguiente funcionarios de la GNB detuvieron a la periodista del Diario El Tiempo, Francismar Rivas, mientras entrevistaba a conductores y tomaba fotografías en la estación de servicio Guaraguao, en Puerto La Cruz estado Anzoátegui. Los efectivos la acusaban de estar haciendo algo ilegal, y la dejaron ir cuando representantes del periódico mediaron.
En el estado Nueva Esparta, seis personas fueron detenidas el 13 de agosto por protestar ante la falta de combustible, cerca de una estación de servicio en Porlamar. el El 15 de agosto presentaron a los cinco hombres y la mujer ante Tribunales, y les dictaron privativa de libertad.
A la fecha continúan recluidos en la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales de la entidad, les imputaron 4 delitos, entre ellos el de terrorismo. Protestar es un derecho legítimo protegido por la constitución, no es un delito.
De la misma forma y por el mismo motivo, detuvieron a 13 ciudadanos el 26 de agosto en Tinaquillo, estado Cojedes, mientras protestaban exigiendo la venta de combustible en una estación de servicio.
Funcionarios de la GNB los trasladaron al destacamento municipal de la entidad, donde recibieron tratos crueles e inhumanos, según explicó Gabriel Aranguren, abogado defensor. Casi doce horas después, los excarcelaron pero les retuvieron sus vehículos y les dieron la orden de presentarse ante el Ministerio Público el día 28 de agosto.
Tres asesinatos solo este mes
El viernes 21 de agosto asesinaron a Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres en la sede de La Guacamaya TV, presuntamente en un operativo de las FAES en la Costa Oriental del Lago, en el estado Zulia.
Víctor Torres, dueño del canal y padre de una de las víctimas, desmintió la versión del cuerpo de seguridad y explicó que la información divulgada por las FAES es falsa. Andrés Nieves era activista político del PSUV y brigadista de Somos Venezuela. Recibió dos impactos de bala en el pecho.
En el hecho, los efectivos sustrajeron los equipos del canal, según informó el periodista Frank Rodríguez en redes sociales.
También asesinaron a José Carmelo Bislik, quien era profesor, locutor, y dirigente del PSUV y había hecho varias denuncias respecto al tráfico de combustible, drogas, trata de personas, extorsión y corrupción en Güiria, a través de su programa radial en la emisora Omega 94.1 FM. El 17 de agosto en horas de la noche cuatro personas armadas llegaron a la vivienda de Bislik y se lo llevaron a la fuerza, según publicó un medio digital.
Estos tres asesinatos alertan por su gravedad, desde Espacio Público enviamos nuestras condolencias a los familiares y exigimos al Estado que se realicen investigaciones imparciales e independientes que den con los responsables de los hechos, para que sean procesados. Estas muertes no pueden permanecer impunes.
Agreden y hostigan
El 7 de agosto en el estado Carabobo, un funcionario de la Policía Municipal de Naguanagua le arrancó el teléfono a Rosimar Sánchez, periodista del diario El Carabobeño, cuando entrevistaba a varios conductores que tenían cuatro días en cola para abastecer de combustible en estación de servicio Naguanagua.
En Caracas, un funcionario de la GNB también agredió a un ciudadano que hizo un vídeo mientras el efectivo recogía las cédulas a quienes esperaban abastecerse de gasolina en una estación de servicio en Catia, el 8 de agosto.
El periodista Rayber Alvarado registró lo sucedido y relató: “lo agarraron, lo golpearon en la cabeza, en la barriga; le quitaron el teléfono y lo metieron en una patrulla”. Posteriormente, los efectivos amenazaron al resto de los conductores si empezaban a tomar fotografías o grabar, no serían atendidos para llenar los tanques de sus vehículos con combustible.
Las violaciones a la libertad de expresión contra infociudadanos continuaron en Maracaibo, estado Zulia. Funcionarios de la PNB y de PoliMaracaibo les quitaron los teléfonos celulares a siete personas mientras tomaban fotos y vídeos a un señor que se desplomó en la vía pública por un percance de salud el 7 de agosto.
Grabar y tomar fotografías en la vía pública es un acto legítimo, protegido por la Constitución Nacional en los artículos 57 y 58. Cualquier persona puede registrar lo que ocurre sin necesidad de tener algún permiso, la libertad de expresión es un derecho que implica la posibilidad de buscar, recibir y difundir información sin temor a represalias.
Para que exista democracia tiene que respetarse este derecho fundamental, que permite a la ciudadanía quejarse sobre lo que está mal, exigir sus derechos, y tomar decisiones informadas. Sin embargo, funcionarios y cuerpos de seguridad siguen siendo quienes violan con más frecuencia el derecho a la libertad de expresión.
