Espacio Público presenta la agenda para una polìtica pública 2013-2019 en materia de Libertad de Expresión y Derecho a la Información. Diez aspectos claves para garantizar este derecho humano en Venezuela.
1. Garantizar legal y efectivamente el derecho de acceso a la información pública
- Promover la creación de Leyes y Ordenanzas de Transparencia y Acceso a la Información Pública a nivel nacional, estatal y municipal;
- Eliminar la atribución del Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA) que faculta a su presidente para declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada cualquier información;
- Adecuar la Normativa de Clasificación y Tratamiento de la Información en la Administración Pública de manera que promueva la transparencia de información y elimine la censura a los funcionarios para que informen sobre los asuntos de su competencia;
- Promover la reforma de las disposiciones legislativas de opacidad tales como el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional; Ley de Costos y Precios Justos; Ley Orgánica del Poder Ciudadano; etc.
- Fomentar una cultura de transparencia en la administración pública, promoviendo la rendición de cuentas; la publicación de información e informes periódicos por parte de cada organismo, con información completa y detallada; la creación de portales web con información amplia; y respondiendo oportuna y adecuadamente a las peticiones de información que se realicen;
- Sancionar a los funcionarios y funcionarias que obstaculicen o nieguen el derecho a las personas solicitantes;
- Garantizar que todos los periodistas y medios de comunicación puedan ingresar a las ruedas de prensa oficiales; lugares de fuentes de información tales como Asamblea Nacional, TSJ, CICPC, Ministerios y al Palacio de Miraflores;
2.- Garantizar que los medios públicos promuevan la pluralidad de opinión e información y que estén al servicio del universo de la sociedad venezolana.
1. Promover una ley que regule los medios públicos y que asegure su independencia del gobierno y pluralidad informativa;
2. Garantizar que los medios públicos tengan un presupuesto autónomo y que no dependa de la discrecionalidad del poder ejecutivo;
3. Asegurar que los directivos de los medios públicos sean personas que puedan actuar con independencia en el ejercicio de sus funciones y orientados al servicio público;
4. Garantizar el derecho a la libre sindicalización de los trabajadores de la Red Nacional de Medios Públicos.
3 Evitar la realización de las cadenas de radio y televisión y establecer que su uso sólo podrá hacerse de manera excepcional, es decir en aquellos casos que este mecanismo sea el único que permita informar sobre temas relativos a la salud, orden público o seguridad de la nación.
1. Eliminar el uso de cadenas obligatorias de radio y televisión, y limitar su uso a las excepcionalidaes contempladas en el derecho internacional de los derechos humanos para las restricciones legitimas a la libertad de expresión.
2. Promover mecanismos transparentes para la el uso del tiempo establecido en la Ley de Responsabilidad en Radio y TV y Medios electrócnicos para los mensajes de servicio público. Debe permitirse su uso a la diversidad de organizaciones de la sociedad organizada.
3. Promover el uso de ruedas de prensa, publicidad y los medios públicos como mecanismos naturales para la comunicación de los actos de gobierno
4 Garantizar el acceso universal y de calidad a internet.
1. Desarrollar políticas públicas que fortalezcan las capacidades de las personas para el uso de las nuevas tecnologías y sus potencialidades comunicativas.
2. Impulsar una política pública que posibiliten el acceso universal a internet con las mayor velocidad al menor precio.
3. Promover la formación en el uso de los medios digitales para impulsar su uso responsable y libre.
5 Garantizar la independencia e imparcialidad en la administración de espectro radioelectrico basados en estandares que las coloquen al servicio de toda la sociedad.
1. Velar porque Conatel, como instancia reguladora de las telecomunicaciones y la responsabilidad social en las mismas, tenga independencia e imparcialidad de cualquier tendencia política, económica y de los poderes públicos, así como efectividad en su gestión y procesos;
2. La operación de frecuencias de radio y televisión debe asignarse orientada por criterios democráticos y procedimientos preestablecidos, públicos y transparentes, que sirvan de freno a la posible arbitrariedad del Estado y que garanticen condiciones de igualdad de oportunidades para todas las personas y sectores interesados.
