Hoy, 27 de mayo, se cumplen 15 años de la última transmisión de Radio Caracas Televisión (RCTV), un medio nacional de señal abierta fundado en 1953 y que formaba parte de la oferta de canales que estaban a disposición de los venezolanos.
El cierre se llevó a cabo con una sentencia sin juicio anunciada el 28 de diciembre de 2006 por el entonces presidente Hugo Chávez, quien desde su gobierno adelantó una persecución luego de que el canal dividiera su pantalla entre una cadena nacional de radio y televisión, y el tiroteo contra una manifestación pacífica de oposición que se dirigía a Miraflores el 11 de abril de 2002.
Desde lo ocurrido con RCTV, son 324 los medios de comunicación (radio, prensa, tv y portales informativos) que han sido igualmente cerrados. Actualmente, el Estado venezolano sigue en deuda con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con RCTV, sus empleados, y con toda la ciudadanía interesada en ver la programación de uno de los canales con más tradición en Venezuela.
En esta fecha, elevamos nuevamente la exigencia para que se cumpla lo sentenciado por la CorteIDH en su dictamen sobre el caso. El restablecimiento de la concesión de la frecuencia del espectro radioeléctrico al canal, así como también la devolución de los bienes incautados (transmisores, planta y repetidores), las cuales están en posesión de la Televisora Venezolana Social (TVES) que sustituyó la señal de RCTV poco después de la medianoche del 27 de mayo y pasó a ser otra vía para la divulgación de propaganda estatal, con una programación atada a los deseos del Ejecutivo.
Implicaciones del cierre de medios
El cierre del canal fue el primero de lo que es hoy una política estatal. Esta medida arbitraria movilizó a la ciudadanía de todo el país durante meses, luego del 27 de mayo de 2007, protestando y exigiendo la renovación de la concesión al canal.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dispuso, en su momento, que los equipos de transmisión de RCTV pasarían temporalmente al Estado para garantizar que la señal de la TVES llegara a todo el país.
Esta política que agudiza las restricciones vulnera los artículos 51, 57, 58 y 337 de la Constitución de la República, sobre las garantías a la libertad de expresión y la normativa internacional de Derechos Humanos. Todo cierre o restricción representa una violación a nuestros derechos.
En el artículo 13, numeral tres, de la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) se establece que el derecho de la libertad de expresión no puede ser restringido por medios indirectos, tales como “el abuso de controles oficiales o particulares”.
También está establecido en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que “la creación de obstáculos al libre flujo informativo” y las “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
El Estado venezolano vulnera el primer principio del derecho a la libertad de expresión, que establece que es en sí misma: en todas sus formas y manifestaciones, un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas y requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
Minimización del espacio informativo
El proyecto político chavista planteó en el año 2007 la necesidad de instaurar la “hegemonía comunicacional”. Declarado públicamente por el entonces exministro de Comunicación, Andrés Izarra, en entrevista concedida a la periodista Laura Weffer.
Izarra explicó que la “hegemonía comunicacional” consistía en que ellos como gobierno, tenían que hacer que “el pensamiento y los valores socialistas” predominaran “como valores sobre los del capitalismo” y que ese plan, a su vez, abarcaría varios ámbitos: integración de los sistemas de los medios públicos, articulación de esos medios públicos, creación de un sistema de medios comunitarios y alternativos. Es decir, medios con una misma línea editorial: la del Gobierno.
Sentencia a favor de RCTV
En septiembre de 2015 la CorteIDH sentenció a favor de RCTV y exigió el restablecimiento de su señal. El dictamen señaló que el Estado venezolano vulneró tres artículos establecidos en la Convención Americana:
- Art.1 Obligación a respetar los derechos
- Art. 13 Derecho a la libertad de pensamiento y expresión
- Art. 8 Derecho a las garantías judiciales
En ese sentido, la Corte IDH ordenó al Estado venezolano restablecer la concesión de la frecuencia del espectro radioeléctrico a RCTV y devolver los bienes objeto de las medidas cautelares.
Finalmente, la sentencia determinó que el Estado venezolano debía tomar las medidas necesarias con el propósito de garantizar que todos los procesos de asignación y renovación de concesiones de frecuencias de radio y televisión en el país, se realicen bajo un proceso abierto, independiente y de manera transparente.
RCTV – un castigo ejemplarizante
El cierre arbitrario del canal no solo significó una grave violación a la libertad de expresión, sino que también se cercenó el derecho al trabajo y a la población venezolana en su derecho a escoger sobre qué ver en el televisión.
Un día después del cierre, el entonces ministro de Comunicación e Información, William Lara anunció que el gobierno de Chávez demandaría a todos los medios privados que hablaran del caso de RCTV como un cierre y no como el fin de la concesión.
Hostigamientos constantes
El registro realizado por Espacio Público desde el año 2003 revela que al menos unas 206 emisoras de radio, 87 periódicos impresos, 19 canales de televisión y 12 portales digitales de información han sido cerrados.
Esto implica menos espacios para saber lo que está pasando, supone no contar con información suficiente para tomar decisiones, tener menos oportunidades y espacios para expresarnos, denunciar o reclamar. Esto vulnera nuestro derecho a saber y a decir, lo que es especialmente grave en un escenario de crisis social, económica y política, donde demandar -y tener medios para hacerlo- es necesario.
El Estado venezolano utiliza sus instituciones, para llevar adelante procesos arbitrarios en contra de los medios independientes. En el caso de las radios y televisoras la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se convierte en el principal victimario con sus medidas restrictivas, el manejo discrecional de las concesiones y los constantes “exhortos” destinados a estimular la censura y la autocensura como mecanismo de “protección”.
Los medios son espacios necesarios
La TV nacional es un medio masivo que llega a la mayor cantidad de venezolanos, la debilitada oferta resulta lamentable especialmente para las personas con menos recursos, pues son quienes no pueden costear un servicio de televisión por suscripción.
El cierre de un medio de comunicación favorece la consolidación del discurso único que durante tanto tiempo impone el Estado venezolano porque restringe los espacios del debate público sobre la actuación de las autoridades venezolanas y, a su vez, debilita el proceso de contraloría social.
Estos espacios son medios para que la ciudadanía se informe, se entretenga y se eduque por lo que su existencia es vital para el desarrollo.
¡Nos negamos a acostumbrarnos!
Durante todos estos años hemos estado sujetos a infinitos controles y la libertad es un bien cuyo cuidado nos cuesta mucho esfuerzo diario. En el contexto de las sociedades democráticas, los medios representan una de las más importantes manifestaciones de la libertad de expresión e información. Los medios mantienen informada a la sociedad sobre lo que ocurre y ofrecen espacio a las distintas interpretaciones que dan lugar al debate público para que sea fuerte, plural e informado.
Los estándares interamericanos establecen que la libertad de expresión es una condición esencial para que la sociedad esté suficientemente informada; que la máxima posibilidad de información es un requisito del bien común, y es el pleno ejercicio de la libertad de información el que garantiza tal circulación máxima. La libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información y del respeto a los medios de comunicación.
En Venezuela, esas mínimas garantías establecidas por la jurisprudencia no están dadas.
Los medios de comunicación y la ciudadanía resisten y buscan alternativas para producir y ubicar información, a pesar de las limitaciones, que recrudecen a medida que pasa el tiempo. Lo fundamental es comprender el rol de los medios en las sociedades democráticas, saber que cuando silencian uno, nos limitan las opciones a todas las personas y con ello se va la posibilidad de debatir, exponer, protestar, alzar la voz ante cualquier arbitrariedad.
El silencio no es una opción.
