ONU aprueba renovación de mandato de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela

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Con 19 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó1 la renovación por dos años el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos que investiga violaciones a los DD. HH. y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde 2014.

En la resolución aprobada, el Consejo expresó su preocupación “por los continuos informes de restricciones del espacio cívico y democrático, que incluyen casos de detención arbitraria, actos de intimidación y represalias, difamación pública de manifestantes, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, abogados, defensores de los derechos humanos y otros interesados de la sociedad civil”.

El Consejo de Derechos Humanos condenó las vulneraciones y transgresiones del derecho internacional en materia de derechos humanos que, según documentó la Misión, “pueden constituir crímenes de lesa humanidad”, e instó al Estado venezolano a que “aplique de forma plena e inmediata” las recomendaciones hechas por la Misión y por la Alta Comisionada para los DD. HH. en sus recientes informes. 

El órgano de la ONU, por ende, decidió “prorrogar el mandato de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, como se establece en la resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos, por un período de dos años”.

La resolución para renovar el mandato de la Misión, introducida por Brasil, Canadá, Chile, Guatemala y Ecuador, contó con el apoyo de un total de 48 países miembros de la ONU. En la sesión del Consejo de Derechos Humanos, fue aprobada por 19 países: Brasil, República Checa, Finlandia, Francia, Gambia, Alemania, Japón, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Islas Marshall, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Corea del Sur, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos de América. 

“Los motivos que llevaron a la activación y creación de mecanismos para monitorear a Venezuela se mantienen”, dijo en la sesión el representante de Paraguay, país que presentó el proyecto de resolución. Estados Unidos destacó que el reciente informe de la Misión “demostró los fallos en el sistema de justicia”.2

El Consejo de DD. HH. instó a las autoridades de Venezuela a cooperar “plenamente” con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos y con la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos con: acceso inmediato y sin restricciones a todo el país, a las víctimas y lugares de reclusión, e información necesaria para cumplir con sus mandatos. 

En el más reciente informe presentado por la Misión, tercero desde su creación en  2019, la FFM determinó y documentó actos de torturas y tratos degradantes contra personas detenidas en sitios de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

La Misión de la ONU también registró y evidenció prácticas ilegales de vigilancia y vulneración a la privacidad de periodistas, personas opositoras y defensoras de derechos humanos, así como violaciones sistemáticas en el Arco Minero del Orinoco, todo bajo la anuencia y complicidad de miembros del alto gobierno. 

El pasado 26 de septiembre, durante el diálogo interactivo del Consejo de DD. HH. donde se discutía el contenido del tercer informe de la Misión, Espacio Público reiteró que “la obtención de justicia real depende de la vigencia de los mecanismos complementarios” y que el registro que hace la Misión “permite establecer responsabilidades individuales” en la presunta comisión de violaciones y crímenes de lesa humanidad.

En concordancia con llamamientos anteriores e iniciativas de organizaciones de la sociedad civil, Espacio Público instó a renovar el mandato de los expertos independientes y celebra la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La renovación permitirá seguir investigando y documentando las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ejecutan el Estado venezolano y sus funcionarios como parte de una política restrictiva que lesiona el estado de derecho y el ejercicio de principios democráticos. 

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