3. Proponer una reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos en la que se adecuen a los estándares internacionales de derechos humanos, con una descripción adecuada de los hechos susceptibles de sanción así como proporcionalidad de las sanciones;
4. Proponer una reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de tal manera que se garanticen el mantenimiento de las licencias de transmisión otorgadas independientemente de las opiniones e ideas que se expresen en las mismas;
5. Garantizar que los entes reguladores interpreten las leyes en todo momento de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos;
6. Revisar los procedimientos aplicados contra estaciones de radio y tv que conllevaron al cierre de estos medios de comunicación para ponderar si ocurrieron en el marco de procesos discriminatorios por su perspectiva editorial o crítica a la gestión gubernamental. Resarcir la frecuencias en los casos que evidencie esta practica discriminatoria.
6 Desarrollar medios comunitarios como medios públicos de gestión privada y sin fines de lucro
1. Desarrollar una política pública orientada a garantizar la reserva del espectro radioelectrico y acceso equitativo a las frecuencias para estacios de radio y tv comunitarias, educativas, participativas, rurales, interactivas, alternativas y ciudadanas.
2. Ajustar los requerimientos necesarios para el otorgamiento de titulos para la operación de frecuencias para evitar cualquier consideración política discriminatoria basadas en las ideas políticas o religiosas o de cualquier otro orden, de la persona que solicita la licencia.
3. Desarrollar una política de financiamiento público para los medios comunitarios basados en la promoción de la participación plural de las audiencias, el desarrollo de estrategias de comunicación con perspectiva educativa y realización de campañas de servicio público sobre temas de interés para la sociedad.
4. Eliminar normas discriminatorias relativas a cobertura, potencia y otras que existen en los procedimientos para concesión de frecuencias de radio y tv.
7 Distribuir las pautas de publicidad oficial sin discriminación arbitraria
1. Asegurar que la publicidad oficial se distribuya de manera equitativa a los diferentes medios de comunicación independientemente de su tendencia política o de cualquier otra índole. Debe establecerse una política de transparencia en la distribución de estos recursos.
2. Promover una ley que regule y controle la publicidad gubernamental en materia de prensa, radio y televisión con el fin de establecer directrices claras para la distribución de la publicidad oficial que siga una administración justa de los fondos destinados a la publicidad;
3. Reconsiderar decisiones administrativas y políticas de Conatel que han afectado la libertad de expresión e información tales como sanciones a medios de comunicación y eliminación de concesiones de frecuencia radioeléctrica.
8 Garantizar la seguridad y la protección de los periodistas y las personas en las manifestaciones públicas, eliminando la criminalización de la protesta.
1. Crear un programa de protección de periodistas y personas en manifestaciones públicas, que incluya la educación de la sociedad para canalizar la protesta pacífica y resguardo policial adecuado y suficiente;
2. Reducir las zonas de seguridad en las cuales se prohibe la realización de manifestaciones públicas a lo estrictamente necesario;
3. Promover una ley sobre normas de orden público que incluya estándares internacionales de derechos humanos sobre medidas y acciones de orden público que contemple las siguientes medidas: prohibición del uso de armas de fuego en el control de manifestaciones; prohibición del uso de gases tóxicos, uso de la fuerza pública en caso de ser estrictamente necesario; establecer responsabilidades penales y administrativas a aquellos funcionarios que incurran en un uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifestaciones pacíficas; uso diferenciado y proporcional de la fuerza; trato igualitario a todos los sectores sociales y políticos interesados en manifestar de manera pacífica; y adopción de medidas adecuadas para evitar que terceros desarrollen acciones violentas contra quienes manifiesten.
9 Garantizar integridad de los periodistas. No más violencia contra los medios y comunicadores
1. Realizar pronunciamientos públicos en contra de los actos de violencia e intimidación;
2. Asegurar que los funcionarios públicos y funcionarias públicas se abstengan de realizar declaraciones que generen un ambiente de intimidación y hostigamiento que limite o inhiba el derecho a la libertad de expresión;
3. Promover que se investigue y sancione adecuadamente a quienes incurran en delitos que afecten a periodistas y ciudadanos en ejercicio de este derecho;
4. Crear un programa de protección de periodistas que incluya medidas especiales para aquellos que realizan investigaciones y cobertura de temas relacionados con corrupción y narcotráfico.
10 Proponer la adecuación de la legislación penal para eliminar los delitos de vilipendio y desacato.
1. Proponer una reforma del Código Penal para eliminar los articulos que penalizan las presuntas ofensas a los funcionarios con pena privativa de libertad;
2. Proponer una reforma del Código Orgánico de Justicia Militar para eliminar los artículos que castigan con penas privativas de libertad las presuntas ofensas a la Fuerza Armada Nacional.
